En la madrugada de este miércoles, el gobierno nacional promulgó la ley Lucio, que tiene por objetivo prevenir abusos y violencias en la infancia. Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para “elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación”.
Dicha ley fue impulsada por el brutal asesinato de Lucio Dupuy. El niño de 5 años, fue maltratado y asesinado por su propia madre, Magdalena Espósito Valenti (25), y Abigaíl Páez (28), quienes fueron condenadas a cadena perpetua a mediados del pasado febrero.
En refuerzo de la Ley 26.061, la Ley Lucio hace principal énfasis en la capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad de los denunciantes de actos de violencia y realización de campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones de abuso.
El principal motivo que empujó la creación y, posterior aprobación de ambas cámaras de la Ley, fue que el niño había sido asistido al menos cinco veces en diferentes centros de salud de La Pampa por múltiples politraumatismos. Sin embargo, no existían denuncias por parte de los profesionales que lo atendieron, como así tampoco de la institución educativa donde asistía Lucio.
Abigaíl Páez, pareja de la madre de Lucio, fue encontrada culpable de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por el vínculo, a un menor de 18 años.
Por otro lado, Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, fue encontrada culpable por el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, aunque fue absuelta de la acusación de abuso sexual.
Los principales puntos de la Ley Lucio son:
- Respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Formar y sostener vínculos de afecto y confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de los niños.
- Generar espacios y metodología para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos durante los procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
- Propiciar la perspectiva de género y diversidades
- Recomendar la protección de denunciantes en casos que se hayan vulnerado los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos.
