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Causa Apel: otro acuerdo y los imputados restituirán 8 millones

Este lunes, el juez Marcelo Alvarez aceptó la suspensión de juicio a prueba -probation- para cinco imputados en la causa Apel, a partir que los mismos reintegrarán unos 8 millones de pesos al Estado por su participación en los manejos irregulares del gremio legislativo del Fondo de Viviendas.

Así, diez acusados se liberaron de la carga penal -ya antes lo habian hechos otros cinco, con la entrega de cinco inmuebles, cotizados en unos 10,5 millones de pesos- y solamente quedan para el juicio el secretario general de APEL, Alejandro Gatica y la ex secretaria de Hacienda, Stella Maris Sale. La fiscalía penal y la querella no aceptaron acuerdos con ellos porque entienden que su responsabilidad es mayor entonces el próximo lunes 8 se cumplirá la audiencia de acusación para avanzar en su enjuiciamiento por el delito de defraudación al Estado provincial.

Desde el 2010, APEL administró el Fondo de Viviendas, conformado por aportes públicos, y su cuestionada administración derivó en una causa penal, cuya perjuicio al Estado fue estimado en unos 50 millones de pesos.

En la audiencia del lunes, la defensa planteó finalmente una probation para cinco de los siete imputados que quedaban y, tras negociaciones, dos de ellos – Alicia Fernández y Alejandro León- aportarán 6,48 millones al Estado, con desembolsos individuales de 90 mil mensuales, durante 36 meses. Además, abonarán 270 mil pesos a un particular damnificado, representado por el abogado Favio Igoldi.

Otros dos representantes del gremio- Elvio Bahamonde y José Quintín- están acusados del cobro de cuotas cuando el “Fondo para la vivienda estuvo inmovilizado”, y ellos devolverán 1,51 millón de pesos, en pagos mensuales de 21 mil pesos, cada uno de ellos.

Finalmente, un quinto imputado -José Saenz- fue incluido en la causa por la presentación de facturas apócrifas que fueron pagadas con dinero del Fondo. Su resarcimiento al Estado será de 40 mil pesos.

Frente al ofrecimiento de los defensores, Nestor Larroulet y Edgardo Corvalan, el fiscal Juan Pedro Puntel -que trabajó junto a la adjunta Paula de Luque- aceptó al considerar que se “realizó una mejora sustancial a la oferta de reparación del daño que había realizado oportunamente”.

Resaltó que la “suspensión de juicio a prueba pretende la solución del conflicto primario mediante procedimientos alternativos o distintos al juicio, y la reparación del daño no integral sino en la medida de las posibilidades de los imputados, máxime en el caso de partícipes primarios”.

Puntel calificó a las sumas como “razonables y coherentes en relación al monto defraudado” ya que además resulta difícil determinar si los cinco imputados “se quedaron con la totalidad de ellas, o solo con alguna parte”.

La Fiscalía de Estado no compartió el otorgamiento del beneficio, salvo en el imputado Saenz, mientras que Igoldi lo consintió.

Finalmente, el juez Alvarez adelantó que hará lugar al otorgamiento de la Suspensión de Juicio a Prueba. La Fiscalía de Estado, en tanto, se opuso a tal decisión pero adelantó en la audiencia que renunciaría a las instancias de apelación ya que una vez resuelta la situación penal de estas cinco personas puede iniciar en contra de ellos acciones en el Fuero civil para continuar con la recuperación de activos.

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