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Política y Economía

El Gobierno publicó el decreto que desregula las obras sociales

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El Gobierno publicó este miércoles el decreto en el Boletín Oficial para desregular las obras sociales que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo. Con esta decisión, las autoridades nacionales avanzan con un nuevo golpe contra los gremios.

La medida, publicada en el Decreto 171/2024, alcanza a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a más de 5 millones de personas que están en el sistema general.

La misma fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud Mario Antonio Russo.

Paso a paso: cómo saber qué obra social tengo

Con esta iniciativa, el Gobierno busca que los beneficiarios puedan elegir y dar curso a la libre competencia entre las obras sociales y prepagas.

“El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°, señala el texto.

En el decreto, que comenzará a regir “el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, se establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se hará cargo del proceso de cambio.

Salud: la desregulación y los aumentos no pondrían fin a la larga crisis del sector

A su vez, la norma aclara que la persona podrá ejercer su derecho en el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca. Se hará efectivo el primer día del mes siguiente. 

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“El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma Entidad de Medicina Prepaga”, explican.

Se podrá cambiar una vez al año de obra social

Otro de los puntos a resaltar que se indican en el decreto es que los beneficiarios podrán elegir una vez al año su obra social, en el momento que lo desee, desde que haya comenzado su relación laboral.

ED

Política y Economía

Marcha Universitaria Federal: crónica de una movilización de estudiantes para defender la educación pública

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La Marcha Universitaria leerá un comunicado para presionar al Gobierno y exigir un aumento del presupuesto (Caceres, Luis/)

Desde antes del mediodía, los primeros alumnos, docentes y personas autoconvocadas se empezaron a concentrar en Plaza Houssay. Es el corazón de un barrio universitario, donde coexisten las facultades de Medicina, Economía y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de estudio que motoriza el reclamo por la falta de presupuesto para las 36 universidades nacionales. En esa zona confluyen la mayoría del mundo UBA, desde donde empezaron a caminar al Congreso. La Marcha Universitaria Federal, como se bautizó este reclamo, desplegó la movilización más convocante con reclamos al gobierno de Javier Milei.

La columna central que partió desde Plaza Houssay avanzó a las 15 en sentido hacia el Congreso. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, vicerrector, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), encabezaban ese sector de la movilización. “Es la marcha estudiantil más importante de la historia”, destacó Yacobitti en declaraciones a la prensa.

Cerca de las 15:30, las diferentes columnas se congregaron en la plaza del Congreso. Allí había sido el punto de concentración de grupos piqueteros como el Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni, y la UTEP, dirigentes y militantes de la izquierda. Sobresalió la presencia de Myriam Bregman, diputada nacional, Christian Castillo,

marcha universitaria federal 23A - congreso plaza houssay
La marcha universitaria federal se llevará adelante en todo el país
(LUIS ROBAYO/)

Sin embargo, los dirigentes políticos presentes buscaron permanecer en terceras filas y no opacar a los organizadores. “La universidad pública es algo estratégico para Argentina y no hay razón para el cierre y para hacer este recorte en las universidades. Recién hoy el Gobierno mandó los primeros fondos para los hospitales universitarios. Un capítulo aparte para los salarios universitarios, que perdieron de diciembre un 36% de poder adquisitivo”, señaló Yacobitti en otro tramo.

Hay pancartas y banderas con múltiples consignas, unidas en un reclamo general: “En defensa de la universidad pública”. Desde Avenida Córdoba y, luego, por Avenida Callao, avanza la columna central de las universidad. El largo brazo de convocados confluirá en el Congreso, desde donde marcharán hacia la Plaza de Mayo. En ese hito histórico de la Ciudad de Buenos Aires se montó el escenario central.

El escenario fue montado a mitad de la plaza, con una bandera de Argentina de fondo con el mismo lema: “En defensa de la universidad pública”. Conforme supo Infobae, desde las 18 comenzará el acto y se espera que sobre el escenario estén únicamente representantes de las universidades nacionales. “No va a haber ningún político arriba”, le dijo a este medio una autoridad de la UBA.

Desde allí, los organizadores leerán un comunicado que consensuaron entre rectores, autoridades universitarias, alumnos, docentes y no docentes. “El eje del texto es exigir más presupuesto para la universidad, porque así no podemos seguir funcionando”, detalló una representante del movimiento estudiantil que participó en la elaboración del documento.

Está previsto que el texto lo lea Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad. Sobre el escenario también estará Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). También se subirán Ricardo Gelpi, rector de la UBA, y Emiliano Yacobitti, vicerrector.

marcha universitaria federal - congreso plaza houssay
Un grupo de alumnos de la UBA en la Marcha Universitaria

Para garantizar el orden público, Ministerio de Seguridad desplegó a las cuatro fuerzas federales. En la zona del Congreso Nacional intervinieron la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El protocolo de seguridad fue coordinado con la Ciudad de Buenos Aires, que despliega a la Policía local en el trazo de la movilización. Desde las universidades nacionales aseguraron que “la marcha será pacífica” y pidieron “no reprimir”.

Si bien la marcha de hoy moviliza a sectores de distintos partidos políticos y del sindicalismo, los organizadores de la marcha exigieron evitar cartelería partidaria. Pidieron llevar banderas argentinas para unificar simbólicamente el reclamo.

La marcha adquirió un cariz mayor cuando la semana pasada la CGT comunicó su adhesión al reclamo. Luego se plegaron las dos CTA y otras vertientes del sindicalismo. Lo propio hicieron los referentes políticos de la oposición.

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Desde la política, el kirchnerismo movilizará tanto a dirigentes de primera línea como a militantes ligados a la militancia universitaria. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se sumó a la marcha junto con parte de su elenco de gabinete y arengó: “Esto es parte de la historia de muchos de nosotros, por eso hay que defender la universidad pública”, expresó el mandatario de Buenos Aires en declaraciones televisivas y agregó: “Es impresionante la cantidad de gente que hay, es todo un pueblo”. Junto a él estuvo Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia.

Mientras que el Frente Renovador hizo lo propio. Sergio Massa, líder de esa fuerza, pidió a través de grupos de WhatsApp de su sello que hoy se movilicen y se trasladó personalmente a la Plaza de Mayo junto su hijo, Tomás Massa, y su esposa, la dirigente Malena Galmarini. “Vine a acompañar a mis hijos y a sus compañeros”, soltó el ex ministro de Economía ante la consulta de un cronista de A24. El dirigente optó por mantener un perfil bajo y no dio más declaraciones. Su presencia sobresalió como una reaparición pública en un evento masivo, tras las elecciones de 2023.

Quien también siguió de cerca la marcha fue Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación. Si bien no participó en la marcha, publicó en su cuenta de X su certificado de alumna de la Universidad Nacional de la Plata y el de Néstor Kirchner, ex presidente. “Educación pública para la igualdad de oportunidades”, escribió CFK y rememoró hitos de su gestión en materia educativa. Más tarde, salió a saludar desde un balcón del Instituto Patria a militantes que movilizaban a Plaza de Mayo.

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Los organizadores de la marcha leerán desde la Plaza de Mayo un comunicado para reclamar más fondos (LUIS ROBAYO/)

Mientras que la Unión Cívica Radical movilizó a diputados y senadores nacionales, dirigentes, militantes y alumnos correligionarios ligados a agrupaciones universitarias como la Franja Morada. “La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad. Como una sociedad de clase media, con ascenso social, lo que nos diferenció del resto de otros países a los que les costó mucho llegar al nivel universitario que tiene hoy Argentina. Y eso hoy está en riesgo porque el Presidente ataca la universidad”, sostuvo Martín Lousteau, senador nacional del radicalismo y presidente del Comité nacional de la UCR. Por parte de ese partido también se movilizó Facundo Manes, diputado nacional.

Por parte de la Coalición Cívica, partido de Elisa Carrió, se movilizó un grupo de dirigentes como los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, presidente del sello, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, así como Hernán Reyes, legislador porteño.

Los reclamos por la falta de presupuesto

La crisis del sistema universitaria se desató por el reclamo que encabezó la UBA por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios más grande del país y el resto de las universidades nacionales.

El conflicto se desató por la decisión de prorrogar el Presupuesto de 2023, que quedó licuado por la alta inflación. El Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.

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Política y Economía

Senado: un sector mayoritario del PRO ahora pide retrotraer la polémica suba de dietas

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El jefe del Pro en la Cámara alta, Luis Juez (Prensa Senado)
(Celeste Salguero/ Comunicacion S/)

Tras el polémico aumento de dietas aprobado días atrás en el Senado y el pedido de sesión especial realizado ayer por el kirchnerismo para discutir los haberes en todo el Estado, un sector mayoritario del Pro en la Cámara alta, que comanda Luis Juez, le solicitó a Victoria Villarruel que ponga fecha para ir al recinto con el fin de desactivar la discutida votación del jueves pasado, que llevará el haber de legisladores desde el mes próximo -a cobrar en junio- de más de cuatro millones de pesos en mano.

El reclamo del PRO es para que la Vicepresidenta y titular del Senado “tenga a bien convocar a una sesión especial en la fecha que considere pertinente” para tratar un proyecto de resolución que eliminaría lo votado el jueves pasado, de la cual el macrismo no convalidó en el recinto. Después de la sesión concretada días atrás, el partido se interesó con mucha insistencia en demostrar que no había acompañado la decisión de la mayoría cuando, en realidad, en otras ocasiones no pinceló una postura unificada sobre el tema.

Sobre el primer aumento que otorgaron de manera conjunta -y luego retrotrajeron- Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, en línea con la suba que se había otorgado para los trabajadores del Estado de febrero pasado, el único que presentó una nota a la titular de la Cámara alta para no cobrarlo -no era viable eso, salvo que lo donara- fue Juez.

Ahora, los seis legisladores argumentan que la “urgencia” del proyecto apuntan a “la importancia de demostrar ante la ciudadanía el compromiso de una mayoría de esta Cámara en acompañar la difícil situación que nuestro país atraviesa”. Lo que se preguntan en varios despachos del Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, es dónde quedó la agenda del PRO. “¿La primera vez que pedimos una sesión este año es por esto?”, deslizaron a Infobae.

Victoria Villarruel
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (Prensa Senado)

Lo que sí queda en claro es que, en medio de las volteretas del macrismo sobre dicha temática, lo único que generará es mayor presión sobre Villarruel, que en esta ocasión -más allá de suponer lo que iba a ocurrir con las dietas- no tuvo intervención, ya que fue una iniciativa presentada de forma exprés por distintas fuerzas y votada en menos de un minuto, sin debate.

Qué pasó el jueves pasado

Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Villarruel y Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

Si de números se trata, el texto deja en claro que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo, como contó este medio el jueves pasado.

Qué pide el kirchnerismo

El bloque del Frente de Todos pidió este lunes una sesión especial para el jueves 2 de mayo con el objetivo de tratar un proyecto de la bancada opositora para que nadie en el Estado gane más que el Presidente, como adelantó Infobae el sábado pasado.

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La sesión especial además incluye la emergencia presupuestaria de universidades durante 2024 -elevar inversión a $5,8 billones-; el incremento progresivo de dichas partidas para llevar al 1,4% del Producto Bruto Interno hasta 2032; y la reglamentación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A.

José Mayans
El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (NA)

El bloque que maneja Mayans tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Para concretar la reunión en el recinto necesitará la ayuda de la oposición no kirchnerista, donde se encuentran el PRO, la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales silvestres que se encuentran, semana a semana, en tironeos y negociaciones constantes con la administración nacional.

La iniciativa de Mayans fue presentada a inicios del corriente mes e impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 202.800 pesos, el del primer mandatario quedaría en 4.056.000 pesos.

En cuanto a autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo el concepto.

Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir poco más de $3 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.

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Política y Economía

El Gobierno admite que la auditoría de las universidades públicas en realidad depende de la AGN

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Javier Milei y Sandra Pettovello

Mientras se nutría la masiva Marcha Federal de la Educación, en la Casa Rosada advirtieron que no hay ninguna auditoría en marcha, ni planes de avanzar con un plan en ese sentido en el corto plazo. Ávidos por bajar el tono a la discusión que iniciaron la semana pasada, reconocieron, en cambio, que llevarla a cabo le correspondería a la Auditoría General de la Nación (AGN) y no al gobierno nacional, como habían anunciado la semana pasada en el tramo más belicoso de la discusión que se complejizaba a medida que avanzaban las columnas de estudiantes hacia la Plaza de Mayo.

Aquel anuncio del Gobierno salió el jueves del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y después fue ratificado de manera particular desde la Secretaría de Educación que maneja Carlos Torrendell. Además de informar sobre una suba en el presupuesto -que resultó insuficiente para llegar a un acuerdo, como señalaron en la UBA-, el ministerio dijo oficialmente que habían pactado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar “en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

Después, el subsecretario de Políticas Universitarias, Carlos Álvarez, redobló la apuesta con un “aviso importante” que dio en la red X: “Pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”, dijo, con la palabra “auditar” en mayúscula, y adjuntó el fragmento que había citado.

Marcha universitaria federal 23A - Drone
La multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo (Luciano González)

El anuncio y el aviso sobre un control de las cuentas fueron mal recibidos en las universidades. Más allá del malestar por el severo recorte de los fondos, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, denunciaron que sería inconstitucional, porque se trataría de un intento de “violación de la autonomía universitaria”. “A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, dijo Moriñigo.

Ante una consulta de Infobae sobre los planes concretos, en la Casa Rosada admitieron que por ahora el anuncio fue sólo eso, por ahora, y que se hizo únicamente para “instalar” el tema en la agenda pública en la previa de la marcha. “Que se hable de eso no es poca cosa”, dijo un funcionario que seguía de cerca el tema.

Es la línea del relato político que bajan Milei y sus asesores en comunicación, liderados por el consultor Santiago Caputo, para justificar el ajuste en los aspectos que supuestamente funcionan mal del sistema. Por caso, este fin de semana, en lugar de referirse al tema presupuestario -es decir, el eje del conflicto con las universidades-, el Presidente se enfocó en cuestionar los casos de “adoctrinamiento” y “disciplinamiento” en las aulas, con ejemplos de videos que circulaban y replicaba en sus redes oficiales. Y esta mañana el vocero Manuel Adorni se enfocó, durante su conferencia de prensa, en los gastos en estudiantes extranjeros que asisten a la universidad.

Marcha universitaria federal 23A
“Hace diez años que no se hace una auditoría universitaria”, dicen en el Gobierno (Nicolás Stulberg)

Sin guión, en Balcarce 50 reconocieron que la tarea de auditar a las casas de altos estudios le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que está presidida virtualmente por el dirigente del PJ porteño y ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos y en la práctica es manejada por el operador judicial Javier Fernández. Y reconocieron que las condiciones políticas para que la AGN avance son adversas. “Hace diez años que no se hace una auditoría universitaria”, señalaron en la sede de la administración nacional con tono iracundo.

Cambiar la cabeza del organismo también es una tarea complicada. Aunque uno de los planes de relativa urgencia para Milei desde que asumió fue reemplazar a Olmos por el abogado Santiago Viola (que trabaja codo a codo con su hermana Karina y el dúo Martín-Lule Menem) por ahora no pudieron. Necesitan de la aprobación del Congreso, donde probablemente tendrían al sector más crítico de la UCR en contra y muchas dificultades para obtener el visto bueno del kirchnerismo. La AGN está a cargo de siete miembros, designados cada uno como auditor general, cuyo mandato dura ocho años, de los cuales tres son designados por Senadores y tres por Diputados).

Además, hoy es prioridad la ley Bases, que se vieron obligados a retirar y volver a discutir con una demora de dos meses. Por lo pronto, no hay ningún plan concreto para las universidades más que el recorte de fondo y un deseo para el largo plazo de arancelar el acceso para “aquellos que puedan pagarlo”.

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