Policiales y Judiciales
Cumplió condenas por violación, reconoció nuevos abusos y otros delitos: podían darle 21 años de cárcel pero le dieron 3
Gabriel Alejandro Hernández es conocido por la Justicia desde que era menor de edad. Admitió haber abusado a dos menores de su entorno y varios delitos más en un juicio abreviado. Aunque podrían haberle dado una pena de hasta 21 años de prisión, le dieron solamente 3, por pedido de la fiscalía.
Hernández ingresando a tribunales para ser juzgado por violar a dos jóvenes. (Foto archivo)
Tiene 40 años y varias condenas previas por delitos sexuales, y admitió haber cometido ocho delitos nuevos. Como parte del acuerdo le dieron tres años de prisión a pedido de la fiscalía, que podría haber pedido hasta 21 años de cárcel. La defensa, con insólitos argumentos pidió apenas 6 meses de condena.
“Comegatos”, tal como fue conocido desde niño, aceptó haber cometido tres hechos de abuso sexual simple contra dos menores distintas de su entorno familiar, haber amenazado a su expareja en dos ocasiones y haber quebrantado una orden judicial en tres oportunidades. Con ese concurso de delitos el sujeto podría haber sido condenado con una escala penal aplicable al caso de entre 6 meses y 21 años de prisión, pero a cambio de su confesión la fiscalía acordó no pedir más de tres años de prisión y así lo efectivizó, impidiendo al juez actuante imponer una pena mayor.
Según la sentencia intervinieron en el caso los fiscales César Lanfranchi -actualmente juez de Garantías-, Gerardo Miranda y Rosario Carballo, quienes acusaron al sujeto por diversos hechos que fueron investigados en legajos judiciales distintos, pero cuyo tratamiento en juicio fue unificado.
El primero hecho tuvo por víctima a una niña de su entorno familiar que para entonces tenía entre 11 y 12 años de edad y sucedió en el interior de un domicilio del grupo familiar de la víctima y el victimario, entre los años 2019 y 2021.
Otro hecho tuvo por víctima a otra niña de su entorno familiar, durante las celebraciones de navidad del 2020 y el inicio del año 2021. En el interior de su domicilio, el acusado agredió sexualmente a la niña de 7 años.
En otro legajo lo acusaron por haber violado la restricción de acercamiento a otra mujer con la que mantuvo una relación de pareja. Sucedió en enero de 2023. En otro legajo le atribuyeron otro hecho similar ocurrido un mes después, que incluyó amenazas y en otra investigación fue acusado por la misma desobediencia, cuando interceptó a la mujer en la vía pública y la amenazó de muerte.
Tras un acuerdo parcial de juicio abreviado en el que el acusado siguió el consejo de la defensora particular Ana Vera, y se declaró culpable por todos los delitos, se realizó el juicio de cesura para fijar la pena. En esa instancia, el fiscal Miranda destacó que al momento de acordar la confesión del acusado, se estableció que la pretensión punitiva no superaría los tres años de prisión, por lo que solicitó esa pena pese a evaluar que “la mayoría de los agravantes” previstos por la norma se hallaban reunidos en el caso.
También destacó el fiscal en su alocución que el sujeto ya había sido condenado por varios hechos de abuso sexual con acceso carnal y que incluso las condenas fueron unificadas en una pena de 10 años de prisión, ya cumplida, sin que ello haya servido para que el sujeto “entendiera o internalizara la gravedad” de su conducta.
No obstante lo anterior, la fiscalía encontró como atenuante que se trataba de un hombre trabajador, de carácter “sumamente persuasivo”, ya que “a pesar de los antecedentes sus amigos lo consideran una buena persona”.
Concluyó Miranda en su alegato que “La fiscalía limitó su pretensión en el acuerdo parcial. No es la más justa pero la que corresponde es la de 3 años de prisión y declaración de segunda reincidencia”, solicitando además se extienda la prohibición de acercamiento a las víctimas hasta que la sentencia quede firme, manteniendo el acusado su libertad.
La defensora Ana Vera, en cambio, pidió el mínimo de la escala penal aplicable al caso, de 6 meses de prisión, asegurando que “está convencida de la resocialización de la gente. Hay personas que cambian”.
El juez Sergio Pichetto que intervino en el caso y declaró la culpabilidad del acusado, recordó que “la pena está orientada a la resociabilización del condenado, pero también hay un aspecto o contenido retributivo que tiene que ver con la magnitud del injusto y la culpabilidad del acusado” y más allá de remarcar que el máximo previsto para la escala penal supera ampliamente el monto de 3 años que solicitara el acusador en su pretensión punitiva, recordó que los jueces “no pueden establecer una pena superior a la solicitada por la acusación”.
La historia de Hernández
En julio de 2007, la Cámara Primera del Crimen le impuso nueve años de prisión por la violación de dos chicos de 11 y 14 años de edad. Los jueces entendieron que el acusado atraía a los chicos a su casa al facilitarle el acceso a videojuegos, y les exhibía revistas y películas pornográficas y les ofrecía bebidas alcohólicas.
En la acusación que había elaborado la entonces agente fiscal Mirta Siedlecki, se apuntó que a fines de diciembre de 2006, aprovechando que su concubina y su hijita no estaban en su domicilio, Hernández invitó a los menores a su casa y después de suministrarles una mezcla de bebidas alcohólicas les exhibió revistas y películas pornográficas, y los obligó a practicarle sexo oral, amenazándolos con una réplica de revólver calibre 22. Después los accedió carnalmente obligándoles a presenciar los actos en que no participaban, y pretendió que mantuvieran relaciones entre ellos. Mientras ejecutaba estos actos había fotografiado y filmado a los menores con su teléfono celular.
En el caso se consideró probado que Hernández cometió cuatro hechos de violación con dos víctimas y a la hora de establecer el monto de pena que le correspondía cumplir, pesó en el análisis su historia personal. Había tenido una infancia truculenta.
Esa causa contra Hernández, volvió a poner su nombre en escena y rescató de la memoria el triste caso del chico Fernando Javier Zambrano, cuya desaparición fue denunciada el 26 de junio de 1994.
El menor, de solo 8 años de edad, había desaparecido aquel domingo por la noche y sus padres radicaron rápidamente una denuncia policial y se activó una desesperada búsqueda, de la que participaron familiares, vecinos y efectivos policiales.
Recién con las primeras luces del día siguiente, el cuerpo inerte del niño fue hallado en un estado espantoso. Había sido violado, masacrado y abandonado en un descampado ubicado junto al predio del Club Tiro Federal Bariloche, a metros de las calles Brown y Beschtedt, dejando una herida abierta para toda la vida en su entorno familiar.
En esa causa aparecieron enseguida varios nombres de niños y jóvenes de barriadas cercanas al lugar del hecho, quienes solían compartir largas horas de juegos y excursiones callejeras. Entre ellos aparecía el de Gabriel Alejandro Hernández, que era apenas un adolescente por entonces.
También se vinculó al hecho a Domingo Cayú, un joven con padecimientos mentales que terminó falleciendo en el Hospital de Allen varios años después y que también se vio involucrado en diversos expedientes judiciales.
Sin embargo, el único condenado por el atroz crimen fue Cristian García, quien también apareció ligado a varios legajos y que aún después de ser condenado, siguió negando su participación en el hecho y declamando su inocencia.
