Ante las reiteradas consultas recibidas en el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), el municipio reitera a la población que el ente no tiene ningún tipo de convenio o acuerdo con la Cooperativa EBEN EZER ni con ninguna SAS vinculada.

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Desde el municipio aclararon que si bien el IMTVHS ha mantenido reuniones de trabajo con la entidad, aún no se ha firmado ni asumido ningún compromiso por parte del organismo. “En caso de que se firme algún compromiso o acuerdo, se dará a conocer a través de los medios de comunicación oficiales” agregaron.

Además aclararon que cualquier información que sugiera lo contrario es “incorrecta y no refleja la realidad del trabajo del ente autárquico municipal”.

Ante la posibilidad de estafas, informaron que ningún pedido de adelanto de dinero puede ser solicitado en nombre del trabajo conjunto con el organismo municipal.

“En este sentido, el IMTVHS reitera su compromiso con la transparencia, claridad y publicidad de todos nuestros actos y procesos administrativos en la generación y asignación de tierras”.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier duda o consulta, se realice directamente a través de los canales oficiales.

Durante la gestión municipal anterior se emitió una resolución que se mantiene vigente y que prohíbe esta actividad. A raíz de esto, es que el municipio realiza controles e infracciones permanentes a quienes brindan el servicio.

Este año, la discusión se trasladó al Concejo Deliberante, que ahora pidió al Ejecutivo que elimine dicha resolución, para comenzar a trabajar en una normativa que regule (o no) la actividad.

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El Cordillerano dialogó con el director de Tránsito del municipio, Carlos Catini, quien remarcó que la ley nacional vigente para el traslado de personas y el decreto reglamentario 779/95, prohíbe la actividad y sólo habilita a los taxis y remises a brindar este tipo de servicios.

El funcionario subrayó que para poder conducir un vehículo que traslade pasajeros, el conductor debe poseer el carnet profesional categoría D1 hasta 8 plazas, que no es el “común” que tiene cualquier persona habilitada a manejar.

Asimismo, el vehículo deberá contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el seguro correspondiente, que también tiene una característica diferente a la obligatoria para cualquier rodado particular. Y por último, como se trata de una actividad comercial que se desarrolla en la ciudad, se requiere de una habilitación municipal que permite desarrollar la actividad económica. Sin embargo, no hay norma que legalice esta práctica.

“Paralelamente a eso hay un tema de seguridad para los pasajeros. Más aún en una ciudad con turismo internacional, con climas y topografías especiales, por lo que si no hay control sobre esas unidades como sí los hay cada seis meses sobre taxis y remises, cómo garantizamos la seguridad de un turista, por ejemplo, cuando un vecino lo busca en el Aeropuerto. Nadie sabe cómo está el seguro, los frenos, si tiene las cubiertas adecuadas, por eso siempre es necesario un adecuado control”, enfatizó Catini.

En esa línea, el director de Tránsito responsabilizó a un concejal, “que dijo que si se podía trabajar de Uber y que solo no pagaba impuestos. Entonces, se generó una confusión, ahora la gente piensa que lo puede hacer, y esto genera confusión y violencia”. Sin mencionarlo, Catini se refirió al edil Tomás Hercigonja.

“Hoy por hoy, el servicio no está habilitado. La discusión no es si o no a las aplicaciones, el tema es quien las usa. La única aplicación registrada en la Argentina es Cabify. Pero Uber no está registrado. En Buenos Aires Uber funciona ilegalmente, a diferencia de Cabify que si está habilitada y funciona como una agencia, entonces se habilita el que puede, por eso tienen publicidad en todos lados, como en los partidos de fútbol”, aclaró.

Finalmente, consultado acerca de cómo en otros puntos del mundo, estas aplicaciones, especialmente Uber funcionan con total legalidad y normalidad, respondió: “en el resto del mundo funciona, pero porque la legislación es diferente. Claramente, en Estados Unidos, por ejemplo, no podrían trabajar de forma irregular si la ley no se los permitiera. Por eso, para habilitarlo, es necesario cambiar la normativa vigente en nuestro país”, concluyó.