Fue detenido cuando se disponía a viajar desde la ciudad de Maceió a Brasilia para entregarse a las autoridades.
En un acontecimiento impactante para la política brasileña, el ex presidente Fernando Collor de Mello fue arrestado hace unas horas en la ciudad de Maceió. Este evento tuvo lugar mientras se encontraba preparando su viaje a Brasilia, donde tenía la intención de entregarse a las autoridades, tras haberse decretado una orden de captura inmediata en su contra. La decisión provino de un magistrado del Tribunal Supremo y ha marcado un giro notable en el caso de uno de los capítulos más notorios de corrupción en el país sudamericano.
Los cargos contra Collor, quien ocupó la presidencia entre 1990 y 1992, están relacionados con corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue sentenciado por el Tribunal Supremo a una pena de prisión de ocho años y diez meses. Previamente, aguardaba en libertad mientras su equipo legal esperaba un fallo sobre un último recurso que había sido interpuesto a favor del ex mandatario.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal, justificó la aprehensión señalando que los movimientos legales de la defensa parecían más una táctica dilatoria que una búsqueda legítima de justicia. En palabras del juez de Moraes, el recurso “manifiestamente inadmisible” exhibe un intento de prolongar el juicio, evitando así que el mismo alcance su resolución final.
Además, de Moraes hizo un llamamiento al presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, para que convocara una audiencia y sancionara la detención de Collor. Esta reunión ha sido programada para llevarse a cabo este mismo viernes, 25 de abril.
Por otro lado, los abogados de Collor emitieron un comunicado expresando su sorpresa y desconcierto respecto a la decisión judicial. Aseguraron que el ex presidente planeaba entregarse voluntariamente, pero que fue apresado antes de poder hacerlo. En 2023, el Tribunal Supremo había fallado contra Collor por sobornos relacionados con un esquema de corrupción en BR Distribuidora, una subsidiaria de Petrobras, donde el ex presidente ejerció su influencia desde 2010 hasta 2014 para facilitar contratos con la constructora UTC. La Fiscalía sostiene que el acusado, a cambio, recibió 20 millones de reales brasileños (3,7 millones de euros).
