Tras la salida del gabinete de Omar Gutiérrez de los funcionarios Adrián Urrutia y Ernesto Seguel, denunciados por acoso y abuso sexual, el gobierno presentó un protocolo de violencia laboral de aplicación obligatoria para quienes se desempeñen en el Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados de Neuquén. La Colectiva Feminista La Revuelta y el servicio de asesoramiento legal e integral Socorro Violeta presentarán mañana un reclamo administrativo, en el que marcan serias falencias en el abordaje y piden su modificación.
Se enumeraron una serie de aspectos problemáticos del protocolo. Uno de ellos es que no fija ningún tipo de régimen sancionatorio. Esto, afirmaron las activistas, constituye una clara violación a las directivas establecidas, por ejemplo, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención de Belem do Pará.
A la vez las estructuras creadas para implementarlo-la comisión de prevención de la violencia laboral, que funcionará en el ámbito de la jefatura de Gabinete, y la oficina de intervención laboral dependiente del ministerio de Economía – son parte del Poder Ejecutivo.
«Concretamente no resulta ni serio ni efectivo un esquema de conformación y funcionamiento de los órganos de aplicación en el cual el sujeto controlado seleccione al sujeto controlante y donde además el sujeto controlado tenga la potestad de destituir al controlante a su mero arbitrio, siendo evidente que ese esquema está más bien destinado a justificar las formas de ejercicio del poder del gobernante de turno que a garantizar la legalidad», plantearon en el reclamo administrativo.
El protocolo específicamente indica que no estarán contempladas en el procedimientos situaciones tales como exigencias organizacionales, estrés laboral y síndrome de agotamiento profesional.
«Estas exclusiones resultan absolutamente insólitas, dado que supuestamente se trata de un protocolo cuya finalidad es la de erradicar, prevenir y sancionar situaciones de violencia y acoso y no de excluirlas de manera anticipada», aseguraron.
Agregaron que estas son «formas clásicas de violencia laboral acoso y/o sus consecuencias en el ambiente de trabajo y el “protocolo” es en este sentido, un burdo intento por invisibilizarlas».
Señalaron que la exclusión «constituye una forma colectiva e institucional de violencia (el “protocolo” genera violencia), dado que impide la protección debida frente a situaciones que claramente pueden y suelen instituirse como formas de acoso o persecución, generando impunidad respecto de sus perpetradores».
En cuanto a la confidencialidad del trámite, resaltaron que esto puede traducirse en una suerte de impunidad ya que la persona agresora puede aprovechar el «anonimato y el secreto» para continuar ejerciendo violencia.
«Si esta circunstancia se complementa con la inexistencia de órganos imparciales, con la exclusión apriorística de situaciones de violencia y con la inexistencia de sanciones, el resultado es que el “protocolo” sancionado no solo no es útil a los fines proclamados, sino que además es una propicia herramienta para incrementar la violencia en el ámbito del trabajo y favorecer su impunidad e invizibilización», concluyeron las activistas.
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