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Política y Economía

Confirman que Milei enviará la “ley ómnibus” tras la asunción: los detalles siguen en reserva y emergen los límites políticos

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El presidente electo Javier Milei tiene seis días para pulir el proyecto de “ley ómnibus” que enviará al Congreso (Anita Pouchard Serra/)

Las versiones sobre el contenido y los detalles de la “ley ómnibus” que prepara Javier Milei se multiplicaron este fin de semana. Y los rumores se estiraron tanto al punto de anticipar que van a proponer eliminar las elecciones de medio término, un régimen establecido en la Constitución Nacional. Tal y como anticipó Infobae el viernes, hasta hoy lo que se sabe y está confirmado es que el futuro presidente contará los detalles del paquete de reformas y, al día siguiente, lo enviará al Congreso para su debate en sesiones extraordinarias.

La iniciativa parlamentaria -inédita en su contenido, por su dimensión y los temas a tratar- se verá afectada por los límites políticos que emergieron a partir de la decisión del futuro presidente de recostarse en los propios para la presidencia provisional del Senado y para Diputados. Esa definición dejó heridos en el campo peronista y en el macrismo, con los cuales los libertarios habían negociado un acuerdo político que incluyera la conducción de las cámaras y el compromiso en juntar mayorías para sancionar las leyes.

El elegido por Milei para presidir la Cámara alta, el senador formoseño Francisco Paoltroni, habló hoy sobre el mega proyecto en el que el nuevo jefe de Estado va a jugarse, de entrada, mucho de su capital político. “Está confirmado. Nuestro Presidente lo va a anunciar el día 10 de diciembre y el 11 lo va a mandar a la Cámara. Es lo primero que tenemos que salir a resolver para que empiece a bajar la inflación para generar los indicadores necesarios y que el país arranque”, explicó en una entrevista radial.

De todos modos, no pudo dar precisiones sobre el contenido y los detalles de la “ley ómnibus”, debido a que son definidos por un pequeño grupo que integran, además del futuro presidente y de su hermana, Karina Milei, algunos ministros que, por separado, diseñan sus planes y propuestas y son revisados, luego, por un equipo de técnicos de ultra bajo perfil. Lo cierto es que llevan sus ideas para la “ley ómnibus”, que en los hechos funciona como un plan de gobierno, y no saben si lo que llevaron será o no tenido en cuenta.

En las tareas de elaboración y recopilación de propuestas están las principales espadas del próximo gobierno, entre ellos Nicolás Posse (Jefe de Gabinete); Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Francos (Interior) y Diana Mondino (Cancillería). Y de manera autónoma, el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que trabaja en dos aspectos claves: la reforma o achique del Estado y la eliminación de múltiples trabas y regulaciones.

La Asamblea Legislativa de la semana pasada, cuando se proclamó a Milei y Victoria Villarruel como presidente y vice electos
La Asamblea Legislativa de la semana pasada, cuando se proclamó a Milei y Victoria Villarruel como presidente y vice electos (Congreso Argentina/)

En el megaplan figuran achicar la cantidad de ministerios, secretarías, direcciones y otras dependencias públicas y desvincular cargos políticos para desburocratizar el Estado -más como señal que como una medida que impacte en la macro- abrir la economía, avanzar con desregulaciones, cambios en las tarifas y en el régimen cambiario, la habilitación de privatizaciones, una incipiente modernización laboral. El fin de semana tomó volumen la alternativa de un blanqueo. Pero la “madre de todas las batallas”, en la que Milei está poniendo mucho el foco es en encontrar una solución para el enorme volumen de pasivos remunerados del Banco Central, sean Leliq, pases, u otros instrumentos financieros que tienen una dimensión descomunal.

Aunque la semana pasada había trascendido que la “ley ómnibus” de Milei tenía 500 páginas, al menos dos fuentes admitieron que tiene varias miles. Una epopeya para un Congreso que este año terminará con su nivel de actividad más bajo en décadas.

Después de lo anticipado en la madrugada del viernes por Infobae y de las últimas versiones que trascendieron en los diarios este domingo, desde el entorno de Milei salieron a aclarar que todo está bajo análisis y que recién el domingo próximo el presidente recién asumido le dirá a la población el estado del país y su propuesta de solución. El presidente se fastidia cuando se conocen públicamente decisiones que quiere mantener en secreto. Muchos de los cargos principales del gobierno están vacantes por el celo en que no se rompa la reserva.

Límites políticos

“Ley por ley”. La definición que dieron en el seno del bloque PRO sobre lo que van a hacer ahora que Milei decidió optar por un libertario y no por un acuerdo político general con la fuerza de Mauricio Macri, enrareció el clima y le agregó una incertidumbre que no estaba la semana pasada. Es que el presidente necesitará de una dinámica y un compromiso de las fuerzas parlamentarias para debatir y sancionar rápido la “ley ómnibus” que mandará el futuro presidente al Congreso.

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Desde el peronismo también podrían aparecer límites que antes no estaban definidos. El kirchnerismo, si bien se pronunció a favor de que los libertarios ocupen las presidencias de las cámaras, lo hizo más en contra del PRO y del peronismo anti K que para congraciarse con La Libertad Avanza. Se espera que desde la marca que sucederá a Unión por la Patria no habrá un apoyo para debatir rápido una “ley ómnibus” tan amplia, por lo que la suerte de su aprobación estará más del lado de los gobernadores.

Los peronistas orgánicos ahora serán sólo cinco -Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Catamarca, La Pampa- un colectivo al que se agrega Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que no son PJ, pero que siempre actuaron políticamente en ese grupo. Están los que hoy son oficialistas, pero el lunes que viene “recuperaran independencia”, como Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro. Y están Córdoba, y los diez distritos que gobierna Juntos por el Cambio.

La alternativa que buscará La Libertad Avanza para aprobar esa “ley ómnibus” podría ser la de negociar con los gobernadores más necesitados de recursos para garantizar su supervivencia financiera. Será la misión del ministro Francos rastrear dónde están los votos necesarios para aprobar las reformas. En Diputados necesita llegar de los 38 que tiene LLA, a 129, por lo menos. Y en el Senado, de sólo 7 propios a los 36 que necesitará para que su primer proyecto tenga luz verde.

Política y Economía

El impacto en las inversiones de utilizar a la energía como botín de negociación política

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Imprevisibilidad e inseguridad jurídica son dos términos que no figuran en ningún manual del buen inversor. La puja entre los gobernadores petroleros y las amenazas cruzadas con el Gobierno no sólo sumaron incertidumbre al sector, sino que plantea de fondo un problema político y fiscal con un sistema de coparticipación que viene crujiendo en los últimos 25 años.

Luego de una semana de fuego cruzado con advertencias por parte de los gobernadores patagónicos de cortar la producción petrolera, denuncias judiciales y presentación de documentos por parte del Gobierno sobre la deuda chubutense, los mandatarios provinciales llamaron a una mesa de diálogo, acompañados por una resolución judicial que suspendió las retenciones a la provincia de Chubut.   

El punto de la discordia se inició cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de la frustrada Ley Ómnibus, advirtió que suspendería las exportaciones de crudo y gas si Nación no enviaba las partidas presupuestarias. El reclamo apuntaba a los $13.500 millones en concepto de fondos de coparticipación federal. 

Entre dimes y diretes finalmente el Gobierno acató el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y de esta manera intentó poner paños fríos al conflicto y finalmente le giró los fondos para el transporte, en el marco de la polémica por la coparticipación.

No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia ya advirtieron que el Gobierno nacional presentará “a la brevedad” un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, a raíz del fallo judicial que hizo lugar al pedido de Chubut.

La amenaza del Gobierno chubutense de cerrar el grifo a la producción y exportaciones de hidrocarburos tuvieron al principio cierto apoyo del resto de los gobernadores patagónicos, pero con el pasar de las horas ese respaldo se fue diluyendo porque técnicamente y jurídicamente la medida era inviable. 

Hoy Chubut produce más del 25% del total del crudo y 10% del gas a nivel nacional, y además posee yacimientos convencionales que requieren de técnicas asistidas de producción que no pueden ser suspendidas.

Los primeros en hacerle llegar el mensaje al mandatario provincial fueron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y Marcelo Rucci, titular del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quienes desde un primer momento aseguraron que la actividad no iba a parar en Vaca Muerta.

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Consultado sobre este conflicto, Daniel Montamat, consultor y ex secretario de Energía de la Nación, señaló que “las provincias detentan el dominio originario de los yacimientos de petróleo y gas, según el artículo 124 de la Reforma del 94” pero “para que el petróleo y el gas dejen de ser recursos potenciales y se transformen en reservas explotables hay que hacer ingentes inversiones en exploración, desarrollo y explotación”. 

Y explicó que por eso, los Estados provinciales convocan inversores en Argentina bajo un régimen de contratos de concesión. “Estos contratos viabilizan la inversión y le otorgan a la empresa concesionaria el dominio útil del recurso explotado. El petróleo y el gas producido pertenecen al concesionario que puede disponer de ellos libremente para refinarlos o comercializarlo. La provincia no obtiene ningún ingreso mientras el dominio originario no se transforme en dominio útil. El petróleo y el gas bajo tierra pueden seguir durmiendo el sueño de los tiempos sin transformarse en recurso productivo”, dice.

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“La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar”, dice Gerardo Rabinovich

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Sin embargo, Montamat aclaró que cuando el inversor los explota la provincia se beneficia apropiando parte de la renta del recurso natural (regalías, Ingresos Brutos, coparticipación de Impuesto a las Ganancias). Si el Gobierno provincial bloquea la explotación rompe las reglas y avasalla el dominio útil. Es un acto ilegal. Además de las consecuencias reparatorias del daño y las posibles derivaciones penales, disuade a potenciales y nuevos inversores a enterrar capital en determinada provincia. 

“Pero la provincia también perjudica su caja porque deja de apropiar renta. Por último, el bloqueo puede traer consecuencias operativas a la explotación. En definitiva, el principal perjudicado de un bloqueo productivo es el dueño del dominio originario, la propia provincia”, subrayó.

En opinión de Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Mosconi (IAE), “este episodio se ha desencadenado por amenazas sin sustento y respuestas provocadoras y destempladas”.

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“La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar. El objetivo del millón de barriles / día en 2030 en crudo y 200 millones de m3/día de gas sigue firme mientras los precios internacionales sigan atractivos”, dijo.

En ese sentido, consideró que “ni las provincias ni la Nación están interesados en alterar este rumbo. Ninguna es dueña del botín con el que pretenden negociar del momento que las áreas están concesionadas y pocas empresas (YPF, PAE, Vista Total y Tecpetrol) concentran entre ellas el 75% o 80% del mercado. Creo que solamente una profunda crisis institucional podría alterarlo, y por el momento no parece que esto fuera a suceder”.

Desde el punto de vista técnico, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, calificó muy complejo el cierre de la producción y exportación ya que podría ser muy perjudicial para los intereses económicos de la misma provincia.

“No parece muy viable ya que la explotación de los yacimientos la llevan a cabo los privados que tiene derecho a la libre disponibilidad de esos hidrocarburos una vez que son extraídos del subsuelo, donde rige la ley del dominio originario provincial, pero al estar concesionados son las propias empresas las que hacen usufructo de dicha producción”, destacó.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El Instituto de Energía de la Universidad Austral también fijó su postura sobre el tema. “Desde el punto de vista legal es imposible que Chubut corte con el suministro de petróleo y gas. La provincia estaría estableciendo una especie de aduana interior al no permitir la salida de los hidrocarburos, petróleo y gas de su territorio”, dijo su director, Francisco Romano.

Y sostuvo que “este tipo de acción directa no es factible desde un punto de vista legal. El Estado Nacional fija la política, mientras que la provincia es la dueña del recurso. Y como dueña, otorga derechos a empresas para la exploración y la producción. Esos derechos implican que la empresa es dueña del petróleo producido y entonces tiene la libre disponibilidad: puede venderlo y puede sacarlo del territorio”.

En esta línea, Romano planteó un interrogante: “Si nos quedamos sin petróleo, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a importar y esto significa un costo enorme para el país. Justamente va en contra de todo lo que se está haciendo en todos estos años, donde la Argentina lo que busca es la autosuficiencia y el autoabastecimiento en materia energética. Definitivamente, esta situación que hoy está generando la provincia de Chubut es muy mala para el país, para la economía general y para la seguridad jurídica”.

Desde un análisis más económico, el economista Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, resaltó que la medida no debería impactar con mucha fuerza específicamente al sector de la producción y de la fractura y perforación, que requieren desembolsos de relativa rápida recuperación. Pero sí afecta a las áreas de inversión que requieren horizontes de expectativas más largos, específicamente infraestructura de logística interna y de exportación.

Y remarcó: “Desde el costado inversor hay buenas expectativas en términos del potencial del sector gas y petróleo. El ajuste de la brecha y la desregulación de la exportación son bien recibidos. Pero para ser una realidad de mediano y largo plazo necesitan disiparse cuestiones centrales como la sustentabilidad política y social del plan económico”.

Ahora con la tregua de por medio, los gobernadores patagónicos dejaron a un lado las diferencias con el presidente, y lo invitaron a la cumbre prevista para el 7 de marzo en Puerto Madryn, donde se debatirá sobre la agenda productiva de la región. Pero antes, el primer mandatario inaugurará este viernes las sesiones ordinarias ante un Congreso que a estas horas aún no sabe si el discurso acercará las partes al diálogo o al enfrentamiento.

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Gobierno critica paro docente calificándolo de “inaceptable, polémico y preocupante”

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El Gobierno del presidente Javier Milei arremetió nuevamente contra los docentes este jueves, tras una infructuosa reunión en la que se discutían los reclamos salariales en la paritaria nacional docente. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno, los gremios convocaron a un paro nacional para el próximo 4 de marzo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no ahorró críticas y calificó la medida de fuerza como “inaceptable, polémica y preocupante”. Sin embargo, no se limitó solo a los docentes, sino que también apuntó contra el referente de los Camioneros, Pablo Moyano. “Es parte del pasado, de una dirigencia sindical que le hizo mucho daño a la Argentina”, disparó Adorni.

Las declaraciones de Adorni generaron polémica y rechazo por parte de los líderes sindicales, quienes denunciaron la falta de respuestas por parte del Gobierno en materia salarial. Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT, expresó su preocupación por los bajos salarios de los docentes y la falta de aportes.

Romero calificó la reunión con el Gobierno como una “pérdida de tiempo” y denunció la falta de propuestas por parte del Gobierno. Además, aseguró que el secretario de Educación carece de autonomía de gestión y que esta situación los obligó a tomar la decisión de llevar a cabo el paro.

Los gremios docentes, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), reclamaron un aumento del salario mínimo docente y la garantía de continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Hasta el momento, no han recibido respuestas por parte del Gobierno.

La situación se torna cada vez más tensa entre el Gobierno y los docentes, quienes ven en el paro una necesidad para hacer valer sus reclamos. Mientras tanto, el debate sobre la calidad educativa y el salario de los docentes parece alejarse cada vez más de una solución y la incertidumbre reina en las aulas del país.

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En la previa del inicio de sesiones, un legislador oficialista señaló que Milei “debería mirar el ejemplo de Río Negro”

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La Legislatura rionegrina modificó el horario de la apertura de sesiones ordinarias que había sido anunciado a principio de semana para las 8 de la mañana. Será a partir de las 15. Una hora más tarde hablará Alberto Weretilneck con un discurso contextualizado en la puja política gobernadores patagónicos – presidencia. 

Este jueves el legislador y mano derecha del mandatario en el parlamento rionegrino, Facundo López, indicó que “será la oportunidad en que el Gobernador  planteará los ejes de gestión, pero seguramente hará hincapié también en el actual panorama nacional”.

“Lo que se debe buscar no es ir al agravio o con la soberbia de imponer, sino buscar los consensos y seguramente desde ese lugar será el discurso del Gobernador Alberto Weretilneck, indicando cómo hemos construido este Río Negro actual y creo que el método rionegrino debe ser utilizado y replicado a nivel nacional”, explicó en Canal 10.

En este sentido, el Jefe de bancada, expresó: “me parece que el Gobierno Nacional no está entendiendo eso, sino que está generando una centralización y haciendo una república cada vez más chiquita, el no respeto a las instituciones y a los cargos públicos electivos, porque los gobernadores sean o no del mismo signo político que el gobierno nacional fueron elegidos de manera legítima, tienen representación legítima y representan a una provincia, por lo que deben defender los intereses de su gente”. 

La última vez que Weretilneck se dirigió al conjunto de legisladores provinciales fue el último 10 de diciembre. Allí había planteado que el objetivo del gobierno era lograr consensos que le permitan gobernabilidad. “Todos tenemos que fortalecer la identidad rionegrina, aspiremos siempre al orgullo rionegrino”, sostuvo en aquella oportunidad.

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