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Divergencias entre concejales por el cobro especial a empresas no radicadas en Bariloche

La comisión de Economía del Concejo Deliberante dio dictamen favorable el proyecto del bloque del Frente de Todos (FDT), que plantea exigir “un aporte especial” a empresas de comercio y servicios que tengan su domicilio legal, sede central o asiento principal de sus actividades fuera del ejido de Bariloche, pero que lleven adelante sus actividades en la ciudad.

La iniciativa impulsa la creación de un Fondo Fiduciario que está establecido en la Carta Orgánica Municipal para “atender las necesidades más urgentes”. Propone destinar el dinero a “la realización de obras o mejoramiento de infraestructura” en barrios donde habite población vulnerable y a la adquisición de equipamientos necesarios para el desarrollo de actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas.

Cabe mencionar, que la Cámara de Comercio local sugirió a los ediles que se rechace esta propuesta, para facilitar la llegada de inversiones a la ciudad, entre sus principales fundamentos.

En el debate legislativo del lunes, no hubo consensos, pero se consiguió el dictamen favorable de Economía. Desde ya, que el bloque impulsor de la propuesta lo votó de manera positiva, por lo que los ediles Marcelo Casas y Roxana Ferreyra apoyaron su avance. Tuvo también el aval del referente del PUL, Gerardo Del Río.

Al respecto, Ferreyra señaló a El Cordillerano que el proyecto parte del artículo 136 de la Carta Orgánica que habla del Fondo Fiduciario y que posteriormente hay una ordenanza que explica cómo se implementa. “Nosotros lo adecuamos a esta época, donde es necesario poner el debate sobre la mesa de que los grandes contribuyentes y que no tienen domicilio legal en la ciudad, como pueden ser las empresas de turismo estudiantil, hagan un aporte a quienes menos tienen”.

“Esto es como el impuesto a las grandes fortunas que plantea el presidente Alberto Fernández. Hoy necesitamos del aporte de todos, porque estamos en emergencia sanitaria, el municipio no está recaudando y necesitamos del aporte solidario de estos contribuyentes. Este fondo tendría impacto en obras que afecten a los sectores más vulnerados de la sociedad”, aclaró la edil.

Del Río, quien también votó a favor del dictamen positivo, indicó a este medio: “estamos en una situación muy complicada y con esto se le está pidiendo a las empresas que no están radicadas en Bariloche -como algunas multinacionales- que tienen una facturación muy grande, que tengan la posibilidad de acompañar este proceso, para que se pueda atender distintas necesidades”.

Reconoció que es un tema “complejo, porque generar un tributo o impuesto no sería lo más lógico, por eso sería bueno que avance para ver de qué forma va a quedar y si va a tener el acompañamiento de los bloques o no. Pero nosotros estamos convencidos, que en este contexto, lo más lógico es que los que más tienen deben acompañar, sino siempre pagan las crisis los trabajadores y la gente de bajos recursos”.

“Aunque también es cierto que hay que generar distintas garantías para que las empresas no piensen que es una locura venir a Bariloche. Hay que analizar si es un aporte por única vez o si queda de manera permanente, algo que se decidirá en la comisión de Gobierno y Legales. No queremos afectar al empresariado local ni generar inseguridad jurídica para la ciudad”, consideró.

Por su parte, los concejales oficialistas Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puente (JSRN), además de Pablo Chamatrópulos (POBAR) reservaron su dictamen.

Al respecto, Sánchez señaló a El Cordillerano que “por un lado está la cuestión coyuntural, que no es momento para ponerse a discutir un nuevo tributo para las empresas. Tenemos una mirada de que Bariloche tiene que ser un destino seductor para las empresas, por eso no ayuda que tengamos nuevos tributos. Podrían plantearlo más adelante. Pero también sabemos que durante muchos años estuvo este debate”.

El presidente del bloque oficialista añadió que (los concejales) “no tenemos la potestad de crear impuestos, y una tasa no es, porque no hay nada a cambio. Entonces el debate está dado sobre si es un aporte y si es solidario, porque si es obligatorio dejaría de serlo. Entendemos que hay que dar la discusión con profundidad, pero está claro que nuestra postura es que no queremos crear un nuevo tributo y no es el momento por la situación económica que estamos pasando, donde estamos creando medidas facilitadoras para comercios y empresas, moratorias y numerosas herramientas para que puedan subsistir este momento de crisis mundial”.

El Cordillerano dialogó también con Pablo Chamatrópulos quien expresó que votó en reserva, por una cuestión metodológica porque entiende que “antes de dar dictamen, es importante escuchar a los eventuales afectados en caso que la medida prospere. Sería poco responsable dictaminar sin escuchar al sector que se pretende regular”.

En términos generales, opina que le parece “inconveniente” la propuesta en varios aspectos. “El más importante de ellos, es en cuanto al mensaje.

En este momento la situación económica revista una gravedad de tal magnitud, que los distintos actores necesitan medidas, señales y herramientas que permitan sostener la actividad, no nuevos tributos y cargas. Si hay un sector que ha quedado menos afectado por la cuarentena, también está afectado por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores en general”, manifestó el concejal.

Y continuó: “ésta es una señal opuesta a la que necesitan los generadores de empleo, de valor”, al tiempo que comentó que propuso “abrir el diálogo”, considerando que hay empresas que han sido solidarias en esta crisis y que tal vez se puede lograr el mismo cometido del proyecto sin llegar a una imposición, sino que “se puede trabajar a través de la Responsabilidad Social Empresaria, donde tal vez encontremos empresarios dispuestos a una contribución o a una asistencia solidaria”.

Por su parte, Ariel Cárdenas, de Juntos por el Cambio, votó de manera negativa. El concejal comentó a este diario que a la iniciativa “le falta información y precisiones”. Entiende que no se sabe el número exacto de compañías a las cuáles se les cobraría este aporte y que “no hay que hablar con tanta liviandad cuando se trata de asfixiar a las empresas que hoy le están dando trabajo a la gente de Bariloche”.

Mencionó además, que no se llega a un acuerdo si es un impuesto, un aporte solidario o una contribución y que en Bariloche hay compañías nacionales o internacionales, pero que se afincaron mediante inversiones o franquicias locales y que nadie aclaró cómo se distingue a éstos del objetivo principal.

La propuesta pasó a comisión de Gobierno y Legales, donde se espera que sean citadas las cámaras empresariales y otros sectores.

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