Política y Economía
Con un recorte del 40%, la Secretaría de Derechos Humanos pasará a ser Subsecretaría
La decisión fue del Ministerio de Justicia.
El Gobierno ha anunciado una reestructuración significativa en la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora se convertirá en Subsecretaría, lo que conlleva un recorte del 40% en su estructura organizativa. Esta decisión ha sido tomada por el Ministerio de Justicia con la intensión de priorizar la universalidad de los derechos humanos, haciendo a un lado cualquier defensa específica de un sector ideológico particular.
Manuel Adorni, vocero del Gobierno, ha sido enfático en comunicar que el objetivo es garantizar un cumplimiento más amplio de los derechos humanos, desligándonos de afiliaciones partidistas. Este cambio estructural también incluirá una reducción del 30% del personal, lo cual ha sido un tema destacado en la última conferencia de prensa.
El recorte, evaluado en un ahorro anual de $9.000 millones, será impulsado con la reducción a la mitad de los cargos jerárquicos existentes, señaló Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. “Desde nuestra llegada ya han quedado fuera del sistema estatal 405 trabajadores que estaban vinculados a militancias políticas, representando un 44% del personal inicial”, agregó el ministro para explicar la extensión del ajuste.
El enfoque del Ministerio de Justicia se hace evidente en un contexto nacional que obliga a revaluar el funcionamiento y la estructura sostenible del Estado. Así lo manifiestan las reformas impulsadas, que también incluyen la integración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
En paralelo, a través del Decreto 342/2025 plasmado en el Boletín Oficial, el Gobierno ha oficializado cambios a la Ley de Asociaciones Sindicales, disminuyendo la intervención estatal en los procesos electorales gremiales. Este ajuste permite al Estado intervenir únicamente en situaciones excepcionales de acefalía y ausencia de lineamientos estatutarios para convocar elecciones gremiales.
Estas reformas buscan “respetar el principio de autonomía sindical mientras actualizan procedimientos de convocatoria y mecanismo de votación”.
