Se trata de empresas de todo tipo de las que piensa retirarse el Estado apelando a distintos procedimientos.
El Gobierno nacional ha iniciado un ambicioso plan de privatización que busca redistribuir la participación estatal en más de 129 empresas. Este proceso se centra en vender o transferir al sector privado sus activos, incluidas importantes entidades como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, y el Banco Nación, entre otras. De acuerdo con el anuncio de Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, es posible que más empresas se unan a este listado.
Uno de los enfoques principales de este proyecto es reducir las deudas entre la Nación y las provincias, no a través de efectivo, sino mediante el traspaso de activos del Estado. Este enfoque fue resumido por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, quien declaró que la intención es “ordenar las cuentas” mediante la neteación de esos pasivos.
Algunos de los métodos bajo consideración incluyen la transferencia de acciones, terrenos fiscales o activos como carreteras, a las administraciones provinciales, como una forma de pagamento de deudas.
El camino hacia la privatización incluye diversas estrategias: desde ofertas públicas iniciales en el mercado de valores, vía una concesión de unidades de negocio, hasta el cierre de operaciones no rentables. La venta de IMPSA es un ejemplo reciente de estas acciones, cuyo proceso recibió ofertas hasta finales de octubre.
Además, compañías clave como OPTAR serán ofrecidas a sus empleados mientras sus acciones se colocan en el mercado bursátil para ampliar la participación privada. Mientras tanto, empresas como TANDANOR están en proceso de ser reconstruidas estratégicamente para el mercado internacional, al mismo tiempo que YPF se prepara para deshacerse de algunas de sus operaciones no centrales.
Esta serie de decisiones buscan “no solo aliviar las deudas provinciales sino también racionalizar y modernizar el portafolio de activos del Estado, fortalecer ciertas industrias estratégicas incluidas telecomunicaciones, defensa y servicios energéticos”. En particular, AySA, NASA y ARSAT planean diversificar y aumentar la inversión privada para poder desarrollar sus objetivos de mediano y largo plazo, enfocándose en innovación tecnológica y renovación de infraestructuras.
Dentro de este proceso, el gobierno no sólo prevé “un uso más eficiente de los recursos públicos”, sino también establece un “enfoque más moderno y funcional centrado en la rentabilidad y la internacionalización de los servicios esenciales”.
