Política y Economía
Cristina Kirchner presentó un escrito por el régimen de visitas: “Exclusión arbitraria”
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar las decisiones del Tribunal Oral Federal N°2 sobre las condiciones de su detención domiciliaria.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina y actual titular del Partido Justicialista, ha expuesto públicamente su descontento respecto a las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N°2 en términos del régimen de visitas associado a su detención domiciliaria. Tras anteriores controversias sobre su confinamiento, incluyendo la implementación de una tobillera electrónica y ciertas restricciones de movimiento dentro de su hogar, la polémica actual aborda las limitaciones para recibir visitantes.
Utilizando sus redes sociales, Fernández de Kirchner expresó que sólo puede recibir visitas de su núcleo más íntimo ”su familia inmediata, sus abogados, y sus médicos”. Cualquier otra conexión personal, ya sean amigos cercanos o conocidos, debe someter una solicitud formal al tribunal, esperando posteriormente una autorización oficial. “Este sistema resulta inusitadamente arbitrario”, comentó la expresidenta, añadiendo que se trata de una norma excepcional que socava sus derechos tanto civiles como políticos.
Estas recientes condiciones surgen junto a su inhabilitación para ocupar cargos públicos, una ordenanza ratificada por la Corte Suprema de Justicia como parte de su sentencia en la causa ‘Vialidad’, que además incluye una sentencia de seis años de prisión. Fernández de Kirchner ha señalado repetidamente la percepción de que estas normas y restricciones parecen diseñadas específicamente en su contra, sugiriendo incluso la existencia de un “código procesal único” aplicable únicamente a su persona.
La defensa de Kirchner, a través de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ha solicitado al tribunal una revisión de estas directrices con el argumente de que violan los derechos inherentes a cualquier persona, ya sean civiles o políticos. Sin dicha revisión, plantean la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema, e incluso a foros internacionales de derechos humanos, argumentando que se trata de una infracción clara a los derechos garantizados por la Constitución.
Según los abogados defensores, el principal problema radica en la falta de claridad sobre cuál es el propósito detrás de este régimen restrictivo, ni bajo qué criterios se legitima o invalida la autorización de las visitas. Esta falta de claridad podría resultar, según asegura la defensa, en praxis discrecionales que carecen de coherencia jurídica.
El recurso presentado insiste en la premura de una decisión explicativa y transparente en tanto evitar “agravios específicos” a la exmandataria, ofreciendo también una argumentación robusta sobre el derecho al libre contacto en contextos de detención domiciliaria.
