Para evitar que un gobierno vuelva a intentar una designación de esas características.
En un reciente pronunciamiento, el juez federal Alejo Ramos Padilla ha instado tanto al Congreso como al Poder Judicial a manifestar su rechazo categórico a la designación, vía decreto, de jueces de la Corte Suprema. Según él, permitir tales nombramientos compromete la separación de poderes establecida en la Constitución de la Nación Argentina.
Esta postura del magistrado surge tras su fallo calificando de inconstitucional la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como miembros del máximo tribunal, decretada por el presidente Javier Milei.
Ramos Padilla subrayó que permitir el nombramiento de jueces mediante decreto vulnera la forma de gobierno republicana, atentando contra la división de poderes y la independencia judicial. “Se pierde la división de poderes”, aseguró, llamando la atención sobre la gravedad de un contexto en el que “un juez del máximo tribunal, cuyas decisiones no tienen revisión, es designado como un empleado del Poder Ejecutivo”.
Lo que preocupa aún más, según el juez, es la posibilidad de que este mecanismo se utilice para llenar las 300 vacantes existentes en el ámbito judicial con designaciones en comisión.
El fallo de Ramos Padilla aconseja que para preservar las instituciones democráticas se requiere un rechazo explícito y contundente por parte de todos los poderes del Estado a este tipo de prácticas. Pone en aviso sobre la posibilidad de un abuso al emplear el antecedente de los nombramientos de García-Mansilla y Lijo para completar las vacantes actuales en el Poder Judicial. “Un repudio decidido puede detener futuras designaciones por decreto”, afirmó, enfatizando que sin tal respuesta, la institucionalidad se vería aún más comprometida.
En cuanto al rechazo del Senado a los pliegos de los jueces designados, Ramos Padilla advirtió que, aunque los pliegos fueron rechazados, el decreto que los nombró no ha sido derogado ni repudiado efectivamente, lo cual allanaría el camino para que Ariel Lijo asuma su puesto, dado que no ha renunciado formalmente.
En los medios, Ramos Padilla se defendió de quienes lo señalan como “juez K”, afirmando que tal etiqueta es un intento simplista por desacreditar su trabajo. Rememoró su trayectoria política y su relación con figuras prominentes del radicalismo y el socialismo para contextualizar su formación y principios.
Insistente en la importancia de los principios democráticos en el ejercicio del Derecho, apuntó que sus decisiones buscan garantizar la justicia y la equidad, enfrentando a menudo intereses poderosos que intentan desequilibrarlas. “Un juez debe poseer convicciones firmes respecto al sistema democrático,” concluyó, subrayando su integridad profesional frente a las presiones mediáticas y políticas.
