La iniciativa sancionada por el Congreso de la Nación endurece penas y tiene por objetivo desarticular bandas dedicadas al narcotráfico.
En un esfuerzo decidido por “combatir las organizaciones delictivas a gran escala”, el gobierno de Javier Milei ha dado luz verde a la promulgación de la conocida ‘Ley Antimafias’. Esta legislación, sancionada con vigor durante las sesiones extraordinarias del Congreso, busca endurecer las penas a aquellas personas que forman parte de bandas criminales dedicadas a delitos de alto impacto como el narcotráfico, el lavado de dinero, y la trata de personas.
El decreto que oficializa la iniciativa lleva la firma del presidente Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Según la normativa, cualquier agrupación de tres o más personas que actúan de manera coordinada serán categorizadas como organizaciones criminales, especialmente cuando su propósito sea la ejecución de delitos severos en áreas determinadas con un impacto significativo en la comunidad.
Un aspecto crucial de la ley es que introduce herramientas legislativas que permitan al Estado mejorar sus estrategias de investigación y sanción contra estas entidades criminales. En este sentido, se potencia la facultad de las autoridades para clasificar determinadas áreas geográficas como zonas de especial investigación. Esto facilitará no solo el despliegue de fuerzas de seguridad con potestades para interceptar comunicaciones y confiscar bienes sometidos a actividades ilegales, sino también permitirá una cooperación más estrecha entre las jurisdicciones federales y provinciales implicadas.
Otra modificación significativa se reflejó en el Código Penal, el cual ahora cuenta con cláusulas específicas que incrementan las penas de cárcel. Las reglas se endurecen considerablemente, estableciendo condenas que van de 8 a 20 años para aquellos que resulten involucrados en delitos complejos como el narcotráfico o la trata de personas. Al mismo tiempo, se generarán nuevas estructuras de decomiso de bienes adquiridos por actividades criminales, las cuales podrán ser confiscadas por el Estado antes siquiera de que un proceso judicial concluya con una condena.
Aunque la sanción de la ley sienta un precedente robusto en la lucha contra el crimen organizado, no escapa de ciertas preocupaciones desde algunas franjas de la sociedad que temen potenciales abusos de poder o malentendidos jurídicos. En todo caso, la legislación prevé salvaguardias en el proceso legal, tales como la devolución de bienes decomisados en aquellos escenarios en que los inculpados sean absueltos, protegiendo así las garantías y derechos fundamentales de propiedad en el contexto judicial del país.
