El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades, particularmente la UBA, por los controles presupuestarios llegó a la Justicia.
La reciente emisión de cuatro Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Gobierno Nacional ha colocado nuevamente bajo los reflectores el debate sobre los presupuestos universitarios, particularmente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Desregulación afirman que la medida busca asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos, lo que ha generado una reacción enérgica en el entorno académico.
Desde su promulgación, estos DNU persiguen modificar la normativa vigente sobre compras, contrataciones y transparencia presupuestaria en universidades públicas. En medio de intensos debates internos, los funcionarios argumentan que las universidades, al ser parte de la Administración Pública, deben cumplir con los mismos estándares de control de cualquier otro ente gubernamental para garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Sin embargo, la insistencia del Gobierno Nacional ha sido recibida con resistencia por parte de algunas universidades. Mientras el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, enfatiza que no se busca interferir en la autonomía universitaria, sino asegurar un uso transparente de los recursos, los representantes académicos han manifestado preocupaciones sobre una posible intromisión en su independencia administrativa.
El marco legal de esta iniciativa se sostiene sobre la Ley 24.156 de la Administración Financiera que incluye a las universidades en sus normativas. Este movimiento ha puesto en tensión las relaciones con la UBA, que según observadores debe regularse bajo la misma normativa que otras entidades públicas, resistiendo la idea de tener “organismos de primera y segunda clase”.
Otro eslabón en este proceso de transparentización incluye la imposición de sistemas electrónicos como COMPR.AR para mejorar la revisión y rendición de cuentas en adquisiciones y contrataciones. Aunque 35 universidades ya han integrado este sistema, la expectativa del Gobierno es que todas las instituciones lo adopten.
La eliminación de las contrataciones directas entre universidades y entidades del Estado es una de las más controversiales medidas. Según las autoridades, se concluyeron miles de convenios entre 2022 y 2023, abarcando desde asesoramiento técnico hasta proyectos de investigación, sostenidos bajo un procedimiento ahora considerado demasiado laxo.
Con esta reforma, los funcionarios señalan que las universidades dejarán de ser el consultor privilegiado del Estado, sugiriendo que esta práctica contribuía a opacar la política de adquisiciones y propiciar la omisión de controles. Las nuevas regulaciones se implementarán de manera gradual, inclinándose por una modernización que promove innovación en la administración de recursos mediante plataformas digitales integrales como e-SIDIF.
