El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro anunció días atrás, un sondeo dirigido a estudiantes, docentes y familias, con el objetivo de recoger opiniones sobre el sistema educativo y evaluar posibles modificaciones a la Ley Orgánica de Educación. La iniciativa, promovida por el gobernador de la provincia, pretende generar un espacio participativo y democrático para debatir el futuro de la educación. Sin embargo, la propuesta suscitó críticas, principalmente de la legisladora y presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, Daniela Agostino.
Agostino, en declaraciones al programa Engranaje de Radio Seis, expresó su sorpresa y desacuerdo ante el sondeo. “La Ley de Educación actual es muy buena, solo hay que implementarla bien”, señaló, haciendo énfasis en que la normativa vigente se construyó a partir de un proceso participativo en 2012 que involucró a diversos actores sociales, incluyendo gremios, equipos técnicos y la Legislatura. La legisladora cuestionó la falta de claridad en torno a los motivos para modificar la ley, afirmando que “fue una construcción colectiva” y criticando la falta de acciones de seguimiento previstas en el marco normativo.
La ministra de Educación, Patricia Campos, en entrevista con Primera Mañana de Radio Seis, defendió la consulta como una herramienta clave para asegurar que las políticas educativas reflejen las necesidades y expectativas de la sociedad. Según Campos, la consulta busca “escuchar y dar espacio a todas las voces” dentro del sistema educativo, y es una respuesta a las demandas ciudadanas de mayor participación en la toma de decisiones.
No obstante, Agostino advirtió que ya existen mecanismos dentro de la ley para garantizar la revisión y mejora continua del sistema educativo. “Quieren modificar una ley que nos costó mucho tiempo hacer, pero que, además, dentro del articulado la ley se regula a sí misma en ese sentido”, subrayó. Según la legisladora, la normativa contempla la elaboración de informes periódicos, la entrega de los mismos a la Defensoría del Pueblo y la Legislatura, y la creación de un observatorio para asegurar la igualdad y calidad educativa. “No se hizo nada de eso”, lamentó.
El debate en torno al sondeo y la revisión de la ley refleja la tensión entre la necesidad de adaptarse a los cambios en el contexto educativo y la defensa de un marco legal considerado por algunos como suficientemente robusto.
