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Sociedad

Caso Báez Sosa: tras romper el pacto de silencio, Máximo Thomsen señaló a otros dos de los condenados y pidió un nuevo juicio

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Los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa (Diego Izquierdo/)

Luego de romper el pacto de silencio y de cambiar de abogado, Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, volvió a cuestionar la labor de su anterior representante legal y pidió un nuevo juicio. Lo hizo a través de un recurso extraordinario -presentado ante la Corte Suprema de Justicia Bonaerense- en el que, además, dio su versión de los hechos y señaló particularmente la participación de otros dos de los condenados en el homicidio cometido el 18 de enero de 2020.

En el documento, al que accedió Infobae, Thomsen aseguró que el trabajo de Hugo Tomei, su ex letrado, careció de eficacia debido a que ejerció la defensa de los ocho acusados y, por querer hacerlo a la totalidad del grupo, no representó sus intereses individuales y los de los demás. Sobre esta base, solicitó que se declare nulo aquel proceso y se haga un nuevo juicio.

Así lo planteó a través de su nuevo patrocinante, Francisco Oneto, al apelar el fallo de la Cámara de Casación Bonaerense que confirmó la condena a perpetua para él, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi; y las penas de 15 años de cárcel para Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, como partícipes secundarios del crimen.

En el recurso, Thomsen dio su versión de los hechos y negó que haya existido un plan premeditado para matar a Fernando. Tal como se había anticipado, la estrategia de la nueva defensa es derrumbar la premeditación, la figura que sostiene la perpetua.

Máximo Thomsen
Máximo Thomsen

Por otra parte, mencionó que él nunca apareció grabado pegándole a la víctima. Además, sostuvo que anteriormente no pudo contar que “la pelea adentro del local bailable no lo tuvo por protagonista”, sino que fue Blas Cinalli quien habría tenido el incidente con Báez Sosa en el interior del boliche Le Brique.

En esa línea, hasta asegura que ambos grupos, una vez fuera de la discoteca, tuvieron algún cruce de palabras y gestos y fue allí cuando se inició la pelea que terminó con el asesinato.

Otero, por otra parte, indicó que Thomsen no tuvo la posibilidad de “declarar que no estaba en condiciones de ejercer violencia letal”, luego de haber sido expulsado del boliche por la fuerza y “desmayado” por la técnica utilizada por el empleado de seguridad del local.

También, que no está probado en base a los varios videos de la secuencia de aquella madrugada que Thomsen le haya dado el golpe que provocó la muerte a Fernando y hasta sugiere que pudieron ser otros que dieron algunos de los demás acusados. En ese sentido, apuntó a Comelli.

Blas Cinalli y Enzo Comelli
Blas Cinalli y Enzo Comelli

El abogado subrayó que Thomsen no pudo “pedir una pericia para determinar si algún golpe en concreto produjo el deceso (de Báez Sosa), e interrogar sobre las conclusiones periciales al experto”.

Y ahondó: “Si no fue productor del deceso, por ejemplo, el golpe que produjo el moretón que tiene el occiso en el menton, que resultaría compatible con el golpe que asesta al inicio de la pelea Enzo Comelli, de una potencia tal que derriba al occiso, no pudiéndose descartar que ese solo golpe haya producido la muerte y por tanto resultar atípica una eventual intervención ulterior de Máximo, por subsumirse en una tentativa de delito imposible, a poco de dirigirse las agresiones contra un cuerpo sin vida”.

“Ello producto de que Máximo omitió declarar que el que da la primer piña que derriba a Fernando Báez Sosa y lo pone fuera de combate es Enzo Comelli”, completó.

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Otero consideró: “Máximo omitió proferir estos dichos porque tenía el mismo defensor que sus consortes de causa, los cuales podían verse perjudicados por tales afirmaciones”.

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Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 (Alejandro Beltrame)

Por último, el letrado reclamó la nulidad del juicio y subsidiariamente que se aplique el artículo 95 del Código Penal, esto es el homicidio en riña, delito que prevé pena de dos a seis años de prisión.

Mientras aguardan la resolución de la Suprema Corte Bonaerense, los ocho condenados están todos juntos detenidos en el penal de Melchor Romero. Cuentan con la posible apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de un fallo negativo.

Sociedad

Se celebró el 213 aniversario del Ejército Argentino

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miércoles 29 de mayo de 2024

Este lunes por la mañana el Municipio de San Carlos de Bariloche, representados por la Asesora Letrada, Yanina Sanchez, y el secretario Protección Ciudadana, participó del acto del 213º aniversario del Ejército Argentino en la Escuela Militar de Montaña.

El Ejército Argentino nació el 29 de mayo de 1810 por decisión del Primer Gobierno Patrio, que a través de una proclama reconoció el trabajo de las tropas militares durante el proceso revolucionario, elevó a Regimientos a los batallones existentes y reorganizó las unidades dispuestas en todo el territorio, reconociendo la actuación que las tropas habían tenido en esa semana de mayo tan trascendental para la historia argentina. La conformación del Ejército fue un paso fundamental en el camino hacia la futura independencia.

En la actualidad, el componente terrestre de las Fuerzas Armadas se ocupa de contribuir a la defensa nacional para proteger nuestra independencia y soberanía. Además, quienes lo integran están a cargo de la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial, así como de contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, económico y social, cooperar para el logro del bienestar general de las comunidades, y participar en misiones de paz y asistencia humanitaria.

Luego del acto las autoridades compartieron un desayuno dentro del cuartel junto a al personal militar en actividad y en retiro, junto a sus familias.

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Comunidad Buenuleo: condenan a 5 de los 8 acusados por usurpación

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El Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a 5 integrantes de la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación y le impuso la pena de un año y 3 meses de prisión en suspenso. Por el mismo delito absolvió a otras tres personas.

También condenó a dos personas por “perturbación del ejercicio de funciones pública”, ya que se probó que hicieron una amenaza de bomba en el edificio de Tribunales para suspender una audiencia en la causa. En este punto, el Tribunal desestimó la acusación de intimidación pública.

Impuso por este ítem una pena de tres meses en suspenso y una reparación económica que será destinada a la Biblioteca del Poder Judicial, para la compra de material de estudio.

Además, ordenó el “desalojo inmediato de la finca conocida como Pampa de Buenuleo”, aunque la “medida que se podrá efectivizar desde el momento en que a la presente cautelar le sea garantizado el derecho al “recurso” o “doble conforme judicial”.

Se arribó a la sentencia luego de siete jornadas de debate, donde brindaron declaración numerosos testigos de la acusación y de la defensa.

No está en juego la propiedad sino la posesión

Para el Tribunal, se probó que “aprovechando la ausencia de los cuidadores de la vivienda existente en el interior del inmueble, ingresaron en un caso por un camino principal y el resto por caminos y senderos internos no destinados a ser normalmente utilizados para el tránsito habitual a un inmueble, despojando de la posesión de la finca a quienes hasta ese momento la usufructuaban”.

La sentencia recordó que para configurar este delito “será indistinto que la persona posea o no título” de la propiedad, “ya que lo fundamental será que se halle efectivamente detentando la posesión”.

En efecto, “el orden penal no protege el nudo derecho de propiedad, sino a quien lleve adelante un efectivo ejercicio de las facultades que emergen de la posesión (en este caso) y luego se vea privado de ella”.

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Para que se configure el delito debe haber “clandestinidad”, es decir “actos ocultos llevados a cabo en ausencia del poseedor”. Esto se probó.

En el proceso testificaron varias personas que le en la década del 70 y del 80 le compraron lotes a Antonio Buenuleo. Dieron cuenta entonces no existía ninguna comunidad de pueblos originarios, que se conformó después.

La defensa

El defensor afirmó que la “posesión indígena o tradicional resulta diferente a la posesión del código civil”, que “estos derechos no son reales sino autónomos y de raigambre constitucional”. Argumentó que los acusados no podrían usurpar “algo” del que hace años que se encuentran en posesión (posesión tradicional o ancestral).

Recordó que “en nuestro ordenamiento jurídico vigente están receptadas las dos posesiones: la posesión del Código Civil se tiene que proteger, pero también la posesión indígena que protege la Constitución Nacional”.

El fallo

La sentencia recepta algunos argumentos de al Defensa: “Resulta incuestionable que para la comunidad indígena, el término territorio tiene una connotación especial, ya que es una expresión simbólica de su etnicidad, de su historia y de su cultura”. Asimismo, es “evidente que la propiedad comunitaria indígena implica un concepto nuevo de propiedad”.

Agregó que “adhiero al argumento de que ambos derechos de propiedad gozan protección constitucional”. 
Pero luego señala: “lo que resulta claro y evidente es que la ausencia de la ley no habilita a los imputados e imputadas (aún siendo integrantes de la Comunidad Buenuleo), a hacer uso de vías de hecho y/o que le sea permitido la realización de actos materiales tendientes a hacer efectivos derechos amparados normativamente”.

En este punto, tiene en cuenta el mismo argumento sostenido por el Superior Tribunal de Justicia en el fallo sobre este mismo proceso judicial.

Para el Tribunal “está fuera de discusión que la Comunidad indígena Buenuleo ha ejercido una posesión tradicional sobre parcelas de tierra comprendidas en el denominado lote pastoril 127, pero también resulta contundente la información ventilada en Debate que acredita que el señor Antonio Buenuleo -como titular registral de ese lote- realizó mediante boleto privado la venta de esas 92 hectáreas al señor Claudio Thieck”. Este último se la vendió “al señor Friedrich en el año 2009”.

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Aunque “la Defensa afirma que esos actos jurídicos son nulos por afectación de la voluntad del enajenante Buenuleo, este extremo escapa a la jurisdicción del Tribunal”y además “no incorporó ningún elemento de prueba que acredite dicha afirmación”.

En este orden, “lo que sí aparece como elocuente, es que estos actos jurídicos implicaron que se cediera la posesión a terceros (ajenos a la Comunidad Buenuleo) sobre esa porción de tierra, concretándose así una discontinuidad de la posesión tradicional (al menos sobre esta fracción)”.

Así, “resulta un dato incontrovertible que lo/as acusado/as conocían -por ejemplo- que el predio estaba siendo poseído por el Querellante al momento del hecho”. Por lo tanto, no se pueden convalidar cuestiones de hecho.  

Absoluciones

El fallo condena a cinco personas y a la vez absuelve a tres. Se trata de un lonko mapuche “que no pertenece a la Comunidad Buenuleo sino a otra Lof y que solo vino a acompañar una ceremonia religiosa”, de una persona que aclaró que “solo da talleres de lengua” sin pertenecer tampoco a la comunidad. Un tercero no se acreditó “por ningún medio” su participación.  

También el fallo rechaza el agravante por la participación de menores. Dijo que “no quedó probado en absoluto”. 
Finalmente, también se probó la amenaza de bomba en el Edificio de Tribunales para que se desarrolle una audiencia. Lo hicieron con testigos y también con las pericias de la OITEL, del Ministerio Público y los informes de llamadas pedidos a Movistar.

Desalojo

El fallo citó las anteriores etapas del proceso que ordenaron el desalojo. Cita el artículo 118 del Código Penal: “En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, el juez, a pedido de parte o damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando del análisis de las condiciones fácticas, surja que, prima facie, se encuentran reunidos los requisitos típicos, el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil, y exista peligro en la demora”.

Expresa el fallo que “el objetivo de su instrumentación de esta medida de coerción procesal es evitar la continuación y prolongación de los efectos lesivos de la usurpación, considerando que estamos frente “a un delito instantáneo de efectos permanentes”.

Concluye que “resulta evidente que el legislador (tanto el orden provincial como nacional) lo que busca o anhela es impedir que el delito siga produciendo consecuencias ulteriores, y el espíritu de las normas enunciadas resulta ser la protección inmediata de las personas damnificadas por el evento criminoso. De lo contrario estaríamos desnaturalizando la “razón de ser” de su protección legal, desdibujando la propia naturaleza preventiva o instrumental para que los efectos nocivos del despojo no prosigan”.

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