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Bullrich y López Murphy denunciaron que organizaciones terroristas buscan formar una Nación Mapuche

Una solicitud a la Justicia Federal  busca que un grupo de comunidades mapuche sean consideradas “organizaciones terroristas” que desconocen el orden jurídico argentino. La presentación fue realizada por la presidente del Pro, Patricia Bullrich, el diputado Ricardo López Murphy y los referentes de Republicanos Unidos, María Eugenia Talerico y Nicolás Suárez Colman.

La denuncia la realizaron ante al juzgado de Bariloche y en el marco de la causa contra Magdalena Odarda y Luis Pilquimán por “traición a la Nación Argentina y asociación ilícita”. Según explicaron, los recientes actos de violencia en Villa Mascardi encabezados por “pseudo mapuches” los llevaron a pedir que se investigue la participación “en más de 100 casos penales” a la Lof Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, al Movimiento Autónomo Mapuche (MAP) del Puel Mapu o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “y a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una Nación Mapuche”.

Los dirigentes de la oposición mencionaron que el accionar de esas comunidades se puede enmarcar en el artículo 41 quinquies  del Código Penal, ya que, según analizaron, buscan “infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza”. Además acusaron que esos grupos se apropian de territorios de jurisdicción nacional, provincial y de particulares “habiéndose alzado en armas -propias como impropias- contra las fuerzas de seguridad provinciales, y federales”.

En la denuncia también se refirieron a otros delitos que son investigados “como los daños, usurpaciones, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones, daños, abuso de armas”.

Para los dirigentes, el accionar de las comunidades tiene un objetivo “superior” que sería la posibilidad de establecer la Nación Mapuche “desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad”.

Sin embargo, también cargaron contra el rol de los funcionarios públicos, y organizaciones afines, por su actuar “desleal” con los intereses de la Nación ya que habrían contribuido a “envalentonar” el accionar de quienes se mantienen al margen de la ley. Para estos casos se mencionó la intervención del embajador en Chile, Rafael Bielsa, quien pidió la libertad condicional de Facundo Jones Huala cuando se encontraba en manos de la justicia de ese país o el “llamativo error” del Ministerio de Defensa en el despojo de tierras reclamadas por una comunidad al Ejército Argentino.

Por último también pidieron a la Justicia Federal la inscripción del MAP y la RAM dentro de las “comunidades ilegales” para que sean vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para “debilitar de modo determinante su poder de fuego, neutralizando además todo apoyo material que puedan recibir pues sería hecho de financiación de terrorismo”.

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