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Política y Economía

El Gobierno anunció la disolución de la AFIP: "A partir de hoy dejará de existir", dijo Adorni

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En un sorpresivo anuncio desde la Casa Rosada, Manuel Adorni, vocero del Gobierno, informó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de existir. En su lugar, se establecerá la Agencia de Regulación y Control Aduanero, una entidad que promete ser más eficiente y con menor carga burocrática.

“La AFIP deja de existir a partir de hoy”, afirmó Adorni durante la conferencia. El nuevo organismo tendrá una estructura más reducida: “Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual”, detalló. Además, aclaró que la disolución de la AFIP implica la eliminación del 34% de los cargos públicos, lo que significará un ahorro anual cercano a los 6400 millones de pesos.

Hoy la titular de la AFIP cobra más de 30 millones de pesos al mes y los directores más de 17 millones de pesos. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores, sueldos equivalente son equiparables a lo que cobran los ministros y secretarios de Estado”, dijo

Adorni también mencionó que unos 3100 empleados que ingresaron durante la gestión anterior de forma irregular serán reubicados o pasarán a disponibilidad. Aunque no ofreció detalles específicos sobre los criterios de reasignación de personal, el Gobierno asegura que este cambio permitirá optimizar los recursos del Estado y mejorar la eficiencia del sistema de recaudación.

“A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más”, sostuvo Adorni.

La conferencia, que se realizó sin aceptar preguntas de los periodistas acreditados, generó sorpresa entre los medios. La falta de interacción directa dejó interrogantes sobre los plazos exactos de implementación y los posibles impactos inmediatos en la recaudación fiscal.

“Ningún burócrata del estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad”, concluyó.