“Podría estar listo para el 1º de marzo, con la Apertura de sesiones ordinarias. Lo estaría presentando el Presidente”, adelantaron.
En una movida que promete generar importantes repercusiones, el gobierno argentino liderado por Javier Milei se prepara para iniciar una nueva etapa legislativa con un fuerte anuncio programado para el 1° de marzo. A medida que se acerca un año electoral decisivo, Milei, en lo que parece ser una clara estrategia de campaña, busca capturar la atención pública revisando y alterando profundamente el sistema legal y punitivo del país.
El proyecto en cuestión se centra en una reforma sustancial del Código Penal, un cambio que, según se informa, estará acompañado por modificaciones al Código Procesal Penal. La administración ha sido clara en sus intenciones de adoptar un enfoque más rígido y punitivo hacia el crimen, un giro hacia políticas que históricamente han estado en el radar de partidos de derecha.
El proyecto inflamará las discusiones con propuestas como el endurecimiento de las penas, la introducción de penas de prisión perpetua de cumplimiento efectivo y controversiales cambios que incluyen la eliminación de la figura de femicidio. Además, se vislumbra la implementación de cárceles bajo gestión privada, un paso más hacia la reconfiguración del sistema penitenciario argentino.
Desde el gobierno aseguran que las reformas propuestas responden a la percepción de que las leyes actuales son demasiado indulgentes con los infractores. Las autoridades buscan un equilibrio que permita no solo castigar más severamente los delitos, sino también ofrecer oportunidades de reinserción efectiva para los condenados. “La legislación penal vigente ha sido muy permisiva con los delincuentes”, sostienen voceros oficiales, quienes abogan por una nuevo sistema judicial que combine justicia con la posibilidad de reeducación social.
El lanzamiento formal de estos cambios se espera que ocurra durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, encontrando a Javier Milei al frente para la presentación pública. La Casa Rosada ha instado a los legisladores a considerar estas reformas como una prioridad legislativa, prometiendo agilizar el proceso para implementar las nuevas leyes con prontitud. Las reformas también pondrán bajo examen al sistema de penas de por vida en Argentina, actualmente limitado a un máximo de 35 años excepto en casos excepcionales. Esta modificación incluiría la aplicación inquebrantable de la cadena perpetua para delitos sexuales agravados, un aspecto que ya ha comenzado a divisar el ejecutivo nacional.
El foco no solo reside en el Código Penal, sino también en el marco penitenciario del país. El sistema actual, critican desde el gobierno, necesita ser modernizado. Con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, liderando estas reformas, el impulso hacia la privatización del sistema carcelario ejemplifica el deseo del gobierno de renovar las instituciones penales.
