Las autoridades de Defensa actuaron rápidamente tras recibir documentación reservada que indicaba un manejo poco claro de varios componentes destinados a la aviación militar.
Un escándalo de corrupción ha puesto en el ojo del huracán a la Dirección de Aviación del Ejército argentino, luego de que el Ministerio de Defensa detectara una serie de irregularidades en el manejo de repuestos y equipos del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601. Este batallón, ubicado en el estratégico complejo de Campo de Mayo, es ahora el foco de una intensa investigación que busca esclarecer los hechos.
Las autoridades de Defensa actuaron rápidamente tras recibir documentación reservada que indicaba un manejo poco claro de varios componentes destinados a la aviación militar. Entre las acciones denunciadas figura la donación no autorizada de motores de aeronaves Twin Otter a una institución educativa industrial, lo cual ha despertado grandes polémicas dado que dicho material no debería ser transferido sin los debidos procesos de control.
La cuestión se agrava con la aparición de un evento social que, aparentemente, se realizó sin el correspondiente registro presupuestario, al igual que una serie de contradicciones en documentos oficiales relacionados con la aviación militar. Estas anomalías han generado honda preocupación entre las filas del Ejército y han puesto en duda la transparencia en la gestión de insumos sensibles para la seguridad del país.
En cuanto a las implicancias además se encuentra la sospecha legal sobre remitos que, al parecer, cubrían entregas ficticias de repuestos, respaldadas por pagarés cuya legalidad está ahora mismo bajo la lupa de una auditoría interna.
Frente a la veracidad de las denuncias, el Estado Mayor General del Ejército no tardó en implementar cambios significativos. Se suspendieron 17 efectivos militares que estaban bajo la sombra del señalamiento y, como medida de salud ética interna, se relevó a un alto oficial de su mando. Estas decisiones, aunque necesarias, son parte de un proceso mayor de reestructuración necesario tras escándalos similares vividos recientemente, como la inculpación por extorsión a altos mandos del Ejército y la destitución de un jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de recursos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, ha subrayado la importancia de estas medidas para asegurar un manejo transparente y honesto de los recursos militares del país, una posición apoyada de forma explícita por la recién formada Oficina de Transparencia de Defensa.
