El municipio trabaja junto a feriantes de Punto Panorámico para la regularización del sector, y el lunes se llevó a cabo una reunión en la Subsecretaría de Inspección General con referentes de la Subsecretaría de Cultura y los puesteros del lugar.

Las partes abordaron diferentes puntos para comenzar un reordenamiento de los comerciantes del lugar y poder llegar a una posible regularización.

En la reunión se acordó que los feriantes deberán nombrar representantes que servirán de interlocutores con el Municipio. Además, tendrán que elaborar un reglamento interno con pautas de convivencia.

Por su parte, el Municipio otorgará permisos y fijará un canon correspondiente para cada una de las actividades.

Por otro lado, se informa a la comunidad que el número de feriantes ha alcanzado su límite y, por lo tanto, no se podrán inscribir nuevos puestos por el momento.

El caso se inició con una medida de protección de derechos impulsada por la Senaf puesto que las niñas estaban en situación de vulnerabilidad. Luego se otorgó la guarda provisoria a la abuela por dos años. Intervino una defensora pública y una defensora de menores.

Durante el proceso, el juzgado de Familia tuvo en cuenta un informe social que confirmó que la abuela ya se encontraba a cargo del cuidado de las niñas desde 2021, cuando se le otorgó la guarda por vía judicial. El documento describió un entorno familiar estable y adecuado para las hermanas. Se destacó además el compromiso de la abuela en su crianza y la satisfacción de sus necesidades.

Para resolver también se valoró la opinión de las niñas. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a ser escuchados es un aspecto fundamental que las autoridades deben garantizar en casos como este, así como su autonomía progresiva, que implica considerar sus opiniones conforme a su edad y madurez.

El fallo resolvió la privación de la responsabilidad parental tanto del padre como de la madre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 700 del Código Civil y Comercial, que contempla el abandono como causal para dicha medida. En este contexto se consideró que las conductas de los progenitores configuraban un desamparo total hacia las niñas, lo que justificaba la decisión de apartarlos de su rol parental.

La tutela de las menores de edad fue otorgada a la abuela, quien asumirá la responsabilidad legal de ambas bajo los términos del Código Civil y Comercial. Se dispuso además que se inscriba la sentencia en las partidas de nacimiento de las niñas, dejando constancia de la nueva situación jurídica.

(Por Rosario3).- A 24 horas de la sesión de la Cámara de Diputados que definirá si queda o no en pie el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, el gobierno se siente fortalecido por el respaldo del grueso del PRO –solo quedarían afuera legisladores que responden a Horacio Rodríguez Larreta– expresado por Mauricio Macri, aunque aún no tenía garantías de éxito. Es que para repetir la foto de los “87 héroes” que celebraron con un asado la anulación de la ley de reforma jubilatoria y blindaron el primer veto de Javier Milei a una norma del Congreso le faltaban aún algunos votos.

Hasta este lunes a la noche el oficialismo contaba con 80 votos seguros y la oposición con 159. Entre los 15 en duda está la respuesta a este intríngulis que pone a la gestión libertara frente a una nueva victoria que puede ser a lo Pirro. Pero también muy necesaria como señal de gobernabilidad ante los mercados, el sector que le sonríe con mayor fervor mientras de a poco pierden respaldo popular sus políticas y sus modos.

El final está abierto y las ausencias y abstenciones pueden terminar torciendo la decisión para un lado o para el otro. Pero es cierto que el pronunciamiento de Macri, aunque haya sido con duras críticas a la gestión, mejoró notablemente la posición relativa del gobierno. A la vez, significó un golpe para los rectores universitarios, que en los últimos días intentaron convencer a los diputados del PRO de sus provincias para que rechacen el veto.

Sin embargo, los referentes universitarios no se daban por vencidos este martes. “Es difícil pero no imposible”, señalaban.

La luz de esperanza la sostenían en que según ellos de los cinco diputados radicales que apoyaron el veto al aumento a los jubilados solo uno es un voto seguro para el gobierno: el tucumano Mariano Campero. De los otros cuatro, dicen desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tres se habrían comprometido a levantar la mano por el rechazo y aún negocian con el otro para que se abstenga.

El gobierno hace otro cuenta: dice que aún cuenta con el respaldo de tres de esos legisladores. Pero además, confía en que torcerá a su favor la voluntad de diputados de los partidos provinciales, que son, en un escenario tan ajustado, los que finalmente se convertirán en árbitros de la decisión.

Apuntan, a sacar los votos que le faltan para blindar el tercio con el apoyo los legisladores que responden a los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilnek, de los del misionero Carlos Rovira. Esos diputados votaron en su momento a favor de la ley.

Pero Weretilneck y Rovira son mandatarios que, como los peronistas tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, se vienen moviendo como aliados del gobierno. En esa lógica, no parece ser el momento más conveniente para enfrentarse al oficialismo justo cuando se debate el presupuesto nacional.

La sesión fue citada para este miércoles a las 11 y acaso hasta entonces se mantenga la incertidumbre.

Mientras tanto, la comunidad universitaria, movilizada, continuará la presión con vigilias y tomas de facultades. El gobierno, en tanto, anunció que pagará el aumento del 6,8 por ciento a docentes y no docentes, a pesar de que los gremios lo rechazaron como insuficiente ya que entienden que desde que asumió la actual gestión perdieron entre un 25 y un 30 por ciento de poder adquisitivo por el retraso de sus sueldos.