Ingresó a la Legislatura un proyecto para obligar a los funcionarios y funcionarias a realizarse pruebas toxicológicas. Tendrán que hacerlo una vez por año a fin de garantizar “idoneidad, integridad física, psicológica e intelectual” en sus funciones públicas.
Entre las sustancias prohibidas figuran el alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína, ketamina y aquellas sustancias psicoactiva que actúan sobre el sistema nervioso, a excepción de aquellos casos de fármacos que hayan sido recetados por profesionales de la salud.
Los exámenes se realizarán en laboratorios acreditados y autorizados por el Ministerio de Salud, que funcionará como autoridad de aplicación de la ley. Los resultados serán confidenciales y únicamente accesibles por la autoridad competente.
En caso de que el resultado fuera positivo, el funcionario o la funcionaria sobre la que se aplicó la prueba podrá requerir que se repita, dentro de los siguientes cinco días. En caso de que la nueva prueba también arroje un resultado positivo, se revocará el mandato de la persona en cuestión.
Los fundamentos refieren a la necesidad de que los funcionarios actúen con “integridad y responsabilidad”. Más adelante agregan que el consumo de sustancias puede derivar en decisiones que no se condigan con el interés público.
El proyecto de ley (17201) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de octubre.
