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Escándalo por contrabando de madera en Nahuel Huapi

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El diario capitalino adjudicó el delito a Federico Hube, quien, por entonces, era cónsul argentino en Puerto Montt y pilar de la empresa Hube & Achelis. El acusado se defendió con uñas y dientes.

La mecha de la polémica la encendió en la lejana Buenos Aires el diario La Nación. El título del artículo -que fechó el 29 de junio de 1901- era explosivo: “Explotación fraudulenta de bosques”. El fraude se llevaba a cabo en “una de las islas más grandes del lago Nahuel Huapi” y, para el medio capitalino, tenía un responsable directo: “el cónsul argentino acreditado en Puerto Montt”. Se trataba de Federico Hube, socio fundamental en la empresa Hube y Achelis. La denuncia incluía prácticas de contrabando hacia Chile.

El tráfico de maderas hacia el vecino país fue “negado por los pobladores de renombre de la región y silenciado por los sectores subalternos”, es decir, los trabajadores a cargo de los empresarios involucrados. La historiadora Laura Méndez abordó el episodio porque “permite analizar la industria maderera, tanto en el Nahuel Huapi como en el sur chileno, así como entrever las vinculaciones existentes entre los poderes políticos y las actividades económicas al inicio del siglo XX”.

La aseveración puede leerse en “Estado, frontera y turismo. Historia de San Carlos de Bariloche” (Prometeo Libros – 2010). Pero volvamos al artículo de La Nación, el que aseveraba que “ha sido descubierta una gran defraudación de bosques. Las maderas son cortadas sin contrato ni autorización previa, como lo ordena la ley nacional; y toda la madera procedente de estos cortes fraudulentos va a ser vendida a los pobladores de la vecindad y de la colonia Roca o transportada a Chile, tomando la vía de Puerto Bleak (sic), Río Palena y Puerto Montt”. Suponemos que el cronista se refería a Puerto Blest, lugar por el que transitaba el comercio interandino a comienzos del siglo XX.

Las “explotaciones clandestinas de bosques” se llevaban a cabo “en las inmediaciones del lago Nahuel Huapi y Río Frío, y en la Isla Grande”. Interpretamos que en la Victoria… El “tráfico delictuoso” se hacía a través de “un vapor que lleva bandera alemana y algunas chatas. El hecho ha sido denunciado al Ministerio de Agricultura”, completaba el matutino de Buenos Aires.

Según Méndez, “la respuesta del lado chileno a estas denuncias fue la reacción airada y la defensa incondicional de las acciones de la acusada”, es decir, la empresa Hube y Achelis.
El propio involucrado, Federico Hube, respondió a través de una nota que envió al cónsul general de la Argentina en Chile, con sede en Valparaíso. Entre otras cosas, argumentaba: “[…] las veinte y tantas mil tablas de alerce que la casa Hube y Achelis tiene en el Nahuel Huapi no son contrabando, ni su adquisición y venta va encaminada a burlar derechos de nadie”.

¿Cuántos alerces hubo que voltear para confeccionar las 20 mil tablas? Por entonces, la faceta ambiental del asunto no preocupaba explícitamente a nadie. Es más, para Hube, “el objeto de estas tablas y su realización, no es otro que el cooperar en la medida de un deseo bueno y patriótico, al desarrollo de los colonos argentinos que necesitan de este artículo para el levantamiento de casas, establos, bodegas, etc.”

Más allá de la invocación a la patria, la réplica del empresario tenía asidero. A comienzos del siglo XX, “la madera se utilizaba para viviendas, corrales, cercos, puentes, rieles, embarcaciones, durmientes, moblajes, etc. Solo en 1911 se inauguró en San Carlos de Bariloche el almacén de ramos generales de la firma Lahusen, primer edificio construido en ladrillo entre un total de 200 construcciones, todas de madera”, estableció Méndez. La situación no había cambiado en mucho para 1917.

En su defensa, añadía Hube: “Más que a la casa de Hube & Achelis, que con la prohibición de venderlos y entregarlos a los colonos para sus necesidades casi en nada se perjudica, se perturba preferentemente el progreso y bienestar de las colonias argentinas, cuyos habitantes se ven privados de un elemento de primera necesidad”. En enero de 1902, el comisario inspector de la Policía que se ocupó del asunto aceptó el alegato de la empresa y decidió que se levantara un embargo sobre 22 mil piezas de madera que afectaba a la compañía.

Sin embargo, también comprobó que parte de la denuncia de La Nación tenía asidero, porque “comerciantes de origen chileno no radicados en la región del Gran Lago efectuaban regularmente cortes de madera sin autorización alguna y la comercializaban en la zona”, según la pesquisa de Méndez. Contrabandearla no hacía falta, porque en Chile la explotación maderera ya estaba muy desarrollada. No era negocio.

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