Ambas partes apelaron el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.
En un contexto de alta tensión judicial, la Causa Vialidad sigue generando un sinfín de controversias y provocando distintas reacciones en la opinión pública. Recientemente, ambos sectores involucrados han decidido apelar el fallo condenatorio de la Cámara Federal de Casación Penal relacionado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este proceso se remonta a noviembre pasado, cuando se ratificó su condena a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por presunta defraudación al Estado.
El fiscal Mario Villar, al frente del proceso acusatorio, ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la tesis de la fiscalía, buscando ampliar la pena original de seis a 12 años, en un intento por incluir el cargo de asociación ilícita. Esta acción busca subrayar la gravedad de los cargos imputados y reflejar el nivel de supuesta sistematicidad en las irregularidades cometidas bajo la administración de Kirchner.
En contraposición, el abogado de la defensa, Alberto Beraldi, ha optado por elevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia en busca de una absolución, argumentando que las pruebas contra la exmandataria carecen de sustancia probatoria directa. La tensión latente entre fiscalía y defensa podría desembocar en una ámbito judicial inédito si se concede el paso del caso a la máxima instancia judicial, dado que las apelaciones presentadas en el último minuto definirán la trayectoria futura del caso.
En medio del embate legal, la Cámara de Diputados avanza con el proyecto de ficha limpia, una legislación que planea evitar que aquellos con sentencias condenatorias cuenten con la capacidad de postularse a cargos electivos. De avanzar favorablemente, este proyecto podría marcar el destino de las futuras aspiraciones políticas de Fernández de Kirchner en las elecciones de 2025, según sostienen analistas políticos.
Las votaciones anteriores han gravitado en torno a un complejo sistema de contradicciones, donde las figuras involucradas en la causa están obligadas a revisar sus estrategias. La Corte Suprema, ahora con tres miembros debido a una reciente jubilación, se prepara entrevistar posibles candidatos para completar la estructura del tribunal superior, situación que agrega un matiz extra de incertidumbre al proceso apelativo.
