Franco Martín Seguel y Carlos Iván Castro se declararon culpables por los delitos de lesiones y amenazas coactivas.
Todo sucedió en la celda 20 del Penal 3 de Bariloche.
Fue por los hechos que ocurrieron dentro de la Celda N° 20 del Penal 3 de Bariloche y que tuvieron por víctimas a otros detenidos que sufrieron diversas lesiones.
Los hechos investigados ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando los dos sujetos mencionados y un tercero identificado como Jonathan Almonacid -que se encuentra evadido de la prisión domiciliaria que cumplía y no participó del juicio-, propinaron una severa golpiza a los otros dos detenidos que compartían la celda del Penal.
El fiscal, César Lanfranchi, atribuyó a los sujetos la violenta golpiza a la que sometieron a Elcio Rojas y Gerardo Hueche. Les propinaron golpes de puño por todo el cuerpo y les provocaron cortes superficiales por toda su anatomía con una faca de fabricación casera. También les provocaron quemaduras con un artefacto eléctrico utilizado para calefaccionarse y llamaron a los familiares de las víctimas para pedirles que les transfieran dinero de inmediato.
Fue justamente a través de la intervención de la madre de uno de los detenidos, como la fiscalía tomó conocimiento de lo que sucedía puertas adentro del Penal y dio aviso al Servicio Penitenciario que en varias horas no había advertido la violenta escena que se desplegaba en la Celda 20, porque además se trataba de un día de visitas y el personal estaba abocado a garantizar la seguridad de las mismas.
Como saldo del suceso las víctimas sufrieron diversos cortes, golpes y quemaduras en todo su cuerpo, aunque a pesar de la enorme cantidad de lesiones, todas ellas fueron superficiales y catalogadas como de carácter leve.
Los defensores particulares Manuel Mansilla –por Castro Maldonado- y Jorge Pschunder –por Seguel-, adhirieron al pedido de homologar un acuerdo de juicio abreviado que planteó el fiscal Lanfranchi y aconsejaron a sus asistidos declararse culpables.
Fue así como el juez Joos debió limitarse a verificar la legalidad del acuerdo alcanzado y finalmente homologarlo, lo que implicó el dictado de la condena de tres años de prisión en suspenso para los dos acusados.
