Un proyecto de ley impulsado por los legisladores Sciurano, Martínez y Greve, del espacio FORJA, generó fuertes reacciones en la Legislatura de Tierra del Fuego. La propuesta busca modificar artículos del registro civil provincial para permitir que menores puedan cambiar su identidad de género sin necesidad de autorización de ambos representantes legales.
La legisladora Natalia Graciania expresó en Radio Seis su preocupación sobre los alcances de esta medida y afirmó: “Nos hemos opuesto de manera muy férrea, porque genera un grave precedente”.
El debate en torno al proyecto, que busca reformar la legislación provincial, se centra en la posibilidad de que menores de 13 años puedan iniciar el proceso de cambio de nombre e identidad de género con la sola autorización de uno de sus tutores legales. En caso de desacuerdo entre los responsables, se prevé la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Incluso, el proyecto habilita la intervención directa de un funcionario público en el Registro Civil, quien debería resolver la solicitud en un plazo máximo de 24 horas.
“Es una verdadera locura dejar en manos de un funcionario o empleado de planta la decisión de un menor de 13 años, una decisión tan trascendental, y correr a los padres de esa decisión”, sostuvo Graciania.
La legisladora argumentó que el proyecto va más allá de lo establecido en la ley nacional de identidad de género, que requiere que los menores de 18 años tramiten este cambio con la participación de sus representantes legales. En caso de conflicto, la ley nacional prevé que la justicia actúe como mediadora.
Graciania relató que su espacio actuó rápidamente para evitar que la propuesta avanzara en la Legislatura: “Esa ley necesitaba dictamen en dos comisiones. Cuando se logró el dictamen en una de ellas y se ingresó para tratarlo sobre tablas, nosotros empezamos a divulgar y dar a conocer a la ciudadanía lo que estaba pasando”.
El rechazo por parte de sectores opositores y de la ciudadanía logró frenar el avance del proyecto, que finalmente no fue tratado. “Vamos a trabajar para frenar este proyecto”, afirmó Graciania, quien calificó la medida como “un grave precedente” y subrayó la importancia de mantener a los padres dentro del proceso de decisiones trascendentales para los menores.
