Política y Economía
Acevedo y Agostino reiteran el pedido para reglamentar la ley de capacitación en discapacidad
La norma fue sancionada en 2023, pero aún no fue reglamentada. Los legisladores Javier Acevedo y la barilochense Daniela Agostino, del bloque Coalición Cívica – ARI, insisten en la necesidad de que el Estado forme a su personal en derechos y perspectiva inclusiva.
23/06/2025 17:46 Hs.
El pedido apunta a construir una administración pública más accesible, inclusiva y respetuosa de la diversidad. Foto ilustrativa: Marcelo Martínez
Los legisladores provinciales Javier Acevedo y Daniela Agostino, integrantes del bloque Coalición Cívica – ARI, presentaron un nuevo proyecto de comunicación en la Legislatura de Río Negro solicitando al Poder Ejecutivo que reglamente la Ley L Nº 5639, que establece la formación obligatoria, continua y permanente en discapacidad para todo el personal de la administración pública rionegrina.
La norma fue sancionada en marzo de 2023 y promulgada en abril, pero aún no ha sido reglamentada, lo que impide su plena aplicación. Su objetivo es garantizar una perspectiva inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad en todos los niveles del Estado.
Acevedo y Agostino —quien representa a Bariloche en la Legislatura— ya habían impulsado un proyecto similar que fue aprobado el 31 de octubre de 2023, sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo. “Es urgente que el Estado cumpla con su responsabilidad de formar a sus agentes públicos bajo el enfoque de derechos que plantea la Ley 5639”, señalaron.
Los legisladores también recordaron que el 6 de diciembre de 2024, organizaciones que integran la Red Provincial de Instituciones Rionegrinas de Discapacidad —entre ellas CEA (Comunidad Empoderada Autista), Familia Neurodiversa, Apasido, Faro Patagónico y Hacemos Accesibilidad— enviaron una nota al vicegobernador Pedro Pesatti, convocando a legisladores a una charla informativa sobre la temática. Desde entonces, las familias continúan reclamando una instancia de formación oficial y obligatoria.
“La reglamentación es el primer paso para transformar en hechos concretos una legislación que apunta a construir una administración pública más accesible, inclusiva y respetuosa de la diversidad”, concluyeron Acevedo y Agostino.
