La condena a la expresidenta quedará firme y no podría ser candidata en octubre.
La intrincada situación legal que enfrenta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha alcanzado un nuevo capítulo trascendental con el envío del expediente de su condena en la cuestionada “Causa Vialidad” a la Procuración.
Este movimiento se enmarca en el contexto de una serie de procesos administrativos que son requisitos previos al pronunciamiento final de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano judicial que, posiblemente, dictamine el fin de la carrera política de una figura central en el escenario político argentino.
La Cámara Nacional Electoral ha fijado el 17 de agosto como fecha trascendental. En esa jornada, las diferentes opciones políticas deberán presentar a sus candidatos para participar en las inminentes elecciones generales del 26 de octubre. Este plazo ejerce una presión sin precedentes sobre Fernández de Kirchner, cuyo futuro político pende de un fallo que puede convertir en permanente su condena por corrupción y administración fraudulenta, complicando sus aspiraciones a cargo público.
El juicio de relevancia histórica no solo abarca las acusaciones directas por administración fraudulenta, por la que la ex mandataria ya fue condenado a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que también pone en tela de juicio las decisiones judiciales previas.
La Corte Suprema está evaluando actualmente la apelación presentada por el Procurador General, Eduardo Casal, quien ha sido instado a emitir su opinión sobre si incrementar o mantener la sentencia vigente. No obstante, el fiscal Mario Villar ya ha caracterizado ciertas decisiones judiciales como arbitrarias, lo que añade un nivel adicional de complejidad al caso.
La condena no unánime ha resultado ser un doble filo para Cristina Fernández. Aunque logró eludir mayores implicaciones en la acusación de asociación ilícita, ”una victoria parcial contra su carga judicial”, su esfuerzo por revertir la condena actual se encuentra en manos de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La defensa de Fernández, liderada por el abogado Carlos Alberto Beraldi, continúa luchando para revertir la doble condena impuesta inicialmente por el Tribunal Oral 2 y ratificada posteriormente. A medida que se aproxima la fecha límite, la posibilidad de que una sentencia firme se haga realidad cimienta la incertidumbre en el horizonte político de Argentina, así como la continuidad de tiempo en el que no podrán servirse de cargos públicos, con ella posiblemente enfrentando la privación de libertad en su modalidad domiciliaria.
