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El policía que se ahogó durante un curso había sufrido golpes y abuso de autoridad

La causa que investiga la muerte de Gabriel Mandagaray (25), el oficial que participaba de un curso del Grupo Especial COER, continuó con la reconstrucción de las últimas horas de vida del joven. El abogado de la familia, Damián Torres, dijo que se trató del primero de los procedimientos de este tipo desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de 2017.

Torres comentó que las partes dieron inicio al recorrido en el mismo punto en el que el grupo de agentes comenzó  a caminar, a unos 42 kilómetros de Bahía Creek, y que previamente habían sido metidos en una cisterna de agua. Este accionar hizo que los jóvenes caminaran mojados durante toda la noche, cargando todo su equipamiento y sin revisión médica alguna.

“Llegaron caminando al otro día a la mañana y empezaron con ejercicios físicos llevándolos al extremo”, agregó y dijo que los agentes fueron sometidos a condiciones de poca alimentación, se estima una ración por día, poca agua para hidratarse y nulo tiempo de descanso.

El abogado recordó que la cursada llevó tres días en los que, incluso, fueron obligados a adentrarse al agua por las noches. “Pudimos ver que en una ocasión, uno de los instructores, mientras daban las charlas, orinó a uno de los cursantes”, relató.

Pero los excesos no terminaron allí porque uno de los cursantes, tras caer al suelo, fue golpeado y le provocaron una fractura en el coxis. “Un montón de excesos en un período de tres días”, entendió y dijo que, tan solo 24 horas antes de la muerte de Mandagaray, “a uno de los chicos lo metieron en al agua y estuvo cerca de no poder salir. Lo ayudó uno de sus compañeros”.

Torres aseguró que la metodología aplicada no forma parte de los usos y costumbres de la Policía. Explicó que la exigencia física puede ser un elemento para este tipo de grupos especiales pero “esto fue algo distinto, a tal punto que lo que estaba planificado como curso no era lo que ocurrió acá”.

Ahora el análisis de la causa contemplará si se trató de un homicidio culposo (entre 2 y 6 años de pena) o un delito doloso con dolo eventual (de 8 a 25 años de pena). En el primer caso se trataría de un acto que pudo haber evitado pero sin intencionalidad de que nunca ocurriera. El segundo análisis establece que si bien representaron la posibilidad de que esto pasara,  no les importó que se diera el resultado.

“Es difícil pensar en un dolo eventual aunque hay elementos que nos podrían llevar”, explicó aunque no dejó de lado los excesos que fueron representados durante al recorrida y que llevan a pensar en algún abuso de autoridad.

Para Torres, en la muerte de Mandagaray también influyen el abuso de autoridad y la ausencia de controles para evitar el trágico desenlace.

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