El tribunal integrado por Gregor Joos, Marcelo Álvarez Melinger y Marcos Burgos escuchó los planteos de las partes y pese a no existir controversias se tomó hasta el próximo miércoles para dar a conocer su decisión. Fiscalía y defensa pidieron que todas las condenas de Juan Pablo Vera se unifiquen en la pena única de 19 años y 6 meses de prisión. Terminada la audiencia el Ministerio Público informó que solicitó que se deje sin efecto su pedido y que se fije fecha para un nuevo planteo de unificación.

Juan Pablo Vera cumple condena alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma. Desde hace un tiempo no tiene más posibilidades de acceder a una prisión domiciliaria, como ya ocurrió en el pasado, precisamente porque estando en esa condición engrosó notablemente su historial delictivo, transgrediendo el control de los dispositivos de monitoreo electrónico que le habían instalado. Arrastraba una pena de 16 años (comprensiva de dos condenas previas) y en el último tiempo recibió otras dos sentencias a 1 y 14 años de prisión.

Este mediodía, la fiscala jefa Betiana Cendón y la defensora oficial Blanca Alderete se presentaron ante el tribunal para pedir la unificación de todas las condenas de Vera, en una pena única. Ello a partir de que las últimas dos condenas impuestas quedaron firmes.

Al hacerlo, ambas letradas valoraron la colaboración de Vera para la resolución rápida de los dos legajos, que se resolvieron por aplicación de juicios abreviados en los que reconoció su culpabilidad. Además, enfatizaron en el estado de salud del detenido, afectada por diversas dolencias y secuelas de su historial contrario a la ley.

El año pasado, Vera fue condenado por un hecho que cometió mientras estaba alojado en el Penal 3 de Bariloche. Sumó un año de prisión efectiva por amenazar a un testigo clave, en una causa que por entonces estaba en trámite y que finalmente acabó con una condena a 14 años de prisión: era un testigo clave en el caso por el crimen de Rodrigo Navarro.

Vera, en silla de ruedas desde su juventud, había sido beneficiado con prisión domiciliaria tiempo antes, mientras permanecía privado de su libertad en cumplimiento de otras dos  condenas previas, que a su vez, ya habían sido unificadas en 16 años de prisión.

Las dos últimas condenas que recibió, debían unificarse en una pena única con la que ya arrastraba, para que el Juzgado de Ejecución Penal considerando la fecha en la que fue detenido, pueda efectuar el cómputo de la pena y así establecer las sucesivas etapas del tratamiento penitenciario y las fechas en las que podrá empezar a acceder a los beneficios previstos por la legislación, o inclusive su libertad.

Durante el desarrollo de la audiencia, las partes mencionaron que Vera está detenido desde el año 2014, pero él mismo intervino pese a la dificultad que tiene para hablar producto de una traqueotomía y aseguró que está privado de libertad desde el año 2012.

La justicia argentina se encuentra inmersa en una exhaustiva investigación sobre un complejo entramado de tráfico de bebés y explotación de mujeres gestantes. Esta red criminal ha sido acusada de operar a nivel trasnacional, captando a mujeres en situación de vulnerabilidad para que actúen como gestantes subrogadas. Tras el nacimiento, estos niños son entregados a comitentes, muchos de ellos de nacionalidad extranjera.

El caso, que ha sacudido a diversas instituciones, desde clínicas de fertilidad hasta estudios notariales, implica una elaborada logística que busca eludir las leyes nacionales e internacionales. En el centro del proceso se encuentran cuatro centros de fertilidad en Buenos Aires y Rosario, que brindaron tratamientos de inseminación artificial y manejo integral de los embarazos subrogados. La falta de una regulación efectiva en Argentina ha facilitado la perpetuación y expansión de estas prácticas ilegales.

Los acusados promocionaban a nivel internacional un particular “Programa Argentina” que contemplaba desde la elección de la gestante hasta el mismo alumbramiento. A cambio de una tarifa de 50,000 dólares, los clientes aseguraban la llegada de un bebé sin la necesidad de esperar los generalmente largos y complejos procesos de adopción. Las mujeres gestantes reclutadas, por su parte, recibían modestos pagos, entre 10,000 y 12,000 dólares, que apenas compensaban el riesgo físico y emocional al que se enfrentaban.

Entre las operaciones desarticuladas se han identificado incluso casos en los que los acuerdos notariales fueron basados en declaraciones falsas, constituyendo un claro delito contra la fe pública. El caso 1, en el cual se descubrió que una bebé nacida en Argentina fue llevada hasta Alemania por una mujer sin vínculo alguno con el recién nacido, ha sido una de las precuelas para el despliegue de esta compleja but C á investigación.

La Fiscalía sostiene que el trasfondo económico de estos actos ilegales era evidente: cuantiosas ganancias derivadas de la explotación de las mujeres y la transacción ilegal de seres humanos. Adicionalmente, se pone en juego la dignidad y los derechos de los recién nacidos, alinear tales transacciones con situaciones de servidumbre o esclavitud. 

Cabe mencionar que, la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy se homologó acuerdo pleno de juicio abreviado para dos personas y suspensión de juicio a prueba para una tercera, por robos. El juez de Juicio Juan Martín Arroyo condenó a José Alejandro Vega la pena de un año y 6 meses de prisión efectiva, a Gonzalo Federico Maese a la pena de dos años de prisión efectiva, porque concurren dos hechos de su autoridad. Ambos registran antecedentes penales.   

Lee también: Reportan avalanchas masivas y “gigantescas” en cerros de Bariloche

En cuanto a la tercera persona involucrada, Nemecio Javier Lauraña se acordó su incorporación al instituto de la suspensión de juicio a prueba, por el plazo de un año y seis meses con imposición de pautas de conducta, las que incluyen horas de trabajo en una institución. pública y reparación económica.

Lee también: Impactante accidente en la entrada a Bariloche entre una camioneta y un camión

En audiencia realizada hoy la Fiscal Sofía Ocampo y los defensores particulares Mauro Lezcano y Estanislao Cazaux presentaron ante el juez el acuerdo pleno arribado. 

El primer hecho ocurrió en el sector de estacionamiento del establecimiento gastronómico “Altos del Fuego”, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Se apoderaron de manera ilegítima de una valija color negra, que contenía botellas de vino argentino. 

Para ello forzaron la cerradura de un vehículo Renault Sandero color blanco que se encontraba estacionado sin ocupantes en la playa de estacionamiento. 
La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Otro de los hechos imputados ocurrió el 9 de diciembre de 2023, cuando previo forzar la cerradura del baúl del vehículo de alquiler marca Renault Logan, color blanco, intentaron apoderarse de los elementos que había en su interior, sin poder lograr su cometido, se dieron a la fuga por calle Mitre en dirección a Otto Goedecke, siendo aprehendidos por personal policial instantes después.