El escrito lleva la firma de siete legisladores de Unión por la Patria y es patrocinado por el abogado Eduardo Barcesat.
En una decisión que ha causado revuelo en el ámbito político y jurídico de Argentina, diputados nacionales pertenecientes al bloque Unión por la Patria han elevado una denuncia penal en contra del presidente Javier Milei. La controversia surge a raíz de la puesta en marcha de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que acordaría obligaciones financieras del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este paso controvertido ha sido rubricado por legisladores tales como Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, y otros cuatro colegas, estando el proceso legal en manos del prestigioso abogado Eduardo Barcesat. La denuncia detalla que este Decreto de Necesidad y Urgencia es, a todas luces, una vulneración de los artículos rectores de la Constitución Nacional, citando específicamente aquellos que reposan sobre el manejo responsable de la deuda y el endeudamiento con entidades internacionales.
De acuerdo a los denunciantes, las acciones del presidente Javier Milei representan una práctica que sobrepasa los límites establecidos para la función ejecutiva, adjudicándole al Ejecutivo competencias que, por norma constitucional, corresponden al ámbito legislativo. Esta presunción de usurpación de funciones es calificada de grave, indicando que dicho proceder compromete tanto el marco institucional como la estabilidad democrática del país.
En concreto, los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional exigen la aprobación del Congreso para cualquier trámite de endeudamiento con organismos internacionales, un protocolo que este DNU estaría relegando a segundo plano. Por tales motivos, el grupo de legisladores ha solicitado la intervención de la Justicia con prontitud, instando a una suspensión oportuna y a la puesta en marcha de medidas cautelares que puedan frenar los efectos del polémico decreto.
En el mismo sentido, se destaca una fuerte crítica hacia el Fondo Monetario Internacional, al que se acusa de erigirse como un supuesto intérprete del texto constitucional argentino, algo que los diputados consideran inaceptable y que impugnan por completo. “Es inaceptable que un organismo externo quiera arrogarse tal potestad sobre nuestras leyes”, sentenció contundente el diputado Juan Marino.
La derivación legal de esta denuncia implica posibles cargos por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, según lo estipulado por el Código Penal. Todos estos elementos se engranan en un cuadro en que las actuaciones del gobierno están bajo el escrutinio del poder judicial, en espera de resolver un compás de incertidumbre acerca de un DNU que, de avanzar, podría tener profundas implicaciones para la relación entre poderes y la política económica del país.
