En medio del anuncio del Gobierno sobre la implementación de un protocolo antipiquete, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo total a estas medidas y las tildó de inconstitucionales. En un comunicado, dejaron claro que no aceptarán ningún tipo de condicionamiento a su derecho constitucional de movilización y protesta.
ATE argumenta que los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la Policía ni la Justicia, sino por quienes gobiernan. Además, destacaron que el ejercicio del derecho de huelga está respaldado no solo por la Constitución Nacional, sino también por tratados internacionales de Derechos Humanos que Argentina ha firmado. Específicamente, citaron el artículo 14, el artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, afirmó que cualquier impedimento a la protesta es ilegal e inconstitucional, ya que la regulación de este derecho es exclusivamente legislativa. Además, agregó que no existe una norma que defina lo que es una protesta, excepto la limitación temporal establecida por el Estado a través de la conciliación obligatoria. Aguiar criticó la intervención de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en este tema, argumentando que no puede imponer medidas sin una base legal sólida.
El Polo Obrero también se suma al rechazo y confirmó que realizará una marcha el 20 de diciembre, a pesar de las políticas anunciadas por Bullrich. Los dirigentes de izquierda afirman que las manifestaciones pacíficas son inevitables y que los intentos de prohibir la protesta colocarían al gobierno en la ilegalidad. Además, pronostican la movilización de aproximadamente 50.000 personas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, presentó el protocolo antipiquete que busca regular la desalojo de las movilizaciones en la vía pública. Entre las medidas incluidas se encuentran sanciones severas y la intervención de las fuerzas federales frente a cortes y bloqueos. Sin embargo, Bullrich aclaró que las manifestaciones en la vereda no serán prohibidas, siempre y cuando se solicite un permiso.
En contraparte, ATE asegura que las medidas anunciadas son desproporcionadas y vulneran los derechos constitucionales de los trabajadores. Consideran que el Estado debería enfocarse en solucionar las causas de las protestas en lugar de atacar las consecuencias. El sindicato insta al gobierno a detener el ajuste y aumentar los sueldos como forma de prevenir conflictos sociales.
