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Política y Economía

El Gobierno eliminó un trámite de importación para textiles y calzado: cuánto ahorrarán los empresarios

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Comercio eliminó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) para textiles, prendas y calzado.

En medio de la desregulación en la que avanza el Gobierno, la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, eliminó un trámite por el cual se le exigía a los fabricantes e importadores de textiles, prendas y calzado información “redundante” sobre la composición porcentual y el material de sus productos que ya estaba detallada en la etiqueta. El cálculo oficial es que esa burocracia representaba para el sector un costo de USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.

Así se oficializó a través de la Resolución 49/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, la cual deroga y modifica diversos artículos de las resoluciones 26/1996 y 850/1996 de la ex Secretaría de Comercio e Inversiones y del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al igual que la Resolución 404/2016 de Comercio.

En detalle, se eliminó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP). Según detallaron desde la dependencia que conduce Lavigne, ese trámite “exigía a los fabricantes e importadores de textil, prendas y calzados información redundante sobre la composición porcentual y el material de sus productos que ya estaba detallada en la etiqueta. Esta medida burocrática representó para el sector un costo de 5 millones de dólares anuales y generó 1 millón de trámites sólo en 2023″.

Pablo Lavigne
Pablo Lavigne, secretario de Comercio.

“El régimen era uno más de los controles excesivos que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, el cual consistía en que las empresas brinden información sobre la composición y origen de cada tipo de producto que se fabrica con el fin de repetir lo que ya se declara en las etiquetas de cada prenda o calzado. Además, como consecuencia de una administración ineficaz, se obligaba a los importadores a tener que hacer distintas declaraciones para prendas iguales, pero de distinto talle, entre otras diferencias menores”, explicaron.

Entre los productos alcanzados por la medida estaban los insumos textiles como los hilados y los tejidos, las confecciones; y los insumos para el calzado y el calzado terminado. Oro costo generado por la DJCP era que, bajo requerimiento adicional y discrecional de la Secretaría de Comercio, las empresas declarantes debían realizar ensayos de sus productos en el INTI, “un trámite que demoraba no menos de 60 días y aumentaba considerablemente sus costos de producción. Sólo este trámite podía llegar a costar hasta USD 100 por ensayo”.

“Esta exigencia estatal de requerimiento de información generaba el mayor número de trámites dentro de la Secretaría. Con esta iniciativa de desburocratización se simplifica el proceso de importación para el sector textil y de calzado, aliviando los costos de las empresas y de los consumidores que luego compran el producto terminado sin impuestos ocultos”, destacó Comercio.

Comercio eliminó en enero 69 normas para desburocratizar la economía. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Comercio eliminó en enero 69 normas para desburocratizar la economía. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
(Juan Ignacio Roncoroni/)

El pasado 29 de enero Lavigne dispuso la derogación de 69 normas que “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”. El objetivo de la medida es “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”.

Entre las normas derogadas, se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.

También, se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento. Se eliminaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que este había finalizado el 8 de diciembre pasado.

Asimismo, se impulsó la baja del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, “apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”, indicó Comercio en un comunicado.

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Política y Economía

¿Motosierra o licuadora?: qué dicen los datos oficiales sobre cómo hizo el Gobierno para tener superávit fiscal

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Una pantalla muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, dando un discurso por cadena nacional por televisión, mientras varias personas cenan en un restaurante, en Buenos Aires (Reuters/Agustín Marcarian) (Agustin Marcarian/)

El pronunciado ajuste fiscal que el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche como una hazaña a nivel mundial fue resultado de una combinación de ejecución de partidas por debajo del ritmo de la inflación, lo que licúa el peso real presupuestario de ciertos gastos, y la decisión del Poder Ejecutiva de recortar otro grupo de erogaciones. Licuadora y motosierra.

El jefe de Estado consideró que el resultado financiero superavitario del primer trimestre estuvo explicado “a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno”, dijo Milei, “en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’ y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país”.

“A diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno. En enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’ y no como dicen algunos a la licuación del gasto público” (Milei)

Incluso abundó que de los cinco puntos de déficit del Tesoro un 0,4% del PBI está explicado por la pérdida del poder de compra de las jubilaciones y el restante 4,6% fueron recortes de gasto que “la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte el fracaso económico de las últimas décadas”.

“Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque les da sostenibilidad a las cuentas públicas”, dijo Milei, para responder uno de los cuestionamientos más habituales de los economistas: si este modo de recortar el déficit es sustentable en los próximos meses.

ajuste fiscal primer trimestre 2024 Equilibra
Fuente: Equilibra

Dos informes de consultoras privadas intentaron responder a la cuestión sobre si en el ajuste del primer trimestre del año pesó más el filo de la motosierra o la inclemencia de la licuadora. Para Equilibra, la consultora que fundó Diego Bossio y que encabeza Martín Rapetti, “poco menos de la mitad del recorte fue producto de una fuerte licuación de ingresos (jubilaciones, pensiones y salarios públicos), mientras que la otra mitad se debió al freno de la obra pública y de transferencias a provincias, menores subsidios y gastos de funcionamiento del Estado”.

En ese sentido, “el gasto en jubilaciones y pensiones (incluyendo contributivas y no contributivas) cayó 32,4% interanual real, explicando casi el 40% del recorte del gasto primario del primer trimestre. A pesar de haberse otorgado bonos mensuales extraordinarios a los jubilados de menores haberes, la jubilación mínima perdió casi 20% de su poder adquisitivo si la comparamos con el primer trimestre de 2023″, estimó Equilibra.

La radiografía que hizo ese centro de estudios sobre el ajuste de Milei: “En el segundo lugar del podio de los rubros que más incidieron en la contracción del gasto primario se ubicó el gasto de capital, que se derrumbó 86,8% interanual, explicando casi 22% de la caída registrada en el primer trimestre. El podio lo completan los subsidios económicos (-45,8% interanual), que explicaron 12,2% de la caída. En particular, los energéticos cayeron 50,6%, explicando 9,2% del recorte del gasto primario”, continuó esa consulta.

“Poco menos de la mitad del recorte fue producto de una fuerte licuación de ingresos, mientras que la otra mitad se debió al freno de la obra pública y de transferencias a provincias, menores subsidios y gastos de funcionamiento del Estado” (Equilibra)

Por último, calculó que “si bien el ítem del gasto corriente que más cayó fue el de transferencias corrientes a provincias (-76,3% real), dado su escaso peso en el total de las erogaciones, explicó sólo 6,2% del recorte del gasto primario. La contracción real de las remuneraciones rozó 20% i.a. (explicando el 7,4% del recorte), producto de la caída en los salarios reales y el recorte del empleo público”.

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Un análisis con las mismas caracterizaciones fue realizado por LCG, la consultora que fundó el ahora senador radical Martín Lousteau. “La base de la mejora del resultado fiscal responde enteramente al ajuste del gasto, que multiplica por más de 7 el ajuste que vienen reflejando los ingresos afectados por el contexto recesivo y por la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría (-35% vs -5% anual real, respectivamente)”, indicaron en un informe reciente.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo; el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el Vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.
Luis Caputo y Pablo Quirno, durante la cadena nacional de Milei

Por otro lado, estimaron que “algo más de un tercio del recorte del bimestre responde a un menor gasto previsional, y la explicación se eleva a 45% considerando el ajuste en el resto del gasto social. Tendemos a pensar que en estos casos pesa mucho más el efecto licuación que la ‘motosierra’”, consideraron desde LCG. “En el otro extremo la cancelación de obra pública explica el 20% de la caída del gasto, pero el ajuste en subsidios solo el 14% del total, en salarios públicos el 8% y en gastos operativos sólo 3%”, continuaron.

PPI mencionó que “el ajuste atribuible a la ‘motosierra’ en el primer trimestre del año fue 31,5%, siendo todo el resto explicado por ‘licuadora’ o cuestiones no sostenibles en el tiempo, como el retraso de pagos a Cammesa”

“A diferencia de lo comunicado por el presidente Milei, entendemos que la mejora fiscal respondió principalmente al efecto licuación (35% del ajuste se concentró en jubilaciones) y no a un recorte o aumento de la productividad del gasto. Esto vuelve un tanto endeble el resultado y deja dudas respecto a su sostenibilidad en el tiempo”, concluyeron.

Por su lado, Portfolio Personal Inversiones (PPI) hizo un análisis para sus clientes sobre el perfil que tuvo el ajuste del primer trimestre. “La ‘motosierra’ volvió a concentrarse en el gasto de capital y las transferencias corrientes a provincias, que fueron los únicos dos ítems que recortaron en términos nominales (-47,9% anual y -5,6%, respectivamente)”, indicaron. “Así, la caída restante del gasto de $1,4 billones se basó en la ‘licuadora’. Al respecto, el recorte se concentró prácticamente todo en jubilaciones, que explicaron 50,1% del ajuste”, calcularon.

Como conclusiones, PPI mencionó que “en definitiva, el ajuste atribuible a la ‘motosierra’ en el primer trimestre del año fue 31,5%, siendo todo el resto explicado por ‘licuadora’ o cuestiones no sostenibles en el tiempo, como el retraso de pagos a Cammesa”.

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Política y Economía

Marcha Universitaria Federal: crónica de una movilización de estudiantes para defender la educación pública

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La Marcha Universitaria leerá un comunicado para presionar al Gobierno y exigir un aumento del presupuesto (Caceres, Luis/)

Desde antes del mediodía, los primeros alumnos, docentes y personas autoconvocadas se empezaron a concentrar en Plaza Houssay. Es el corazón de un barrio universitario, donde coexisten las facultades de Medicina, Economía y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de estudio que motoriza el reclamo por la falta de presupuesto para las 36 universidades nacionales. En esa zona confluyen la mayoría del mundo UBA, desde donde empezaron a caminar al Congreso. La Marcha Universitaria Federal, como se bautizó este reclamo, desplegó la movilización más convocante con reclamos al gobierno de Javier Milei.

La columna central que partió desde Plaza Houssay avanzó a las 15 en sentido hacia el Congreso. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, vicerrector, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), encabezaban ese sector de la movilización. “Es la marcha estudiantil más importante de la historia”, destacó Yacobitti en declaraciones a la prensa.

Cerca de las 15:30, las diferentes columnas se congregaron en la plaza del Congreso. Allí había sido el punto de concentración de grupos piqueteros como el Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni, y la UTEP, dirigentes y militantes de la izquierda. Sobresalió la presencia de Myriam Bregman, diputada nacional, Christian Castillo,

marcha universitaria federal 23A - congreso plaza houssay
La marcha universitaria federal se llevará adelante en todo el país
(LUIS ROBAYO/)

Sin embargo, los dirigentes políticos presentes buscaron permanecer en terceras filas y no opacar a los organizadores. “La universidad pública es algo estratégico para Argentina y no hay razón para el cierre y para hacer este recorte en las universidades. Recién hoy el Gobierno mandó los primeros fondos para los hospitales universitarios. Un capítulo aparte para los salarios universitarios, que perdieron de diciembre un 36% de poder adquisitivo”, señaló Yacobitti en otro tramo.

Hay pancartas y banderas con múltiples consignas, unidas en un reclamo general: “En defensa de la universidad pública”. Desde Avenida Córdoba y, luego, por Avenida Callao, avanza la columna central de las universidad. El largo brazo de convocados confluirá en el Congreso, desde donde marcharán hacia la Plaza de Mayo. En ese hito histórico de la Ciudad de Buenos Aires se montó el escenario central.

El escenario fue montado a mitad de la plaza, con una bandera de Argentina de fondo con el mismo lema: “En defensa de la universidad pública”. Conforme supo Infobae, desde las 18 comenzará el acto y se espera que sobre el escenario estén únicamente representantes de las universidades nacionales. “No va a haber ningún político arriba”, le dijo a este medio una autoridad de la UBA.

Desde allí, los organizadores leerán un comunicado que consensuaron entre rectores, autoridades universitarias, alumnos, docentes y no docentes. “El eje del texto es exigir más presupuesto para la universidad, porque así no podemos seguir funcionando”, detalló una representante del movimiento estudiantil que participó en la elaboración del documento.

Está previsto que el texto lo lea Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad. Sobre el escenario también estará Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). También se subirán Ricardo Gelpi, rector de la UBA, y Emiliano Yacobitti, vicerrector.

marcha universitaria federal - congreso plaza houssay
Un grupo de alumnos de la UBA en la Marcha Universitaria

Para garantizar el orden público, Ministerio de Seguridad desplegó a las cuatro fuerzas federales. En la zona del Congreso Nacional intervinieron la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El protocolo de seguridad fue coordinado con la Ciudad de Buenos Aires, que despliega a la Policía local en el trazo de la movilización. Desde las universidades nacionales aseguraron que “la marcha será pacífica” y pidieron “no reprimir”.

Si bien la marcha de hoy moviliza a sectores de distintos partidos políticos y del sindicalismo, los organizadores de la marcha exigieron evitar cartelería partidaria. Pidieron llevar banderas argentinas para unificar simbólicamente el reclamo.

La marcha adquirió un cariz mayor cuando la semana pasada la CGT comunicó su adhesión al reclamo. Luego se plegaron las dos CTA y otras vertientes del sindicalismo. Lo propio hicieron los referentes políticos de la oposición.

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Desde la política, el kirchnerismo movilizará tanto a dirigentes de primera línea como a militantes ligados a la militancia universitaria. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se sumó a la marcha junto con parte de su elenco de gabinete y arengó: “Esto es parte de la historia de muchos de nosotros, por eso hay que defender la universidad pública”, expresó el mandatario de Buenos Aires en declaraciones televisivas y agregó: “Es impresionante la cantidad de gente que hay, es todo un pueblo”. Junto a él estuvo Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia.

Mientras que el Frente Renovador hizo lo propio. Sergio Massa, líder de esa fuerza, pidió a través de grupos de WhatsApp de su sello que hoy se movilicen y se trasladó personalmente a la Plaza de Mayo junto su hijo, Tomás Massa, y su esposa, la dirigente Malena Galmarini. “Vine a acompañar a mis hijos y a sus compañeros”, soltó el ex ministro de Economía ante la consulta de un cronista de A24. El dirigente optó por mantener un perfil bajo y no dio más declaraciones. Su presencia sobresalió como una reaparición pública en un evento masivo, tras las elecciones de 2023.

Quien también siguió de cerca la marcha fue Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación. Si bien no participó en la marcha, publicó en su cuenta de X su certificado de alumna de la Universidad Nacional de la Plata y el de Néstor Kirchner, ex presidente. “Educación pública para la igualdad de oportunidades”, escribió CFK y rememoró hitos de su gestión en materia educativa. Más tarde, salió a saludar desde un balcón del Instituto Patria a militantes que movilizaban a Plaza de Mayo.

marcha universitaria federal 23A
Los organizadores de la marcha leerán desde la Plaza de Mayo un comunicado para reclamar más fondos (LUIS ROBAYO/)

Mientras que la Unión Cívica Radical movilizó a diputados y senadores nacionales, dirigentes, militantes y alumnos correligionarios ligados a agrupaciones universitarias como la Franja Morada. “La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad. Como una sociedad de clase media, con ascenso social, lo que nos diferenció del resto de otros países a los que les costó mucho llegar al nivel universitario que tiene hoy Argentina. Y eso hoy está en riesgo porque el Presidente ataca la universidad”, sostuvo Martín Lousteau, senador nacional del radicalismo y presidente del Comité nacional de la UCR. Por parte de ese partido también se movilizó Facundo Manes, diputado nacional.

Por parte de la Coalición Cívica, partido de Elisa Carrió, se movilizó un grupo de dirigentes como los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, presidente del sello, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, así como Hernán Reyes, legislador porteño.

Los reclamos por la falta de presupuesto

La crisis del sistema universitaria se desató por el reclamo que encabezó la UBA por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios más grande del país y el resto de las universidades nacionales.

El conflicto se desató por la decisión de prorrogar el Presupuesto de 2023, que quedó licuado por la alta inflación. El Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.

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Política y Economía

Senado: un sector mayoritario del PRO ahora pide retrotraer la polémica suba de dietas

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El jefe del Pro en la Cámara alta, Luis Juez (Prensa Senado)
(Celeste Salguero/ Comunicacion S/)

Tras el polémico aumento de dietas aprobado días atrás en el Senado y el pedido de sesión especial realizado ayer por el kirchnerismo para discutir los haberes en todo el Estado, un sector mayoritario del Pro en la Cámara alta, que comanda Luis Juez, le solicitó a Victoria Villarruel que ponga fecha para ir al recinto con el fin de desactivar la discutida votación del jueves pasado, que llevará el haber de legisladores desde el mes próximo -a cobrar en junio- de más de cuatro millones de pesos en mano.

El reclamo del PRO es para que la Vicepresidenta y titular del Senado “tenga a bien convocar a una sesión especial en la fecha que considere pertinente” para tratar un proyecto de resolución que eliminaría lo votado el jueves pasado, de la cual el macrismo no convalidó en el recinto. Después de la sesión concretada días atrás, el partido se interesó con mucha insistencia en demostrar que no había acompañado la decisión de la mayoría cuando, en realidad, en otras ocasiones no pinceló una postura unificada sobre el tema.

Sobre el primer aumento que otorgaron de manera conjunta -y luego retrotrajeron- Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, en línea con la suba que se había otorgado para los trabajadores del Estado de febrero pasado, el único que presentó una nota a la titular de la Cámara alta para no cobrarlo -no era viable eso, salvo que lo donara- fue Juez.

Ahora, los seis legisladores argumentan que la “urgencia” del proyecto apuntan a “la importancia de demostrar ante la ciudadanía el compromiso de una mayoría de esta Cámara en acompañar la difícil situación que nuestro país atraviesa”. Lo que se preguntan en varios despachos del Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, es dónde quedó la agenda del PRO. “¿La primera vez que pedimos una sesión este año es por esto?”, deslizaron a Infobae.

Victoria Villarruel
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (Prensa Senado)

Lo que sí queda en claro es que, en medio de las volteretas del macrismo sobre dicha temática, lo único que generará es mayor presión sobre Villarruel, que en esta ocasión -más allá de suponer lo que iba a ocurrir con las dietas- no tuvo intervención, ya que fue una iniciativa presentada de forma exprés por distintas fuerzas y votada en menos de un minuto, sin debate.

Qué pasó el jueves pasado

Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Villarruel y Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

Si de números se trata, el texto deja en claro que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo, como contó este medio el jueves pasado.

Qué pide el kirchnerismo

El bloque del Frente de Todos pidió este lunes una sesión especial para el jueves 2 de mayo con el objetivo de tratar un proyecto de la bancada opositora para que nadie en el Estado gane más que el Presidente, como adelantó Infobae el sábado pasado.

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La sesión especial además incluye la emergencia presupuestaria de universidades durante 2024 -elevar inversión a $5,8 billones-; el incremento progresivo de dichas partidas para llevar al 1,4% del Producto Bruto Interno hasta 2032; y la reglamentación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A.

José Mayans
El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (NA)

El bloque que maneja Mayans tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Para concretar la reunión en el recinto necesitará la ayuda de la oposición no kirchnerista, donde se encuentran el PRO, la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales silvestres que se encuentran, semana a semana, en tironeos y negociaciones constantes con la administración nacional.

La iniciativa de Mayans fue presentada a inicios del corriente mes e impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 202.800 pesos, el del primer mandatario quedaría en 4.056.000 pesos.

En cuanto a autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo el concepto.

Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir poco más de $3 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.

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