Policiales y Judiciales
Causa Seguros: Alberto Fernández se presenta hoy en Comodoro Py para ampliar su indagatoria
El ex mandatario había pedido ampliar su declaración ante el juez Sebastián Casanello.
La trama de las investigaciones en torno a la causa “Seguros” toma un nuevo giro este viernes, cuando el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, se presente en los tribunales de Comodoro Py a las 10 de la mañana para ampliar su declaración indagatoria.
El juez Sebastián Casanello, quien recientemente asumió la subrogancia del juzgado federal 11, sigue ahondando en los detalles del caso. Hace unas semanas, el 9 de abril, reimplantó la inhibición general de bienes no sólo a Fernández, sino a un numeroso grupo de personas, tanto físicas como jurídicas, como parte de las medidas cautelares en esta extensa pesquisa que aún está en proceso de resolución. La investigación se centra en posibles irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por organismos públicos, una acción presuntamente viciada de ilegalidades durante la administración del Frente de Todos.
Históricamente, las investigaciones vinculadas a la función pública tienen un impacto significativo en la opinión pública, y este no es la excepción. “Hay estado de sospecha suficiente”, remarcan las fuentes judiciales, lo que motivó la ampliación de la declaración indagatoria y las acciones del magistrado Casanello. A la par de Alberto Fernández, figuras reconocidas como Héctor Martínez Sosa, broker identificado como beneficiario de presuntas maniobras irregulares, y su esposa, María Cantero, ex secretaria del ex mandatario, también figuran entre los investigados y con medidas de prevención sobre su patrimonio.
En un panorama en el que los nexos entre poderes y contratistas siempre generan expectación, el caso “Seguros” no es una excepción. Tanto juristas como analistas políticos han puesto sus ojos en los movimientos de los acusados y las decisiones del juez, estableciendo hipótesis sobre el curso que tomará la justicia.
Al tiempo que se espera una resolución justa, el proceso nos recuerda la importancia de la transparencia y la legalidad en las contrataciones del estado, principios fundamentales que cualquier gestión pública debe respetar.
