El hecho ocurrió en Mar del Plata. La investigación concluyó que, en el término de dos años, el acusado compró un utilitario, un cuatriciclo, un sommier y un sillón cama.
En la ciudad de Mar del Plata, un joven de 25 años llamado Gabriel Abatedaga ha sido detenido y condenado por llevar a cabo una serie de fraudes utilizando comprobantes de pago falsificados. Durante un juicio realizado en el Juzgado en lo Correccional N°4, las autoridades lo hallaron culpable de múltiples actos de estafa contra comerciantes locales, destacándose la utilización de documentos falsos para adquirir bienes de considerable valor.
Los bienes obtenidos fraudulentamente incluyeron un utilitario, un cuatriciclo, un sommier y un sillón cama. A pesar de la naturaleza engañosa de sus transacciones, el joven logró evadir inicialmente las sospechas al presentar comprobantes de pago ostensiblemente legítimos. Sin embargo, las irregularidades en los pagos comenzaron a salir a la luz cuando, en varios casos, las transferencias electrónicas de dinero nunca se realizaron y los comerciantes engatusados se quedaron sin sus bienes.
Este patrón de estafa comenzó a materializarse en mayo de 2019, cuando Abatedaga, haciéndose pasar por un tal Sebastián Cáceres, compró un cuatriciclo valorado en $97 mil. Implementando técnicas similares durante la pandemia, en octubre de 2020, extendió su cadena de delitos presentándose bajo el alias de Martín Nahuel Cáceres para adquirir un vehículo Renault Kangoo. Una vez más, exhibió un comprobante falso de una transferencia electrónica que nunca apareció en las cuentas de los comercios destinatarios.
El juicio evidenció que el acceso a diversos bienes materiales era una motivación central para los actos fraudulentos. Además del cuatriciclo y el vehículo utilitario, Abatedaga también obtuvo un conjunto de mobiliario, transformándose sus embustes en incentivos materiales que evidenciaron los peligros del exceso de confianza en transacciones digitales.
Si bien Abatedaga rechazó las acusaciones durante el juicio, las evidencias presentadas en el tribunal fueron suficientes para que la jueza Inés Olmedo lo declarara culpable de los delitos imputados. Finalmente, recibió una condena de tres años de prisión, aunque le fue concedido el beneficio de una reducción de pena por buena conducta. Esto significa que a cambio de cumplir con estrictas condiciones de conducta, como fijar una residencia permanente y mantenerse bajo supervisión oficial, puede evitar cumplir la totalidad de la sentencia tras las rejas. Se ha comprometido también a no entrar en contacto con sus víctimas y a mantenerse alejado de los problemas con la ley bajo la amenaza de cumplir la totalidad de su pena si viola estos requisitos.
