Desde ahora será responsabilidad de Obras Públicas gestionar estos planes.
El Gobierno Nacional ha disuelto la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, tal como se comunicó mediante el Decreto 70/2025. Este cambio, que fue anunciado en el Boletín Oficial el martes, marca un punto de inflexión en la política de vivienda al trasladar la gestión de programas significativos al ámbito de Obras Públicas.
Esta decisión subraya la intención del Gobierno de reducir la intervención directa del Estado en asuntos de vivienda, delegando mayor responsabilidad a los niveles provinciales, municipales, y al sector privado. En palabras del propio comunicado oficial, “esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe gestionarse principalmente a nivel local”.
La Secretaría disuelta era conocida por su supervisión de programas emblemáticos tales como Procrear y Casa Propia. Sin embargo, estos programas ahora pasan a estar bajo la órbita de Obras Públicas, lo que implica un reordenamiento estratégico de la gestión de proyectos habitacionales.
Las autoridades gubernamentales justifican esta reestructuración basándose en la disolución de tres fondos fiduciarios relacionados, los cuales, dicen, habían caído en desuso o estaban marcados por fallos administrativos. Las fallas incluyeron el uso indebido de recursos y la falta de los controles necesarios para asegurar resultados eficientes, según afirma la administración.
Una auditoría de la SIGEN previamente indicó problemas significativos dentro del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (PROCREAR), que ahora se encuentra en desmantelamiento, de acuerdo con el Decreto 1018/2024. La auditoría detectó lapsos en la entrega de casas prometidas y desajustes en condiciones habitacionales, lo cual motivó la decisión del Gobierno.
Otra pieza clave en esta limpieza administrativa es el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social por Decreto 6/2025. Este instrumento, según las fuentes oficiales, había sido manipulado políticamente y falto en su cumplimiento con los objetivos establecidos.
Además, estos cambios profundos abarcan también la transición de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y de la Dirección Nacional de Arquitectura hacia la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Sebastián Pareja, actual titular de SISU, será un actor central en esta reubicación administrativa, un proceso que debe concretarse cuidadosamente a fin de no interrumpir los servicios esenciales proporcionados por estas instituciones.
Finalmente, el Gobierno ha asegurado que el proceso de cierre de la Secretaría será ejecutado de manera paulatina y organizada, mediante la configuración de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET). Este acercamiento tiene como objetivo minimizar la disrupción en los servicios que dependen de esta transición estructural, permitiendo una continuidad sin sobresaltos y orientada a beneficiar a aquellos que requieren acceso a vivienda asequible y de calidad.
