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El problema del tráfico de armas que inunda la frontera entre México y Estados Unidos: un fenómeno difícil de detener

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El grave problema del tráfico de armas que inunda a México y Estados Unidos: un fenómeno no natural difícil de detener (Cuartoscuro) (© ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM/)

Hace unos meses, los medios dieron la noticia de un grupo de estadounidenses secuestrados y heridos -y, hasta uno de ellos, asesinado- en Tamaulipas, México.

Este episodio cobró rápida relevancia por la rareza de su naturaleza ya que los sujetos habían cruzado la frontera para realizarse un procedimiento cosmético médico. Inclusive, la propia banda detrás del crimen reconoció su “error” en este caso.

Pero lo cierto, es que estos grupos delictivos operan a diario con total impunidad gracias a un esquema que les permite moverse con facilidad y hacerse con todos los recursos que necesitan para sus crímenes.

Una de las aristas fundamentales de este negocio es el tráfico de armas, que cada vez más tiene vínculos con el sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas.

Un AK-47 en una convención de la Asociación de Armas de Estados Unidos en Texas (REUTERS/Callaghan O'Hare)
Un AK-47 en una convención de la Asociación de Armas de Estados Unidos en Texas (REUTERS/Callaghan O’Hare) (CALLAGHAN O’HARE/)

Los envíos de armas ilegales a través del Río Bravo representan un grave problema para ambos países que se ven avasallados por sus consecuencias e inundados por la alta tasa de criminalidad, en lo que podría considerarse, irónicamente, un fenómeno para nada natural.

México cuenta en todo su territorio con una sola armería, en Ciudad de México, que solicita a los compradores siete tipos de documentación, antecedentes penales y hasta prueba de su empleador antes de entregarles las armas, en una ventana de meses en la que se verifican todos los datos.

Sin embargo, los delincuentes mexicanos parecen no estar dispuestos a esperar tanto tiempo y cumplir con semejantes formalidades. Entre 2007 y 2021, 192.000 armas incautadas por las fuerzas de seguridad mexicanas resultaron ser de fabricación estadounidense. Inclusive, se cree que esto es tan sólo la punta del iceberg y que la suma total de armas contrabandeadas por año podría superar las 200.000.

Se cree que la suma total de armas contrabandeadas por año de Estados Unidos a México podría superar las 200.000 (EFE)
Se cree que la suma total de armas contrabandeadas por año de Estados Unidos a México podría superar las 200.000 (EFE) (JOHNNY PARRA/)

Esto no es una novedad para ninguno de los Ejecutivos a ambos lados del curso de agua; data de décadas de ineficiencia en las políticas públicas que no han logrado dar una respuesta efectiva al crimen organizado y sus derivaciones.

Esto sólo llevó a un empeoramiento de la situación, por lo que el tema escaló a lo más alto de la agenda bilateral y hasta derivó en denuncias por negligencia a empresas de armas estadounidenses.

Tanto la Casa Blanca como el Palacio Nacional han dejado en claro que su prioridad es “detener el tráfico de armas” y “reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales” que, a su vez, ha encontrado en Estados Unidos un importante mercado para el fentanilo.

En 2021 se alcanzó un nuevo récord de muertes por sobredosis en el país, contabilizándose 107.000 víctimas, de las cuales 71.000 tenían trazas de esta droga en sus organismos. Esto acompañó el segundo récord, de 2.000 kilos incautados de esta sustancia, en el primer trimestre de este año.

Asistentes a una convención de armas en Houston (REUTERS/Shannon Stapleton)
Asistentes a una convención de armas en Houston (REUTERS/Shannon Stapleton) (SHANNON STAPLETON/)

Varios legisladores republicanos han pedido que el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y cualquier otro que opere en territorio mexicano y cruce la frontera sur sea declarado grupo terrorista y pueda ser perseguido por el Ejército estadounidense.

Dos de los principales voceros de esta iniciativa fueron Dan Crenshaw y Mike Waltz -de Texas y Florida-, quienes en enero aseguraron que “los cárteles están en guerra con nosotros, envenenando a más de 80.000 estadounidenses con fentanilo cada año, creando una crisis en nuestra frontera y convirtiendo a México en un narcoestado fallido. Es hora de que nos dirijamos directamente a ellos”.

Como primer paso de esta lucha, las autoridades necesitan una victoria sobre este “río de hierro” y ello sólo puede implicar su drenaje.

El trabajo debe realizarse a la par, en ambas orillas. Además de perseguir a los criminales, Washington debe arremeter contra las ferias irregulares de vendedores de armas que, sólo en Dallas, suman 700 puestos. Allí, si bien hay comerciantes autorizados, hay una gran cantidad de distribuidores privados que, por el contrario, ofrecen sus productos “sin impuestos, sin papeleo, por la puerta”.

Fentanilo arcoíris CJNG CDS EEUU DEA (Foto: DEA)
Mientras Estados Unidos envía armas a México, los cárteles inundan sus ciudades de fentanilo (DEA)

Esta tarea no es sencilla ya que entra en juego la laguna legal que contempla la compraventa de armas de colección entre aficionados, y de la que muchos se aprovechan y abusan para hacerse con grandes cantidades de estos artículos.

Sin embargo, la implementación de una comprobación universal de antecedentes en cada transacción podría ser de gran utilidad como primer paso en esta lucha. Inclusive, lejos de lo que podría llegar a pensarse, encuestas del último año de Morning Consult y Político, expusieron que un 88% de la población estadounidense está a favor de la medida y sólo un 8% se opone a ella.

Otra posible vía es la persecución a los testaferros que adquieren armas en nombre de los cárteles -incluso por bajas sumas de dinero- dado que la Justicia suele ser blanda en estos casos. Muchos de ellos aseguraron haber obtenido la libertad condicional simplemente mintiendo en los formularios.

Para hacerle frente a esta cuestión, Estados Unidos podría valerse de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras aprobada en junio de 2022, que endurece las penas y eleva hasta los 15 años la condena de cárcel para estos delincuentes.

El único tema, entonces, sería lograr una correcta aplicación de la ley.

(Foto: EFE)
Otro aspecto clave es la persecución a los testaferros que compran armas para los narcos mexicanos (EFE)

Hay un tercer obstáculo que las autoridades aún deben afrontar: se trata de la venta de “armas fantasma”, cuya popularidad ha escalado el último tiempo y que, tal como su nombre sugiere, es difícil de seguir.

Ante los avances de la policía sobre las ventas irregulares, los delincuentes se han visto obligados a reacondicionar su negocio para poder continuar operando. Para ello, montaron modestos talleres en los que fabrican armas caseras no serializadas y que son montadas a partir de kits que se adquieren fácilmente por Internet.

Esta práctica mantiene fuera del sistema a estas armas -por lo que es imposible calcular una cifra exacta de cuántas se han producido ya- pero que, en base a operativos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en California ya constituye el 30% de las circulantes por las calles.

Ahora bien, esto no tendría tal popularidad de no haber, del otro lado, ansiosos clientes deseando adquirirlas.

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Ya abordadas las tareas a realizar por la administración de Joe Biden, cabe analizar el escenario en la otra orilla del río, donde gobierna Andrés Manuel López Obrador.

A los cárteles mexicanos también les gustan los fantasmas. Golpes a los cárteles que datan de 2014 ya exponían el uso de estas armas junto con otras de mayor calibre y que dan cuenta de otro grave problema.

Muchas veces estas bandas optan por manejarse con armas de fuego de munición más pesada -de calibre .50-, utilizada en ametralladoras militares.

Estos artículos tan preciados para los narcos les permiten perforar el metal de las patrullas de la policía y hasta dejar inutilizable el motor de un barco grande.

Lo curioso es cómo logran hacerse con ellas si en Estados Unidos este negocio es muy poco rentable ya que cada una de ellas cuesta más de USD 8.000 y no son fáciles de conseguir.

AMLO en conferencia
López Obrador debe afrontar que tiene traidores entre sus propias filas (Cuartoscuro)

Es entonces que entra en juego la responsabilidad de López Obrador, quien debe afrontar traidores entre sus propias filas: muchas veces, las fuerzas de seguridad mismas son las que venden sus armas.

Luego de que tropas federales tomaran la base de la policía en Acapulco en 2018 se descubrió que faltaban 342 armas, el 19% de su arsenal. Sumado a esto, el Departamento de Defensa informó que entre 2006 y 2018, 15.592 armas propiedad de policías y soldados fueron reportadas desaparecidas.

Mientras las narcobandas aplican sus maniobras y se reinventan con tal facilidad, los índices de violencia y muerte en México y Estados Unidos sólo aumentan.

En 2022, México registró más de 30.000 asesinatos, el 70% de ellos por armas de fuego, y decenas de ciudades están bajo control de los cárteles.

A la par, Estados Unidos teme por la vida de sus ciudadanos que, en el país mueren cada vez más por sobredosis de fentanilo y, al cruzar la frontera, son perseguidos y asesinados por las bandas a las que proveen.

En el medio están los refugiados, que huyen de un país al otro, con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre, pero tampoco son bien recibidos ni llegan a la tierra de las oportunidades con la que tanto sueñan.

El tiempo corre y las consecuencias son cada vez peores: las autoridades necesitan coordinar sus esfuerzos para dar una respuesta efectiva y contundente a estos grupos y pongan fin a la violencia.

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El Estado pagará u$s 5.342M a las cajas paraestatales en “compensación” por la transición al régimen mixto

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12 de julio 2024 – 12:51

Los trabajadores que ingresan al mercado laboral deben transferir un 5% de sus aportes a las AFAP, ingresos que el Estado cubrirá hasta por 40 años.

Foto: Teledoce

El Estado uruguayo deberá transferir más 5.000 millones de dólares en las próximas décadas a las cajas paraestatales a partir de la reforma de la seguridad social y establecimiento obligatorio del sistema mixto de jubilaciones, en forma de un “financiamiento de la transición”.

Las cajas paraestatales no atraviesan buenos momentos, aunque algunas permanecen en situaciones más críticas que otras, como es el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), por ejemplo. Por lo que, cuando la reforma de la seguridad social votada en 2023 e implementada desde agosto pasado estableció que todos los trabajadores que se incorporen al mercado laboral deben destinar el 5% de sus aportes personales a una AFAP, preocupó cómo este desvío de transferencias antes netamente destinadas a las cajas podría afectar a las instituciones en cuestión.

Ante este problema, se incluyó en el texto legal un “financiamiento de la transición” del pasaje de estos afiliados al régimen mixto, tal y como consignó el semanario Búsqueda. Éste consiste en una “compensación por la reducción de ingresos asociada a la transición” por parte de Rentas Generales, por un monto equivalente al de las transferencias realizadas por cada una de estas entidades al Banco de Previsión Social (BPS) y que tienen como destino a las cuentas de ahorro personal obligatorio de los afiliados.

El período previsto para este financiamiento es de 30 años que pueden ser extendidos por otros 10, según la situación financiera de cada caja paraestatal. Si se consideran los 40 años en total, el “flujo de aportes hacia las cuentas de ahorro individual” totalizaría unos 5.342 millones de dólares, según estimaciones que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento en el marco de la discusión de la reforma. En este cálculo también está incluida la Caja Notarial, a pesar de que quedó por fuera de la obligatoriedad de aportes a la AFAP, aunque su incidencia en el costo final “no es significativa”.

Asimismo, el flujo de los aportes va en aumento desde las transferencias en 2024, por 2,2 millones de dólares, hasta las de 2063 por 269 millones de dólares, según estos cálculos.

Las críticas a las transferencias del Estado

Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), en tanto, criticaron fuertemente este artículo “profundamente regresivo” de la reforma de la seguridad social. Según Adolfo Bertoni, histórico dirigente sindical de la ATSS y partidario del plebiscito del PIT-CNT que se votará en octubre, la ciudadanía estará financiando a las AFAP a través de sus impuestos.

“Es regresivo, porque Rentas Generales (es decir, todo el pueblo uruguayo) va a ‘subsidiar’ o ‘compensar’ el fortalecimiento de la AFAP en el régimen jubilatorio de las cajas paraestatales, y a darle sostenibilidad financiera a las propias cajas. Es decir, es una transferencia de los que tienen menos a los que les va mejor o bastante mejor”, opinó el sindicalista.

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Luis Lacalle Pou refuerza el eje conservador de la región con encuentros con Javier Milei y Santiago Peña

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El presidente Luis Lacalle Pou reforzará, las próximas semanas, la buena sintonía con dos gobiernos clave de la región, el del libertario Javier Milei en Argentina, y el del conservador Santiago Peña en Paraguay, con varios encuentros con sus pares.

Más allá de la dura consideración que el presidente de la República tuvo con Milei por su faltazo a la cumbre del Mercosur el lunes en Asunción, las relaciones entre el Ejecutivo y Buenos Aires son las mejores en muchos años.

A dos grandes triunfos para la administración de Lacalle Pou –el dragado a 14 metros en el Puerto de Montevideo y el acuerdo de cielos abiertos- se suma la afinidad en varios puntos ideológicos entre el mandatario y su par argentino.

Esa comodidad es la que ha permitido también que el Presidente nutra aún más su relación con el empresariado argentino -siempre admirador de la institucionalidad uruguaya- con sendas participaciones este año en foros como el de Llao Llao, organizado por el llamado Círculo Rojo, y la cena anual de Fundación Libertad, el think tank liberal vinculado al macrismo.

Los cruces del Río de La Plata se están volviendo frecuentes de la mano del entendimiento entre los dos gobiernos. Lacalle Pou regresará a Buenos Aires el miércoles para la conmemoración del 30 aniversario del atentado a la mutual judía de la AMIA y once días después lo hará para la inauguración de la tradicional Exposición Rural en Palermo, donde estará acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

En ambo casos, coincidirá con Milei y con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, con quien el presidente de la República ha construido buenos lazos personales y bilaterales también será de la partida.

Se espera, además, que los tres presidentes, cercanos por sus ideas sobre la actividad privada y el libre mercado, aunque con disensos sobre el rol del Estado, coincidan en París con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Los encuentros de Lacalle Pou con Milei, no obstante, siguen manteniéndose informales, puesto que aún no se ha logrado concentrar un encuentro bilateral entre ambos mandatarios. El libertario argentino realizó esta semana su primer viaje a un país de la región, eligiendo a Brasil como destino para una reunión con el expresidente Jair Bolsonaro.

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La reestructuración de deudas busca ser “una solución y no un parche”, aseguró Bárbara Mainzer

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El problema del sobreendeudamiento de los uruguayos viene estando sobre la mesa del debate desde hace meses, principalmente de la mano del plebiscito por una deuda justa que busca lograr Cabildo Abierto, ya para las elecciones departamentales. Sin embargo, la novedad más reciente y significativa fue el anuncio del lanzamiento de un programa voluntario de refinanciamiento por parte de los principales bancos, administradoras de créditos y estudios de cobranza del país. “Es una solución crediticia para 786.302 personas, una oportunidad para que puedan refinanciar en condiciones extraordinarias y recuperen el crédito”, explicó la directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer.

Más de 780.000 personas no es un número para nada menor, y es la población más vulnerable, calificada en categoría 5 o como deudor irrecuperable, que desde el jueves puede acceder a un plan de refinanciamiento de su deuda —en créditos de consumo— en cuotas y sin considerar en el monto a pagar los recargos y multas aplicados por el atraso de los compromisos; es decir, solo el préstamo original. Los montos menores a 5.000 pesos, incluso, podrían ser completamente condonados.

“Este es un ejemplo de coordinación extraordinario, porque si mirás crisis anteriores, uno de los grandes problemas era la falta de coordinación entre los bancos y los deudores”, destacó Mainzer en diálogo con Radio Carve, haciendo especial énfasis en el trabajo entre el sector privado y el sector público, con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Buscamos una solución que atienda a la población más vulnerable, que no comprometa el orden jurídico y respete los balances de las instituciones financieras. Porque el presidente del Banco Central lo decía: resolver un problema ahora para complicar el crédito mañana no es una buena solución”, añadió.

Para Mainzer, los uruguayos tienen la oportunidad de recuperar el crédito, lo que no es un tema menor, por lo que instó a aprovechar la oportunidad de “pagar en condiciones excepcionales” que solo estará disponible por cuatro meses —hasta el 15 de noviembre—, y a la cual, durante julio, solo se podrá acceder a través de la página web soluciondeuda.com.uy.

“Hay una preocupación constante por el tema de los deudores, porque ¿de qué estamos hablando? De personas que tomaron un crédito con la vocación y la voluntad de pagarlo, y un evento inesperado hizo que no pudieran abordar esos pagos. Pero no son fáciles las soluciones. Desde el lado de la industria y con un rol clave del Banco Central y el Ministerio de Economía como coordinadores, más y más empresas de la industria se sumaron a la iniciativa, por un lado; y por otro lado, lo estamos combinando con otras iniciativas para que esto sea una solución y la gente no reincida y pueda afrontar sus compromisos”, explicó Maizer, describiendo la propuesta sobre tres ejes: “coordinación pública-privada, trabajo para focalizar esto en la población más vulnerable, y medidas adicionales para que esto sea una solución y no un parche”.

¿Se puede mejorar la calificación crediticia?

Según señaló la directora de APBU, el programa voluntario de refinanciación supone, también la posibilidad de que las personas que comiencen a pagar sus deudas mejoren, en paralelo, su calificación crediticia, para abrir así la posibilidad de volver a tomar crédito en el futuro. Así, a partir del 15% del pago de la deuda refinanciada —en cuotas y sin recargos—, ya comienza a limpiarse el historial, y “si se extingue la deuda, esa marca deja de estar”, aseguró.

Sin embargo, desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), insistieron en que el pago de las deudas no cambiará la situación de las personas que están en el Clearing de Informes. “Este es un registro del Banco Central y que básicamente se aplica para el sistema financiero. No implica que la gente sea cambiada de categoría en el Clearing de Informes, de hecho, este es una empresa privada que le brinda servicios a los clientes, y que califica a los uruguayos por su capacidad de pago. Estas medidas podrán cambiarle un poco la categoría, pero no lo van a sacar, porque es un historial de como se comporta el ciudadano en cuanto a sus deudas”, apuntó Pablo Andrade, consejero del sindicato, a Radio Carve.

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