Este hecho se conoció tras una investigación realizada por el DiarioAR y otros proyectos periodísticos.
Cristian Ritondo, exdiputado del PRO, y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, enfrentan graves acusaciones tras ser denunciados en los tribunales federales de Comodoro Py. La denuncia, presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y asignada al juez Sebastián Ramos y al fiscal Eduardo Taiano, incluye presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes de funcionario público y violaciones al orden económico y financiero.
El caso surge tras una investigación conjunta entre elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Según el informe, Diago figura como beneficiaria en una red de sociedades offshore y estructuras complejas, incluyendo Goformore LLC y Sunstar Point, que operan en Florida y las Islas Vírgenes Británicas. A través de estas entidades, se adquirieron propiedades en el sur de Florida valuadas en más de 2,6 millones de dólares, algunas de ellas vinculadas con otros referentes del PRO.
Goformore LLC, creada en 2012 en Florida, compró en 2013 un departamento a Harbour House 1533 Corp., empresa presidida por Juan Alberto Pazo, exfuncionario del macrismo y actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Posteriormente, el inmueble fue vendido por un monto superior, y Diago dejó de figurar como representante de la compañía. No obstante, siguió vinculada a otras sociedades y fideicomisos, como Warwick Trust, que controla bienes en Estados Unidos.
La denuncia incluye análisis legales sobre la posible omisión de Ritondo en declarar estos bienes como parte del patrimonio familiar. El denunciante argumenta que, según las leyes argentinas, los bienes adquiridos durante el matrimonio forman parte de la sociedad conyugal, por lo que Ritondo no podía desconocer las operaciones de su esposa.
Además, se acusa al matrimonio de posible lavado de activos, dadas las complejas estructuras utilizadas para resguardar propiedades y evitar su rastreo. La fiscalía solicitó la citación de ambos para determinar el origen de los fondos utilizados en estas adquisiciones. Voceros de Ritondo se desligaron de las acusaciones, aunque no confirmaron si las propiedades y sociedades estaban debidamente declaradas.
La investigación sigue abierta y podría tener amplias repercusiones en el ámbito político y judicial argentino.
