Política y Economía
A pesar de la postura de Milei, los gobernadores buscan retomar el diálogo y quieren avanzar con un pacto fiscal
La Ley Ómnibus quedó trabada en un ajedrez político entre el gobierno nacional y las provincias que antes eran “aliadas” al presidente, Javier Milei. La sesión de ayer en el Congreso para debatir los artículos en particular voló por los aires cuando el oficialismo advirtió que no contaba con los votos para aprobar temas centrales de la normativa. La Casa Rosada lo consideró una traición. Los gobernadores se desmarcan de esa etiqueta y aseguran que colaboraron con el Poder Ejecutivo. El fiasco político de anoche dinamitó los puentes de diálogo entre ambas partes, cuya herida se había profundizado el 29 de enero, tras una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Con 38 diputados sobre 257 y ocho senadores sobre 72, el Presidente está en minoría y sin apoyo parlamentario de la oposición puede encaminarse a una “parálisis decisional”. Los gobernadores, que tienen ascendencia sobre un grupo de legisladores de las bancadas “dialoguistas”, conocen esa situación y hacen valer su poder de fuego. Desde el principio, tironearon para obtener una compensación por la pérdida en las recaudaciones provinciales que implicó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que había impulsado Sergio Massa en 2023.
Con el argumento de la meta del déficit cero, el Jefe de Estado se negó a modificar el capítulo fiscal de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Los 10 gobernadores agrupados en lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) y un grupo de mandatarios de provincias peronistas no kirchneristas se movieron concertadas para presionar a la Casa Rosada. Propusieron múltiples alternativas para recibir una compensación fiscal, que resarciera la pérdida por Ganancias, pero no hubo puntos de encuentro con el gobierno.
En la reunión de las provincias en el CFI con Guillermo Francos, ministro del Interior, surgió una batalla dialéctica que tensionó el vínculo político. Los gobernadores propusieron coparticipar un porcentaje del Impuesto PAÍS, contenido en la Ley Ómnibus, y asumieron que el funcionario había aceptado evaluar el tema. El Gobierno salió luego a desmentir siquiera que se haya hablado del tema en una reunión con 30 personas de testigo que confirmaban tal conversación. El diálogo nunca volvió a ser igual.
Con ese clima de crispación llegó el Gobierno a la sesión de ayer. Antes de reiniciar el debate en el recinto, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, reunió a los presidentes de los bloques “dialoguistas” en su despacho. Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, espetó al libertario para que Francos o Luis Caputo hablaran con los gobernadores para buscar un acuerdo político sobre los puntos más disputados.
Impuesto PAÍS, privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, facultades delegadas, entre otros, eran los puntos más cuestionados por los gobernadores. Mientras la sesión avanzaba en el pleno, desde la Casa Rosada improvisaron una serie de llamados unilaterales con las provincias. En un principio, los gobernadores deslizaron que había un “acuerdo” para sacar el Impuesto PAÍS de la Ley Ómnibus, discutirlo más adelante y apoyar el resto del articulado del proyecto.
La disputa por un pacto fiscal
Era el puntapié para discutir a partir de febrero-marzo un pacto fiscal. Sin embargo, el diálogo se partió en el medio. El oficialismo advirtió que un puñado de legisladores que responden a los gobernadores les habían “soltado la mano”. Al votar los incisos con la instrumentación de las facultades delegadas, varios puntos fueron rechazados. Especialmente, el párrafo que daba discrecionalidad al Ejecutivo sobre los fideicomisos que asignan recursos a las provincias.
Los fondos fiduciarios, que suman cerca de 30 en total, representan una caja multimillonaria con fondos para ejecutar obras y partidas para los estados federales. En los gobernadores hay cierto consenso en torno a que Milei pretende avanzar en un ajuste fiscal concentrado en recortes a las provincias, licuación de las jubilaciones y con recaudación de tributos a las importaciones (Impuesto PAÍS) y las exportaciones (retenciones).
Los mandatarios de JxC comprenden un grupo de dirigentes del PRO y la UCR que tienen incidencia sobre ambas bancadas en el Congreso y, en parte, sobre el bloque de Pichetto. Esa liga la integran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, (CABA), Nacho Torres, (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy). Por estas horas, ese grupo jura en privado que no traicionó a Milei.
“Salen a atacar diputados con una lista falsa. Los diputados de los gobernadores votaron a favor el 90% de los puntos en particular”, deslizó ante Infobae uno de los mandatarios de JxC. En cambio, en la Casa Rosada apuntaron al radicalismo, y por elevación a los jefes territoriales de ese partido, por la falta de respaldo en el parlamento.
El otro sector apuntado es el de los gobernadores que tienen ascendencia sobre los bloques de Innovación y también sobre una parte de Hacemos Coalición Federal. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Rolo Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro). De ese sector, el cordobés tiene influencia en cerca de 10 legisladores y, por el peso propio de su provincia, sobresale con un referente de la oposición dialoguista del peronismo no kirchnerista.
El cordobesismo fue uno de los principales impulsores de llegar a un acuerdo con el Gobierno respecto al Impuesto PAÍS. No obstante, en el entorno de Llaryora niegan el mote de “traidores”. Un operador político que frecuenta al gobernador de Córdoba aseguró ante Infobae que “la relación quedó dañada, pero hay vocación de charlar”. La misma fuente analizó: “Esta corta pero fructífera experiencia enseñó que no se puede llevar por delante el Poder Legislativo”. Por su parte, cerca de Sáenz consideraron que “los que nos soltaron la mano fue el propio Gobierno”.
Los gobernadores se mantuvieron en contacto durante el día. Entre anoche y hoy, los WhatsApp estallaban. Cuando el oficialismo salió a acusar de “traidores” a los diputados y a las provincias, los 10 jefes territoriales de JxC se pusieron de acuerdo para emitir un comunicado en respuesta a la Casa Rosada. “No corresponde que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto”, resaltó la misiva. Un gesto elíptico para pasar la pelota a gobernadores no enrolados en JxC. ¿Mensaje para Córdoba y las otras provincias peronistas? “No es un tema nuestro”, respondió un asesor de Llaryora.
A 50 días de la presidencia de Milei, las provincias conocen que el Gobierno necesitará respaldo parlamentario pronto. La Casa Rosada también sabe que los gobernadores tienen un frente fiscal delicado y requieren de asistencia por parte del Tesoro y el Estado central. Tanto en JxC como en las provincias del peronismo “dialoguista” concuerdan en la necesidad de rencauzar la interlocución con Balcarce 50. Evalúan que es necesario buscar consensos para lograr un nuevo pacto fiscal. Pero pretenden hacerlo haciendo valer el poder de fuego que tienen en el Congreso y el peso político que conservan si se mantienen concertados.
Política y Economía
Menos trabas para importar bicicletas: el gobierno derogó reglamentos técnicos para alentar baja de precios
Mediante la Resolución 274/2024 de la Secretaría de Comercio que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó los reglamentos técnicos de bicicletas y de cámaras y cubiertas para favorecer la importación y generar más competencia en el mercado interno.
“Las bicicletas en Argentina son las segundas más caras en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto”, indicaron desde la secretaría que conduce Pablo Levigne.
Según argumentaron desde la secretaría, “hasta ahora, para importar bicicletas las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado a la planta de origen una vez por año”.
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Cuáles son las tres normas de control sobre las empresas que derogó el Gobierno
“También debían importar una muestra para ensayar en un laboratorio argentino, lo que implicaba altos costos y demoras innecesarias. Los fabricantes locales también debían ensayar en planta y el producto”, añadió.
“Estas trabas burocráticas, eliminadas por la Resolución 274/2024, funcionaban como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más costosas en Argentina que en el mercado internacional”, afirmó la secretaría.
Qué lugar del ranking de precios ocupan las bicicletas argentinas entre 9 países del mundo
En una comparativa con nueve países, entre los que incluyeron a Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, la Argentina es el segundo país con bicicletas más caras.
Por ejemplo, el modelo Mountain Bike rodado 29 cuesta en Argentina $549.000 mientras que, en Francia, $261.485 y en Estados Unidos, $244.333, al hacer la conversión a pesos argentinos.
Del grupo de 37 países de América Latina y el Caribe, Argentina es el cuarto país que importa menos bicicletas por persona. En los últimos años – en promedio -la cantidad de bicicletas importadas ha oscilado cerca del 10% del consumo total.
Industriales reclamaron eliminar el “subsidio al dólar” ante la importación
Por otra parte, se aclaró que “la responsabilidad sobre la calidad y seguridad de los productos es de los comercializadores, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, que resguarda los derechos de los compradores”.
También se eliminó la normativa de las cámaras y cubiertas de bicicletas, que tenían un control extremo que aumentaba su costo, según se informó.
Entre otros items, debía certificarse la planta en origen y/ o el ensayo sobre productos mediante el envío de muestras.
En estos casos, los reglamentos técnicos, que establecen requisitos obligatorios a algunos productos, funcionaban como barreras al comercio y por eso han sido derogados, estimaron desde la cartera que conduce Levigne.
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Política y Economía
Giordano sobre el veto a la movilidad jubilatoria: “Hoy se evita el 7% de aumento, pero se queda con el problema de los juicios”
Política y Economía
Los empresarios aprueban el nuevo blanqueo y miden como positivo su impacto en la economía
A días que se cumpla el plazo de esta primera etapa del blanqueo de capitales promovido por el Gobierno Nacional a través de la Ley N° 27260, desde Auren Argentina realizamos una encuesta para conocer la mirada de los empresarios sobre esta propuesta y cómo impactará en la economía del país.
Los resultados reflejan la opinión de 250 empresarios, de los cuales el 33% son accionistas/socios/propietarios, más del 26% directores y gerentes, un 13% Presidente/ Ceos de empresas medianas y grandes de diversos rubros: más del 32% de servicios, 15% de agronegocios, un 8,7% de manufactura/industria, de tecnología, de Real Estate/ Construcción y Banca y Seguros, además de Turismo, Retail, entre otros.
Blanqueo de capitales: las recomendaciones de los expertos que hay que tener en cuenta
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Más del 65% de los empresarios aprueba la iniciativa del blanqueo. Mientras cerca del 22% desconfía y expresa una mirada negativa, sólo el 13% no sabe/no contesta.
Sin embargo, la decisión de adherirse al blanqueo se divide casi en partes iguales. El 43% afirma que se sumará a la propuesta, mientras el 40% rechaza la posibilidad de adherirse. Aún un 17% no lo ha definido.
Por otro lado, frente al punto de vista sobre las condiciones propuestas en este régimen de blanqueo, el 50% manifiesta estar de acuerdo, solo un 13% expresa que no, y un poco más del 28% pone en duda varias de las condiciones expresadas.
El blanqueo, falto de información
En tanto, cerca del 80% de los encuestados considera que podría estar mejor informada y ejecutada la comunicación del gobierno hacia el contribuyente sobre la instrumentación y plazos vigente del régimen de blanqueo.
Las opiniones también hacen foco a la desconfianza e intranquilidad, consecuencia de promesas incumplidas y modificaciones inesperadas en propuestas de blanqueos anteriores.
Con más del 65% la confianza en la estabilidad jurídica y fiscal es considerada uno de los factores fundamentales para que los contribuyentes se adhieran al blanqueo. Luego con un 35% continua la necesitan de contar con mayor transparencia y claridad en la normativa, mayores plazos exigen un 15% y mayores incentivos más de un 10%. También los encuestados mencionan en un 10% “otros” como mayor rigidez, necesidad de adhesión provincial y mayor avance en disminución en la carga fiscal.
Frente a la consulta del impacto que tendrá sobre la economía del país, la mirada es un poco alentadora. Más del 56,5% apuesta a que el impacto será positivo para la Argentina, el 30,5% tiene una mirada negativa y el 13% restante no sabe/no contenta.
Frente a la reglamentación del blanqueo, consultamos a los empresarios cómo se informan al respecto.
El 56,5% de los casos manifestó conocer sobre las condiciones y requisitos del blanqueo a través de sus contadores/consultoras asesoras, el 32,6% a través de los medios de comunicación, cerca del 24% en internet, alrededor del 20% asisten a eventos y se informan a través de videos y contenido de las redes sociales. Apenas un 4% declara no estar informado.
* Socio de Impuestos de Auren Argentina
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