Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, todas las jurisdicciones y entidades del sector público tendrán un plazo de 30 días para identificar y derogar normas y leyes que “obstaculicen la libre competencia”.
El Gobierno avanza con su ambicioso plan de reducir la intervención estatal en la economía al lanzar la iniciativa denominada “Burocracia Cero”. Esta idea tiene sus raíces en la búsqueda de minimizar el número de regulaciones que se considera obstaculizan el desarrollo positivo de la actividad económica.
Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció orgullosamente que las distintas jurisdicciones y organismos públicos tendrán un período de 30 días para revisar, cuestionar y finalmente derogar aquellas normas y leyes que interfieran con la libre competencia en el mercado.
Un aspecto sobresaliente en este programa es la llamada “Desregulación 2.0” que, como explicó Sturzenegger en un mensaje publicado en X, busca no solo hacer una limpieza significativa de las regulaciones, sino también profundizar en el análisis y simplificación. Supone una etapa más establecida que implicará el cumplimiento de un meticuloso documento, el Decreto 90/25, el cual espera la publicación oficial inminente. Este documento establece formalmente que cada ministerio deberá presentar con urgencia cada ley, DNU o decreto que necesite, en su opinión, revisión o clarificación mediante eliminación.
Actualmente, en Argentina, el entorno regulatorio es considerablemente extenso, reflejado en las cerca de 27.000 leyes estatuidas, 70.000 decretos digitalizados más un significativo volumen de 200.000 resoluciones. En términos de leyes recopiladas, el país rescata más de 4.600 en el digesto jurídico. Con un margen de 144 días para operar bajo las facultades ejecutivas otorgadas, la cúpula gubernamental pretende elaborar un camino más ágil hacia la simplificación de regulaciones.
La motivación detrás de este movimiento masivo se compara con las estrategias empresariales de figuras revolucionarias como Elon Musk. El presidente Javier Milei, quien impulsa esta desregulación, ha sugerido la ejecución de un sistema parecido al seguido por Musk en el manejo de sus empresas: evaluar y conservar únicamente lo que demuestra ser absolutamente esencial, eliminando el excedente normativo que no tiene uso presente en las dependencias gubernativas.
La administración Milei argumenta que la abundancia de normas perjudica la eficiencia y promueve gastos innecesarios. En términos prácticos, estos cambios radicales implican que “departamentos y organismos deberán revaluar su misión y ser lo suficientemente flexibles para operar posiblemente bajo nuevas formas, fusionando o eliminando labores que no ofrecen utilidad ni expediente”.
