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Estafa con planes sociales en Neuquén: «esto no es político», dijo el defensor

-Al oponerse a la formulación de cargos del fiscal, usted dijo que Ricardo Soiza no tenía facultades para designar beneficiarios ni distribuir dinero, que eso lo hace el ministro. ¿Acá tendría que estar sentado como imputado el ministro?

-No, no, yo no dije eso, yo dije que la fiscalía tiene que investigar y averiguar quién tiene esas facultades.

-¿Si Soiza habla, cae hasta el gobernador?

-No, esto no tiene nada de político. Son todos inocentes, y lo vamos a demostrar.

Son las cuatro de la tarde, la audiencia terminó y Alfredo Cury, relajado y con una sonrisa, acepta responder dos preguntas de Río Negro. A las nueve de la mañana su temperamento era otro: consumió 40 minutos en tratar de impedir que el periodismo publique fotos y nombres de los imputados en una de las causas de mayor interés público de los últimos tiempos. Sólo uno de sus colegas, Hugo Hernández, no lo acompañó en el planteo: «nosotros (por él y su defendido) no tenemos nada que esconder».

El fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso a la censura previa y la jueza Estefanía Saulí también. «Las audiencias son orales y públicas, salvo en el caso de delitos sexuales y de menores de edad. El resto, tienen que ser puestas en conocimiento de la sociedad e impactan en el interés público», dijo la magistrada.

En sus fundamentos para rechazar la formulación de cargos, el defensor Cury se preguntó «¿quién es la víctima?». Indicó que ninguno de los beneficiarios de planes sociales había formulado una denuncia, «y en ninguna parte dice que no autorizaron a otras personas a extraer el dinero».

Cury, a quien se liga políticamente con el polifuncional del MPN Claudio Domínguez, defiende a la mayoría de los imputados, entre ellos los tres principales: Soiza, Marcos Osuna y Néstor Sanz. El resto es una mezcla de distintos sectores sociales, con domicilio en barrios populares, ninguno posee vehículos de lujo ni le han detectado al menos por ahora movimientos bancarios opulentos. Parecen las piezas menores de un engranaje más grande que quizá no comprenden o tienen naturalizado.

El abogado argumentó también que «los fondos eran de la administración pública hasta el momento que ingresaron en la cuenta bancaria de los beneficiarios. A partir de ahí, ese dinero ya no es de la administración pública. Es como cuando a usted le depositan el sueldo», agregó dirigiéndose a la jueza.

Respecto de Soiza, afirmó que «tenía facultades para dar altas y bajas» de los planes sociales, «pero no para conceder o disponer» de esos beneficios. «Los verbos son importantes», remarcó.

Negó la existencia de una asociación ilícita, también de una estafa en perjuicio de la administración pública, y de la utilización de la tarjeta de débito de personas vulnerables contra su voluntad. También se opuso al embargo de las propiedades bienes e inmuebles de sus defendidos.

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