Fue hallado culpable por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2006 y 2011.
El exmandatario peruano, Ollanta Humala, quien lideró el país entre 2011 y 2016, enfrenta ahora una dura sentencia de 15 años de prisión, luego de que la justicia de Perú lo declarara culpable de lavado de activos. Este veredicto se vincula con aportes ilegales que habría recibido del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, y del propio gobierno venezolano, durante sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Los acontecimientos del caso se precipitaron este martes, cuando Humala fue detenido inmediatamente en la sala de audiencias tras la lectura del fallo. Este episodio es un capítulo significativo dentro de un proceso legal que ha durado más de tres años, dejando ver el implacable enfoque del sistema judicial peruano hacia los altos estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. La jueza Nayko Coronado, encargada del Tercer Juzgado de la Corte Superior, fue quien dictó la sentencia en esta fase inicial del litigio, la cual, de acuerdo con la defensa de Humala, será apelada buscando una revisión más exhaustiva.
El fiscal Germán Juárez, al frente de la acusación, expresó ante medios de comunicación su satisfacción por lo que él considera una decisión justa, en línea con los preceptos del debido proceso. Juárez resaltó el grado de objetividad y la postura imparcial con la que se ha conducido esta etapa del caso, subrayando la importancia de seguir avanzando en la lucha anticorrupción que tanto ha sacudido a Perú en las décadas recientes.
La ex primera dama peruana, Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, ingresó este martes en la Embajada de Brasil en Lima y solicitó asilo a ese país, horas después de ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos al recibir aportes de Odebrecht para las campañas de su marido en 2006 y 2011, informó la Cancillería de la nación andina.
Cabe recordar que el caso Odebrecht ha sido un terremoto político y judicial no solo en Perú, sino en varios otros países de América Latina. En 2016, el conglomerado empresarial admitió haber diseminado sobornos a lo largo y ancho del continente, incidiendo notablemente en campañas electorales de sus socios. Esta trama de corrupción, considerada una de las más extensas de la región, ha traído a colación nombres de prominentes políticos peruanos acusados o investigados, incluidos otros tres expresidentes. Alan García, quien escandalosamente se suicidó en 2019 antes de su captura por presuntos vínculos similares; Pedro Pablo Kuczynski, enfrentando investigaciones; y Alejandro Toledo, ya convicto para cumplir más de dos décadas tras las rejas por corrupciones monumentales durante su mandato.
El desenlace de este precedente a manos de jueces peruanos marca un hito crucial en la lucha por la transparencia gubernamental y el fin a años de marañas corruptivas que han tergiversado las bases de la democracia y el buen gobierno en la nación. La gravedad con la que se aborda la responsabilidad de los exlíderes políticos, sobre todo en casos vinculados con la corrupción y sobornos de Odebrecht, señala un cambio de era en el clima político peruano que buscará una redefinición del poder basado en la integridad.
