Rodrigo Aguilar y Ricardo Lerchundi, lograron acceder a una suspensión de juicio a prueba semanas atrás, tras comprometerse a pagar cien mil pesos y entregar cien kilos de alimentos a distintas instituciones de bien público.
Además, admitieron la irregularidad de la obra y se comprometieron a subsanarla. Si cumplen serán definitivamente desligados de un expediente en el que fueron acusados por desobediencia, al no acatar la paralización de una obra irregular que había dispuesto el municipio local.
El propietario y el arquitecto, habían sido acusados por el delito de desobediencia, tras comprobarse que no habían cumplido la resolución dispuesta por el juez de Faltas Gustavo Contin, en julio de 2022, en la que se ordenó la inmediata paralización de los trabajos que se desarrollaban en la obra que se desarrollaba en una propiedad ubicada a la altura del kilómetro 4,4 de Avenida Bustillo, sobre la costa del lago Nahuel Huapi y la demolición de una porción que había avanzado por sobre la línea de retiro costero.
No obstante que la decisión fue notificada a los involucrados, inspectores municipales constataron en marzo de 2023 que lejos de acatar la orden de demoler y detener, la obra había avanzado inclusive hacia un piso superior, con armado de estructuras de hierro, encofrados y la losa correspondiente.
Llegada esta instancia en el proceso, la fiscala Alejandra Bartolomé y la defensa solicitaron la concesión del beneficio de la probation, en tanto que el municipio, constituído como querella en la causa, solicitó el rechazo del instituto solicitado. Es de destacar que por los incumplimientos, en el ámbito administrativo el municipio impuso una severa multa a los involucrados.
El juez Juan Martín Arroyo aceptó la suspensión del juicio a prueba para los involucrados recordando que la oposición de la Municipalidad local no resultaba vinculante y consideró razonable el mecanismo adoptado para lograr la resolución del conflicto primario.
