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Bosques sumará personal para los controles de ruta y así frenar la tala ilegal de árboles

La tala ilegal del bosque nativo se transformó en una problemática con un fuerte componente social. Es que a la presencia de leñadores al servicio de algún aserradero utiliza esa madera, se sumaron las familias que encontraron una fuente de ingresos a través de la venta minorista, especialmente tras el primer año de pandemia.

“Se ha agudizado por la crisis y la complicación laboral de muchas familias en toda la zona Andina”, comentó el subsecretario de Recursos Forestales, Fernando Arbat, quien explicó que son varias las familias que utilizan la tala ilegal como un método de subsistencia que además se agrava cuando el Plan Calor “no da abasto para cubrir las necesidades”.

Arbat señaló a la ladera del cerro Otto, Arroyo del Medio y los Parques Nacionales como los sectores más afectados por esta práctica que también incluye al circuito ilegal de tala que provoca serios daños ambientales. Según explicó, esta metodología se encuentra más organizada y el material termina en algún aserradero de la zona.

Una vez procesada no sabés si (la madera) salió de un circuito legal, se vende el tirante y con una factura queda blanqueado. Ahí estamos poniendo el foco con el municipio, haciendo controles con el área de Comercio en los aserraderos en conjunto con Bosques”, resumió acerca de los esfuerzos por interrumpir el camino de la ilegalidad.

El funcionario comentó que para estos últimos casos las multas ascienden a los 150.000 pesos para quienes transporten material proveniente de la tala ilegal, mientras que los aserraderos se exponen a la clausura del comercio, la baja de la habilitación provincial y una multa que puede llegar a los 800.000 pesos.

La pandemia

“Hoy pareciera que nos cae toda la responsabilidad a Bosques pero esta es una cuestión social que atraviesa a muchas instituciones”, aseguró en relación a la presencia de familias en áreas boscosas y de montes. Es que, según dio a conocer, la pandemia frenó las “changas” que realizaban  y que muchas veces eran pagadas con leña para sostener a sus familias.

“Tuvimos incendios forestales muy grandes y la gente en Cuesta del Ternero dice que le está costando conseguir gente para voltear los (árboles) quemados. También la gente está conforme con los planes, reveló acerca de una problemática que empieza a sentirse en todo el país.

Arbat consideró que el área de Bosques termina siendo el “cuello de botella” de la problemática en la que las familias hacen lo imposible para sobrevivir: “algunos para calefaccionarse y otros para vender un metro de leña que está entre 2.000 y 3.000 pesos”.

El funcionario comentó que desde la órbita oficial evitan cobrar los permisos a las familias para no recrudecer la crisis social y que, incluso, se ofrecen vales de tránsito gratis para que puedan mover un metro de leña porque este año el Plan Calor no llegó a cubrir las necesidades de una parte de la población.

En las rutas

Arbat adelantó que el convenio a firmar con el municipio de Bariloche permitirá que los empleados municipales también puedan fiscalizar para evitar los circuitos de venta de madera. Para eso se capacitará al personal de Tránsito y Transporte para que puedan pedir la documentación correspondiente en los controles de rutina.

“Si ven algún producto forestal van a solicitar la documental. En caso de que no la tengan se va a decomisar la mercadería y eso el municipio lo va a incorporar al Plan Calor para que le llegue que la gente, agregó en diálogo con B2000.

El trabajo conjunto se iniciará en agosto, pero además se establecieron 25 controles camineros en toda la provincia para que cada puesto tome contacto con la documentación a requerir para el transporte de madera. Es en este punto en el que también se sumará la Policía de Río Negro.

Pero la situación del área de Bosques, que cuenta solo con dos inspectores para cubrir el área entre Dina Huapi y El Bolsón, no escapa del conocimiento de Arbat y es por eso que ya se abrió el concurso para contratar a cuatro nuevos inspectores forestales. De esta manera se creará un cuerpo de seis inspectores con fuerte presencia en Bariloche. También se contará con otros dos fiscalizadores en El Bolsón.

Bosques

Arbat reconoció que la problemática de la tala ilegal llevó también a realizar ajustes en el presupuesto provincial: “estamos incorporando un fondo de manera permanente para los gastos cotidianos que necesitan los inspectores e incrementando el personal de dos a seis integrantes”. También aseguró que se trabaja en cubrir las necesidades de movilidad y de logística, vestimenta y el ordenamiento de los horarios de trabajo.

Tras el reclamo de los trabajadores de Bosques en la ciudad, el funcionario dijo que el cobro de las horas extra es una deuda pendiente porque se está implementando la ley que encuadra a los inspectores forestales. “Con todo esto hay que incorporarlos en el organigrama y definir los adicionales”, confió.

Sin embargo, explicó que los inspectores no cumplen un horario “normal y administrativo” sino que tienen la libertad de administrar sus horarios porque su función hace que atiendan denuncias en forma permanente. “Es un trabajo que en la carga horaria es rotativo y hay que ajustar esos ítems porque no podemos liquidar por una declaración jurada de ellos, tenemos que estructurar el área para complementar estas tareas que hacen”, explicó acerca del ordenamiento general que requiere la estructura.

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