La Asamblea del Tribunal Penal Internacional (TPI), órgano legislativo y de supervisión en el que están representados los Estados que integran el tribunal, ha solicitado una investigación externa sobre el presunto comportamiento inadecuado del fiscal jefe de la corte, Karim Khan. El jurista británico ha negado los hechos y ha asegurado que colaborará en el proceso desde su puesto. Según la información publicada por medios británicos y estadounidenses, el caso guarda relación con un supuesto acoso sexual por parte del fiscal a una compañera de trabajo. El anuncio de las indagaciones se produce en medio del intenso escrutinio al que está sometido el TPI después de que Khan pidiera a los jueces que lanzasen órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres líderes de Hamás que Israel considera muertos.
El tribunal ya ha realizado una investigación interna sobre el asunto. En octubre pasado, el fiscal pidió al Mecanismo de Supervisión Independiente (IOM, en sus siglas inglesas) del TPI que abriera de inmediato una investigación sobre su señalamiento por supuesta conducta indebida. “Cooperaré plenamente”, aseguró en un mensaje en la red social X. Khan también dijo que había trabajado “en diversos contextos durante 30 años” y nunca nadie había presentado una queja de este tipo.
El IOM realiza inspecciones y evaluaciones además de investigaciones internas del tribunal. Las denuncias por fraude o comportamiento inadecuado en relación con el personal son confidenciales. “Tras hablar con la interesada y ante la falta de denuncia formal por su parte, no se siguió adelante”, según la Asamblea del TPI. En el comunicado donde anuncian la actual investigación se reconocen las “circunstancias particulares de este caso, incluida la perspectiva centrada en la víctima”.
La ausencia de denuncia de la mujer puede responder a varios factores. Entre ellos, una falta de confianza en el procedimiento o bien en los miembros del IOM. Su próximo director puede ser una figura cercana al fiscal, y para evitar posibles conflictos de intereses, la misma nota subraya que se recurre “excepcionalmente” a indagar el asunto con expertos externos. En una declaración emitida la semana pasada, Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea, afirmó que “cualquier denuncia de conducta indebida es tomada muy en serio”.
Mientras dure la investigación, Khan ha dicho que sus dos fiscales adjuntos se encargarán de todo lo relacionado con este asunto. “A petición mía, un grupo de coordinación que no depende de mí ya ha asumido la responsabilidad de abordar estas cuestiones”, ha indicado.
Khan, de 54 años, es un jurista británico, de padre paquistaní y madre británica, está casado y ha sido tanto abogado defensor como fiscal en la justicia internacional. En 2018, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, lo nombró jefe del equipo encargado de investigar los crímenes cometidos por el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) en Irak. En 2021, fue elegido fiscal jefe del TPI para un periodo de nueve años. Desde entonces, ha estado al frente de casos con grandes repercusiones políticas, como las investigaciones a ambos bandos en la guerra de Ucrania. Además de negar veracidad alguna a las alegaciones sobre su conducta, ha advertido de que tanto él como el TPI “afrontan una amplia serie de ataques y amenazas debido a los casos en curso”.
En mayo pasado, Khan pidió a los jueces que emitieran órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por el conflicto en Oriente Próximo. El fiscal tenía motivos razonables para creer en su responsabilidad por crímenes de guerra y contra la humanidad desde el 7 de octubre. Ese día, Hamás y otras milicias palestinas mataron a alrededor de 1.200 personas en territorio israelí y secuestraron a 250. La solicitud de arrestos del fiscal incluía a tres líderes de Hamás, que el Gobierno de Israel considera muertos en ataques de su Ejército. Son Yahiya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh.
A principios de este año, el rotativo británico The Guardian reveló que las agencias de inteligencia israelíes habían llevado a cabo una campaña de una década contra el TPI, que incluía amenazas e intentos de desprestigiar a altos cargos.
En 2023, el TPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios a Rusia. Es un crimen de guerra por el que también se busca a María Lvova-Belova, comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños. Tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, los jueces consideraron que “había fundamentos razonables para sostener la responsabilidad de ambos”. El TPI solo juzga a los máximos responsables de los mayores delitos de la justicia internacional, y la orden contra Putin —un presidente en activo— supuso un punto de inflexión.
