El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha tomado medidas decisivas tras las primeras acciones gubernamentales bajo la presidencia de Javier Milei y las políticas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. En una reunión representativa con presencia de las 24 provincias, se ha resuelto un conjunto de acciones con el objetivo de salvaguardar los intereses de los trabajadores del sector público.
Las resoluciones abarcan una serie de puntos clave, incluyendo la declaración del Estado de alerta y asamblea permanente en todo el país, la exigencia de reapertura de paritarias en la Administración Pública Nacional, provinciales y municipales, el rechazo a los despidos, la oposición al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la autorización para definir medidas de fuerza.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, expresó la necesidad de estas medidas ante posibles ataques al poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados del sector público. Destacó que estas acciones se desarrollan luego de agotar todas las instancias, mostrando preocupación por la remarcación de precios antes de la asunción y la posterior devaluación que ha afectado significativamente los salarios y las jubilaciones.
El sindicato realizará presentaciones formales para la reapertura de negociaciones salariales en varios ministerios, buscando recuperar lo perdido en semanas recientes. Aguiar enfatizó la exigencia de compensación debido al daño sufrido por la devaluación que supera el 118%.
Asimismo, Aguiar rechazó tajantemente la postura del ministro Caputo de no renovar contratos con menos de un año de vigencia en el sector público, afirmando que no tolerarán despidos, especialmente aquellos que afecten a trabajadores esenciales, discapacitados y personas trans contratadas bajo cupos establecidos por ley.
El líder sindical criticó duramente las políticas implementadas por el nuevo Gobierno, señalando que contrarían las promesas de combatir la inflación, el hambre y la pobreza. Aguiar concluyó destacando que las medidas actuales parecen beneficiar únicamente a unos pocos empresarios, mientras millones podrían verse afectados por las decisiones gubernamentales. (ANB)
