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Avanza la causa por entrega de licencias irregulares y se determinaron los roles de los distintos involucrados

Noticiero Seis

“Lleva seis años pero te puedo decir el trabajo que se ha realizado en esta causa”, dijo la funcionaria y explicó que en la audiencia hicieron un muy buen resumen de una causa compleja, por asociación ilícita y están involucrados alrededor de 18 empleados municipales y dos personas externas, una de las cuales era el nexo que vendía las licencias. Aclaró que no eran licencias “truchas”, eran licencias originales, pero sin el legado correspondiente con certificados médicos, libre deuda y demás.

Recordó que la causa se inició en el 2016 y se lograron escuchas de las personas, con lo cual hay prueba eficiente para acreditar lo ocurrido.

Dado que aún no hay sentencia siguen en la municipalidad, pero se iniciaron sumarios administrativos y fueron apartados de sus cargos. “Personalmente insisto mucho en acercarme a fiscalía, estoy en tema, porque nos interesa que esto no quede en la nada, que no pase como otras situaciones en que por se runa causa compleja se va perdiendo en el tiempo, haber tomado la decisión política en aquel momento de hacer esta denuncia en un tema del que todo el mundo hablaba ya cuando asumimos en el 2015. Todo el mundo mencionaba que esto sucedía y nadie tomaba la decisión, incluso antes del sistema nacional de licencias”, planteó.

Resaltó que la decisión se tomó y se trabaja seriamente en la causa. “Seguimos sosteniéndola con mucho trabajo detrás, de hecho nos constituimos en querellantes, nos interesa que se resuelva y salga a la luz, que quienes son culpables sean exonerados, lo que significa que no puedan volver a trabajar en la administración pública“, expresó Abdala.

Dijo que esperan que por fin la causa se defina y paguen quienes conformaron esta asociación ilícita y defraudaron al municipio. La funcionaria explicó que una vez que tienen sentencia, se le da tratamiento en el marco de la Junta de Clasificación y Disciplina y la sanción cuando son delitos contra la administración pública es la exoneración, lo que significa que no pueden volver a trabajar en el ámbito público. “Apuntamos a eso, porque claramente es un delito contra la administración pública y si ocurre lo que pensamos que va a ocurrir, que serán determinados culpables, no sé si todos, porque hay que determinar responsabilidad, después tenemos que hacer lo propio desde el municipio”, señaló.

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Manifestó que “muchas veces es difícil obtener la prueba para hacer la denuncia, a viva voz todo el mundo menciona que pasa tal o cual cosa pero al momento de testificar no siempre se consigue, muchas veces aunque esté la decisión requiere mucho trabajo, que fue el que hice en ese momento, estuve mucho tiempo en la fiscalía, le quiero agradecer a la fiscal Alejandra Bartolomé que en ese momento brindó su trabajo y predisposición para trabajar en esta causa y recolectar la prueba que permitió avanzar con la denuncia”.

La funcionaria explicó que el formulario del CENAT que hoy se paga en un Rapipago en aquel momento se pagaba en Tránsito, en lugar de ir directamente a nación y esto generó una deuda porque estos pagos no se hacían,  por lo cual el municipio tuvo que ponerse al día con el organismo nacional. Hoy el dinero ingresa directamente a Nación.

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