Mediante la Resolución 274/2024 de la Secretaría de Comercio que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó los reglamentos técnicos de bicicletas y de cámaras y cubiertas para favorecer la importación y generar más competencia en el mercado interno.

“Las bicicletas en Argentina son las segundas más caras en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto”, indicaron desde la secretaría que conduce Pablo Levigne.

Según argumentaron desde la secretaría, “hasta ahora, para importar bicicletas las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado a la planta de origen una vez por año”.

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“También debían importar una muestra para ensayar en un laboratorio argentino, lo que implicaba altos costos y demoras innecesarias. Los fabricantes locales también debían ensayar en planta y el producto”, añadió.

“Estas trabas burocráticas, eliminadas por la Resolución 274/2024, funcionaban como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más costosas en Argentina que en el mercado internacional”, afirmó la secretaría.

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En una comparativa con nueve países, entre los que incluyeron a Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, la Argentina es el segundo país con bicicletas más caras.

Por ejemplo, el modelo Mountain Bike rodado 29 cuesta en Argentina $549.000 mientras que, en Francia, $261.485 y en Estados Unidos, $244.333, al hacer la conversión a pesos argentinos.

Del grupo de 37 países de América Latina y el Caribe, Argentina es el cuarto país que importa menos bicicletas por persona. En los últimos años – en promedio -la cantidad de bicicletas importadas ha oscilado cerca del 10% del consumo total.

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Por otra parte, se aclaró que “la responsabilidad sobre la calidad y seguridad de los productos es de los comercializadores, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, que resguarda los derechos de los compradores”.

También se eliminó la normativa de las cámaras y cubiertas de bicicletas, que tenían un control extremo que aumentaba su costo, según se informó.

Entre otros items, debía certificarse la planta en origen y/ o el ensayo sobre productos mediante el envío de muestras.

En estos casos, los reglamentos técnicos, que establecen requisitos obligatorios a algunos productos, funcionaban como barreras al comercio y por eso han sido derogados, estimaron desde la cartera que conduce Levigne.

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Osvaldo Giordano aseguró que con la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria “se evita un 7% de aumento, pero se queda con el problema de los juicios” a futuro.

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Argumentos

“El proyecto de ley no resuelve ni aspira a resolver los problemas del sistema previsional, sino a suplir una deficiencia del decreto de necesidad y urgencia actualmente vigente”, explicó el presidente de la Fundación Mediterránea.

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“Tiene tres entes que implican impacto sobre los haberes, pero hay uno que es el más importante que es que corrige una de las deficiencias del DNU, que es que en enero no reconoce plenamente la inflación sino parte de la inflación”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

“Para reconocerla plenamente contempla un aumento que equivale al 7,2%, que sería un aumento para todas las jubilaciones que debería darse a los fines de corregir ese bache del DNU”, prosiguió Giordano.

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“Eso implica un costo, obviamente, pero tal como lo planteamos en un informe que preparamos con la Fundación Mediterránea entendemos que existen mecanismos por los cuales el Gobierno podría compensarlo”, aclaró.

Bono

“Uno de ellos es el bono que actualmente se les paga a los jubilados, que lo fija discrecionalmente el Poder Ejecutivo a través de decreto. Esos 70 mil pesos que se vienen pagando ya hace varios meses, que se paga de manera indiscriminada a todos los haberes más bajos. Si se seleccionara mejor a quienes se lo paga, se podría compensar y por lo tanto no tener efectos sobre las cuentas públicas”, analizó Giordano.

“El bono ese equivale aproximadamente al 14% de la totalidad del gasto, el doble de lo que costaría aplicar la ley y corregir esta deficiencia del DNU”, enfatizó.

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Juicios

“Creo que lo más simple es un aumento del 7,2% para todos y que se compara con el 14% que cuesta el bono”, propuso el economista.

“Estaba a disposición del Ejecutivo una herramienta que hubiese permitido compensar el costo y eso lo llevaría a un escenario mucho mejor que el que queda: un DNU que es muy precario desde el punto de vista jurídico porque la Constitución establece que la movilidad la tiene que fijar una ley. Que además tiene debilidad porque empalma mal una ley con la otra, esto de que no reconoce plenamente la jubilación de enero y por lo tanto un terreno propicio para la litigiosidad”, advirtió.

“En función del veto va a quedar abierto ese problema, que naturalmente significa más gasto a futuro, no puedo dar un número de cuánto, pero seguramente un gasto importante. Hoy se evita este 7% de aumento, pero se queda con un problema que son los juicios”, concluyó Giordano.

A días que se cumpla el plazo de esta primera etapa del blanqueo de capitales promovido por el Gobierno Nacional a través de la Ley N° 27260, desde Auren Argentina realizamos una encuesta para conocer la mirada de los empresarios sobre esta propuesta y cómo impactará en la economía del país.

Los resultados reflejan la opinión de 250 empresarios, de los cuales el 33% son accionistas/socios/propietarios, más del 26% directores y gerentes, un 13% Presidente/ Ceos de empresas medianas y grandes de diversos rubros: más del 32% de servicios, 15% de agronegocios, un 8,7% de manufactura/industria, de tecnología, de Real Estate/ Construcción y Banca y Seguros, además de Turismo, Retail, entre otros.

Blanqueo de capitales: las recomendaciones de los expertos que hay que tener en cuenta

Más del 65% de los empresarios aprueba la iniciativa del blanqueo. Mientras cerca del 22% desconfía y expresa una mirada negativa, sólo el 13% no sabe/no contesta.

Sin embargo, la decisión de adherirse al blanqueo se divide casi en partes iguales. El 43% afirma que se sumará a la propuesta, mientras el 40% rechaza la posibilidad de adherirse. Aún un 17% no lo ha definido.

Por otro lado, frente al punto de vista sobre las condiciones propuestas en este régimen de blanqueo, el 50% manifiesta estar de acuerdo, solo un 13% expresa que no, y un poco más del 28% pone en duda varias de las condiciones expresadas.

El blanqueo, falto de información

En tanto, cerca del 80% de los encuestados considera que podría estar mejor informada y ejecutada la comunicación del gobierno hacia el contribuyente sobre la instrumentación y plazos vigente del régimen de blanqueo.

Las opiniones también hacen foco a la desconfianza e intranquilidad, consecuencia de promesas incumplidas y modificaciones inesperadas en propuestas de blanqueos anteriores.

Brecha cambiaria: por qué el blanqueo de capitales juega un rol clave en la baja del dólar financiero

Con más del 65% la confianza en la estabilidad jurídica y fiscal es considerada uno de los factores fundamentales para que los contribuyentes se adhieran al blanqueo. Luego con un 35% continua la necesitan de contar con mayor transparencia y claridad en la normativa, mayores plazos exigen un 15% y mayores incentivos más de un 10%. También los encuestados mencionan en un 10% “otros” como mayor rigidez, necesidad de adhesión provincial y mayor avance en disminución en la carga fiscal.

Frente a la consulta del impacto que tendrá sobre la economía del país, la mirada es un poco alentadora. Más del 56,5% apuesta a que el impacto será positivo para la Argentina, el 30,5% tiene una mirada negativa y el 13% restante no sabe/no contenta.

Frente a la reglamentación del blanqueo, consultamos a los empresarios cómo se informan al respecto.

El 56,5% de los casos manifestó conocer sobre las condiciones y requisitos del blanqueo a través de sus contadores/consultoras asesoras, el 32,6% a través de los medios de comunicación, cerca del 24% en internet, alrededor del 20% asisten a eventos y se informan a través de videos y contenido de las redes sociales. Apenas un 4% declara no estar informado.

* Socio de Impuestos de Auren Argentina

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