Malas noticias para Daniel Ortega. Dante Mossi, su hombre en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no logró la reelección al frente del organismo, tras cinco años como presidente.

Este viernes, los miembros del organismo se reunieron en la LXIII Asamblea de Gobernadores en Punta Cana, República Dominicana y definieron poner fin a la era de Mossi, algo que él mismo confirmó en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Gracias Centroamérica y BCIE por estos casi cinco años! Acompañaré la transición al nuevo liderazgo que llegue en diciembre 2023!”.

El economista hondureño llegó al cargo en diciembre de 2018 y, desde entonces, sólo ha generado polémica con sus decisiones, con las que buscó satisfacer sus intereses personales y beneficiar a su círculo, sin importar los desequilibrios y las acusaciones externas.

Según su discurso, uno de sus principales objetivos era convertir al BCIE en el principal acreedor de centroamérica, acompañando el crecimiento y desarrollo de muchos de los países empobrecidos de la región.

Sin embargo, lejos de ello, Mossi optó por alinearse con regímenes como el de Juan Orlando Hernández -en Honduras-, Nayib Bukele -en El Salvador- y, principalmente, de Daniel Ortega y Rosario Murillo -en Nicaragua-.

Inclusive, gracias a este acercamiento, el economista fue bautizado “el banquero de dictadores”.

A su mando, el BCIE está acusado de haberse convertido en el principal soporte financiero de la dictadura sandinista y sus actos violentos y represivos, justamente en un momento en el que la comunidad internacional le dio la espalda tras las protestas de 2018.

Este vínculo llevó a que el 26% de las operaciones del organismo estén destinadas solamente a Nicaragua -cuya población es menor a la de Guatemala y Honduras-, lo que se traduce a unos 3.500 millones de dólares invertidos en el país. A ello deben sumarse los USD 403.5 millones aprobados en 2022, de los USD 1871.6 millones destinados a la región.

Parte del dinero se utilizó, por ejemplo, en la construcción de una sede del BCIE en Managua, cuya obra costó 16.5 millones de dólares, aunque según expuso en un artículo Ryan C. Berg, investigador principal del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), la Policía Nacional nicaragüense también fue una de las más beneficiadas por estos desembolsos.

Berg comprobó que en los años de mayor influencia del banco en el país centroamericano, el presupuesto de las fuerzas de seguridad oficialistas creció a la par -en ocasiones, hasta se duplicó-. Gracias a esto, Ortega gozó cada vez de más recursos para operar sus principal brazo represor y sofocar a la sociedad.

“Mossi ha justificado sus préstamos al régimen Ortega-Murillo escudándose en tecnicismos”, agregó.

Su estrecha relación no es un secreto, sin embargo. En reiteradas oportunidades, Mossi ha respaldado a viva voz la dictadura sandinista y hasta ha calificado de “injustas” las sanciones que pesan sobre el matrimonio. En respuesta a ello, justificó las inversiones como parte de un mecanismo de “protección” que les permita hacer frente a estos castigos.

“Hay un régimen de sanciones que es injusto porque se acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso. Pero son las reglas del juego internacional. Entonces, lo que hace el BCIE es buscar mecanismos de protección, de cómo seguir proveyendo este financiamiento, sin violentar disposiciones internacionales”, explicó en ese sentido en julio de 2022 al periodista nicaragüense Marcos Medina.

Luego, al ser consultado por su postura, excusó su accionar a través del organismo al decir que “el BCIE no es una instancia de derechos humanos”. “Yo insistiría a las personas que tienen reclamos, validados o no, a que acudan a estas instancias para exponer sus casos”, agregó en lo que parece una burla, frente a las decenas de informes que avalan las violaciones en el país.

Organizaciones opositoras nicaragüenses han expresado su disconformidad con su dirección del organismo y su aval a las prácticas ilegales, con las que legitima los delitos y niega la crisis social.

Inclusive, Juan Sebastián Chamorro, uno de los presos políticos desterrados meses atrás, habló con El País y declaró que “cualquier banco” debería despedir al economista, sin necesidad de “sumar las consideraciones políticas”. “Aumentó los gastos administrativos un 30%, duplicó el gasto total, bajó la rentabilidad, las utilidades cayeron de 223 millones a 84 millones… claramente sólo por razones meramente de eficiencia y técnicas ese gerente debería salir”, dijo.

Las críticas por sus polémicos manejos llegaron, también, desde su propio país donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) responsabilizó a Mossi de “dirigir actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y las comunidades indígenas”.

En tanto, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció financiamientos a la Policía, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y el sistema penitenciario de El Salvador, donde la lucha contra las pandillas y el prolongado régimen de excepción, ha generado controversias por las condiciones inhumanas y la falta de garantías legales.

Como si esto no fuera poco, en noviembre de 2021, Ottón Solís Fallas, representante de Costa Rica en el BCIE, reveló abusos en la cúpula directiva. Los funcionarios, “nombrados a dedo”, gozan de salarios de USD 11.449 mensuales, sumados a bonificaciones que elevan sus ingresos casi un 65%, comentó.

Además, pueden solicitar asistentes y choferes privados, viajan en vehículos de lujo sin solicitar permiso y sin un posterior rendimiento de resultados, y tienen luz verde para realizar gastos ilimitados. “Parece el banco de una economía petrolera del Golfo”, concluyó.

Pero lo cierto es que los días de Mossi al frente del Banco han llegado a su fin y, ahora, Ortega deberá buscar un nuevo aliado que convalide sus acciones y se preste a financiar su aparato represivo.

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